Heriberto Pazos: mil posibilidades sobre un crimen

+ Impunidad y conflicto: ingredientes perfectos

El lugar común podría llevarnos a pensar que como buen sembrador de vientos, Heriberto Pazos Ortiz finalmente cosechó sus propias tempestades. Habiendo sido el líder absoluto de del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), tuvo también una historia llena de claroscuros, acusaciones y violencia, que siempre estuvo aderezada por sus relaciones —confesables o no— con el gobierno estatal en turno. De ahí que su ejecución, ocurrida el pasado sábado a plena luz del día, sea no sólo una señal inequívoca del resurgimiento de la brutalidad entre las comunidades triquis en conflicto, sino también una demostración implacable de cómo la impunidad es el ingrediente social más nocivo que existe en nuestro entorno.

A un hombre como Heriberto Pazos Ortiz, nunca le hicieron falta ni enemigo ni, seguramente, razones para ser ejecutado. Más allá de los postulados teóricos de la lucha social o indígena, es evidente que la fortaleza de organizaciones como el MULT, o la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) —sus rivales históricos—, e incluso la escisión de ese primer grupo, conocida como Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), siempre ha radicado en la manipulación de las necesidades y aspectos de marginación de las comunidades que representan, en el manejo electoral de los grupos indígenas, y en la corrupción que envolvió a la entrega de recursos económicos para supuestas obras de desarrollo comunitario, infraestructura y atención social, que finalmente terminaban, o terminan, en manos de los funcionarios y líderes involucrados, pero no de quienes verdaderamente lo necesitan ahí en las comunidades.

En esa dinámica, y no sólo en las “discordancias ancestrales”, es como debe entenderse el largo conflicto armado que existe en la región triqui. Independientemente de las pugnas históricas entre grupos étnicos, es evidente que la violencia que hoy prevalece en la zona tiene un origen distinto, que más bien se ubica en las organizaciones sociales, en los recursos económicos, en la manipulación política y los intereses electorales, en la guerra por el control territorial, y en la forma en cómo esos grupos fueron armados, violentados, azuzados y solapados por el propio gobierno.

Organizaciones sociales como las antes citadas, existen en todas las regiones y grupos étnicos en la entidad, sin que ello implique que en todos los casos las disputas deban ser a muerte, o que todo tenga que ser resuelto a través de la violencia. Particularmente, en el caso de la región triqui, las organizaciones sociales —como el MULT, MULTI y Ubisort— casi siempre han desdeñado las vías pacíficas, y han ejercido la brutalidad en la misma proporción de los intereses que se disputan. De ese tipo de prácticas se han valido por igual todos los líderes y organizaciones para obtener, mantener o arrebatar la administración de la pobreza y los cotos de poder que existen en la región triqui.

Por esa razón, siempre ha quedado claro para todos —menos para las organizaciones sociales y el gobierno, que deliberada y mañosamente se autoengañan— que los indígenas triquis continúan viviendo en la misma situación de miseria y marginación que desde hace décadas… o siglos. Pero que las organizaciones sociales son las que han crecido, se han desarrollado y ensanchado, y son las que se han convertido en las grandes beneficiarias —económica, social, política y hasta electoralmente hablando— de la explotación de la pobreza y el drama de la región en que emergieron.

¿CUÁNTOS ENEMIGOS?

Teniendo claro ese contexto, entonces tendríamos que hacernos esa pregunta en relación a un personaje como Heriberto Pazos Ortiz. ¿Cuántos enemigos podría tener un hombre que obtuvo y ejerció su poder siempre a través de caretas sociales, indígenas y democráticas, pero que ocultaban otros intereses relacionados con el poder, el dinero y las relaciones —no siempre afines, pero sí permanentes— con las esferas de gobierno, y en la que siempre se valió lo mismo del diálogo que de la presión social, e incluso recurrentemente de la violencia?

Desde hace meses la región triqui es un polvorín, que lejos de ser neutralizado o desactivado, ha sido alentado por el gobierno por acción y omisión. La creación del municipio autónomo de San Juan Copala fue, es cierto, un desafío al poder en turno, que sin embargo fue tomado como un motivo de pugna violenta, y no como un foco rojo que era necesario desarticular a través de acciones sociales concretas.

Copala, entonces, se convirtió en el pretexto para continuar con la añeja afrenta violenta entre comunidades y grupos de lucha social. De entonces a la fecha, la violencia se agudizó hasta llegar a niveles inusitados. Activistas, inocentes y dirigentes indígenas han sido asesinados en la más completa impunidad. Y en todo esto —raro que no fuera así—, el gobierno estatal ha estado más interesado en acusar a sus oponentes políticos y electorales, de manipulación y entrometimiento en un conflicto añejo en aras de enrarecerlo, enturbiar el panorama y fomentar la mala imagen del régimen, que en verdaderamente asumir los hechos con participación, y tomar acciones efectivas para desactivar la violencia.

Por eso hoy la zona triqui es, por completo, un sinónimo y un ejemplo de incertidumbre. Ahí nadie puede estar seguro, ni puede haber paz, y qué decir sobre las nulas posibilidades de que haya justicia. Si eso se combina con las confrontaciones y los agravios añejos entre las organizaciones, y se remata con la impunidad que prevalece en la entidad, lo que podía esperarse, en cualquier momento, es la ejecución libre de cualquier dirigente como Pazos Ortiz.

ADIÓS A LA PAZ

El gobierno, frente a todo ese panorama, debería hacer algo más que indignarse. Debía dejar de ser parte del conflicto, para convertirse en un factor de solución —cosa que, en las circunstancias actuales no ocurrirá. Del mismo modo, tendría que despegarse de la soberbia que lo lleva a suponer que es el centro del universo, y que por tanto todo lo que ocurre en el estado es para desprestigiarlo. Y al menos por una ocasión tendría que demostrar que sus promesas de justicia son algo más que mera demagogia. El drama real de los triquis va mucho más allá de Copala, del MULT y las demás organizaciones sociales. Pero lo real, y grave, es que la ejecución de Pazos aleja cualquier posibilidad de la paz y la concordia que tanto urgen en la zona.

Lorenzo San Pablo: paradigma impune del 2006

+ APPO y S-22: lucha vs régimen, sólo testimonial

Digan lo que digan los grupos involucrados, la única muerte directamente relacionada con el conflicto magisterial y popular de 2006, que no tiene, ni tendrá más explicación que la del ataque artero y desproporcionado de agentes estatales, y que es muestra total y vergonzosa de impunidad, es la de Lorenzo San Pablo Hernández.

En efecto, ayer domingo se cumplieron cuatro años de aquel homicidio, que presuntamente ocurrió a manos de efectivos policiacos estatales, en medio de un operativo que hasta ahora carece de explicación y fundamento. La realidad indica que no existe investigación ni justicia, en ese y todos los asuntos relacionados con la crisis magisterial. Pero, particularmente, el problema es que a casi un lustro de distancia, no sólo ha sido el gobierno de Oaxaca, sino también los grupos opositores, quienes han procurado la impunidad en ese homicidio que, por sus características, resulta ser un paradigma de aquella revuelta social, y sus componendas finales.

¿Por qué decir que el homicidio de Lorenzo San Pablo no tiene más explicación que el ataque desproporcionado y artero de las fuerzas del orden? Porque a pesar de su gravedad, diversas autoridades del gobierno estatal, aseguraron en su momento tener conocimiento —aunque ello no signifique que participación directa o capacidad de decisión y mando— de aquel “Operativo de limpieza de vialidades” que realizaron agentes de la entonces Policía Ministerial, Preventiva y Auxiliar del Gobierno del Estado, frente a la toma de estaciones de radio —ocurrida la mañana del 21 de agosto de 2006.

Aquel operativo, teóricamente, se justificó tanto en la ocupación de instalaciones radiofónicas por parte de los grupos inconforme, como en el cierre de algunas vialidades cercanas que éstos hicieron, para resguardar la toma de oficinas, equipos y antenas transmisoras de las estaciones. En sus argumentos de defensa, las autoridades estatales aseguraron que tal operativo se habría realizado para despejar las calles y brindar seguridad a la ciudadanía.

Lo cierto es que más allá de los dichos oficiales, ese operativo de limpieza de calles provocó un doble desastre: en su único día de funcionamiento, protagonizaron una balacera en la colonia Reforma, en calles aledañas a donde se ubican las instalaciones de la empresa Radio Publicidad de Oaxaca (RPO), que entonces estaba ya ocupada por el magisterio y la APPO, y cuya señal convirtieron en “La Ley del Pueblo”.

Fue un doble desastre, porque en esa operación cayó muerto de un disparo, sin explicación o justificación alguna, Lorenzo San Pablo; y porque fue nada menos que ese hecho lo que motivó que, a partir de entonces, los grupos inconformes invitaran a la población, a través de las señales radiofónicas, a instalar barricadas en todas las arterias viales que les fuera posible, precisamente para evitar la posibilidad de tránsito nocturno de lo que ellos, fundadamente, denominaron “Las caravanas de la muerte”.

El gobierno estatal, evidentemente, jamás tendría la voluntad política para iniciar investigaciones que involucraran a funcionarios de ese mismo régimen, tanto para esclarecer la muerte de Lorenzo San Pablo, como también para identificar la cadena de mando que dispuso aquel operativo de limpieza de calles, e imponerle las sanciones correspondientes.

Todos se centraron en defender o satanizar la instalación de barricadas. No se sabe si accidental o deliberadamente, tanto la Sección 22 como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, olvidaron tanto el hecho de sangre (la muerte de San Pablo) como la causa (las caravanas de la muerte) que desencadenó la instalación de las mismas; y nada le convenía más al propio gobierno, que mantener en silencio, y en el olvido, la verdadera razón por la que ellos fueron corresponsables de los bloqueos viales nocturnos que, durante varios meses, fueron los que impusieron ley en la capital oaxaqueña.

IMPUNIDAD CONVALIDADA

En ese olvido, aparentemente accidental o posiblemente deliberado, de toda la serie de hechos que fueron determinantes y que ocurrieron entre el 21 y 22 de agosto de 2006, tanto la Sección 22 como la APPO y demás grupos detractores del gobierno estatal, lo único que han hecho es convalidar por partida doble la impunidad que se ha procurado respecto a ese crimen.

Hasta ahora, las exigencias de justicia y los reproches por la inexistencia de una investigación seria sobre ese caso, han sido meramente testimoniales. Es cierto que este gobierno jamás tendrá la voluntad para indagarse e incriminarse a sí mismo. Pero también es evidente que fuera de la entidad, existen otras instancias nacionales e internacionales, a través de las cuales sí se podría exigir efectivamente justicia, e incluso presionar a todas las esferas gubernamentales involucradas a que investigaran ese hecho, que marca el capítulo más negro del conflicto magisterial, y de la actuación del gobierno estatal, en medio de los hechos del 2006.

A la Sección 22, la APPO y demás, les interesa mucho continuar en la escena pública, asegurando que exigirán juicios penales en contra de los funcionarios involucrados en los hechos de 2006, que dejarán sus cargos en el próximo mes de diciembre. Esa es una mera posición política, que sin embargo no cuenta con el verdadero interés de ser llevada a los hechos. Sólo buscan su decoro como frente de lucha política, pero no justicia efectiva para las banderas que ondean.

No buscan justicia efectiva, porque sólo conmemoran la muerte de San Pablo y de otras personas más que, a su juicio, murieron por causa del conflicto magisterial; pero esos grupos —que tienen los recursos, la legitimidad y la atención como para emprender acciones más contundentes— no han sido capaces de acudir con verdadera energía ante instancias internacionales de tutela de derechos humanos, o de justicia penal, para lograr la investigación y el esclarecimiento, al más alto nivel, de estos hechos. Con sus lamentos, sólo ayudan al gobierno a procurar su propia impunidad.

JUSTICIA RESTAURATIVA

Este día, la PGJE celebra el tercer aniversario de su Centro de Justicia Restaurativa. A través de éste, han buscado proveer mecanismos de vanguardia en la solución de conflictos entre particulares, a través del avenimiento y la mediación. Enhorabuena por la maestra en Derecho, Jhazibe Valencia de los Santos. Ojalá que, en esas tareas, sigan cosechando éxitos.

Árboles trozados en Centro Histórico: algo más que ecocidio

+ Descomposición social real: en ese hecho tenemos la muestra

La mañana del lunes, varias docenas de árboles recién plantados en la más céntrica de las zonas de la capital oaxaqueña, aparecieron trozados y “macheteados”. Esto, independientemente del daño a la ecología que significa, es sobre todo una demostración implacable de la descomposición social real que existe en Oaxaca, del libre desafío a la autoridad y la ley, y de la escasa efectividad que demuestran quienes tienen la tarea pública de preservar el orden y la legalidad en los diversos órdenes de gobierno involucrados. Hechos como este, debían dolernos y preocuparnos a todos los oaxaqueños.

¿Qué ocurrió exactamente? Que la mañana del lunes, se calcula que entre las cinco y seis de la mañana, varias docenas de árboles de tipo fresno, macuil y primavera que se encontraban plantados a lo largo de varias cuadras recién remodeladas de la avenida José María Morelos, en pleno Centro Histórico, aparecieron con visibles marcas de haber sido trozados con las manos, y otros rebanados con instrumentos tales como cuchillos o machetes.

El hecho resultó preocupante, en un primer momento, por varias razones. Primero, porque esos especímenes vegetales representaban el ánimo ciudadano y gubernamental por preservar y restaurar la imagen ecológica en el Centro Histórico. Segundo, porque cada uno de esos árboles, tiene un valor en el mercado de alrededor de mil pesos, que habrían sido cubiertos en conjunto particulares y el gobierno. Y tercero, que es lo más grave, porque ante el hecho resultó que ningún ciudadano —transeúnte, vecino o automovilista— vio, ni se percató, de tan abominable acto.

En esto, el primer alegato que se esgrimió, fue el relativo al daño ecológico. Si bien la tala o afectación a cualquier arbusto significa un daño al medio ambiente, también es claro que, en este caso, eso parece ser lo de menos. ¿Por qué? Porque dichos ejemplares eran parte de una cuestión ornamental de la imagen urbana, que también buscaban comenzar a fomentar un equilibrio entre la presencia de cemento, banquetas y asfalto, y los escasos espacios que dejaron para la presencia de este tipo de seres vivos.

Así, lo de menos sería que la autoridad hubiere capturado en flagrancia a los responsables, para consignarlos ante la instancia competente, para obligarlos a reponer los árboles dañados. O que, en su caso, fueran los mismos organismos públicos y privados que inicialmente invirtieron para su compra y plantación, quienes realizaran una inversión. Es decir, que reponerlos es lo de menos.

El problema, en realidad, inicia cuando uno comprende el mensaje de fondo que, involuntaria o deliberadamente, quisieron enviar los que perpetraron la acción. Quien cometió esos actos, sabía que independientemente de la hora en que lo hiciera, no sería castigado por la autoridad, ni condenado, o denunciado, por la ciudadanía. Es decir, sabía que aquí se puede hacer cualquier cosa, cobijado por el amplio manto de la impunidad. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y eso, que es algo en lo que muy pocos parecen haber reparado, es lo que se aparece como lo más grave de todo este asunto.

FOMENTO A IMPUNIDAD

Así, podemos entender que lo grave de todo esto no es sólo la destrucción de los arbustos o el posible daño ecológico que esto provoca. Lo preocupante, en realidad, se encuentra en el hecho de que quien lo hizo, demostró un profundo desprecio por la ciudad, y una declarada burla a la autoridad, a la ley, y a cualquier cosa que se pudiera hacer desde las trincheras ciudadanas.

¿Por qué? Porque todo esto ocurrió a la vista de todos, a escasas dos cuadras del Zócalo citadino, y a menos de cinco del Palacio Municipal y el Cuartel General de la Policía de la capital oaxaqueña. El acto vandálico no pudo ocurrir en unos cuantos segundos: esto porque no fue uno ni dos, sino varias docenas de árboles las que fueron trozados, a lo largo de varias cuadras, en una de las arterias viales más transitadas e importantes en el Centro Histórico.

Lo más grave de todo, es que nadie vio nada; la autoridad no fue capaz si quiera de sospechar sobre los responsables. Y quien lo hizo, dejó constancia de que aquí la norma escrita vale lo mismo que la letra muerta, que las insignias de la autoridad tienen el mismo peso y la efectividad de quienes viven en el descrédito y el anonimato, y que, por todo eso, la ciudadanía se siente insegura e incapaz de señalar, de denunciar y de condenar, por el temor mismo que le genera el estar a merced del vandalismo y la impunidad.

Así, lo que pasó el lunes con esos árboles, mañana puede ocurrir con las ventanas de las casas o los comercios, con los automóviles estacionados, o con cualquier cosa que se encuentre en la vía pública. Si la autoridad no vale, si la ley es vilipendiada, si la impunidad prevalece, y si nadie tiene el valor suficiente como para hacer frente a quienes destruyen, entonces existe la entera posibilidad de hacer, a placer, lo que les venga en gana.

Frente a hechos como este, deberían reflexionar todos aquellos que han tenido excesivas complacencias con quienes quebrantan la ley. ¿Cómo no pensar hoy que se puede hacer lo que sea, si frente a hechos como los del 2006, nadie pagó ante la justicia? ¿Cómo tener respeto a la ciudad, a la ecología, a la autoridad y a la ley, si tanto el gobierno como los grupos de lucha social, se han encargado de demostrar el profundo desprecio que le tienen a la ciudad? ¿Cómo no pensar en que todo puede quedarse en el marco de la impunidad, cuando es eso lo que han fomentado sostenidamente desde hace tiempo en Oaxaca?

El hecho queda ahí. Es una afrenta contra la ciudadanía y contra la ecología. Es una burla directa hacia la autoridad, que ahora, como siempre, busca evadir sus responsabilidades. Es un pequeño resultado de todo lo que antes ha ocurrido. Y es una demostración fehaciente de las bajezas que se pueden cometer libremente, a plena luz del día, y en cualquier lugar, en una ciudad tan engañosamente tolerante, como lo es Oaxaca.

NUEVOS PRIISTAS

Además de las ofertas que recibió el ahora ex panista Pablo Arnaud, se debe añadir que su esposa, Laura Bustamante, aparecería nada menos que como candidata a una de las dos sindicaturas del Municipio de Oaxaca de Juárez, en la fórmula priista que encabeza Beatriz Rodríguez Casasnovas. Una congruencia muy convenenciera la de los ex panistas.

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SSPE y PGJE: errores contribuyen a impunidad

+ Caso de Clínica Aquino: lo que mal comienza…

La mañana del pasado 1 de diciembre, ocurrió un violento asalto en una clínica situada en las inmediaciones del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. En el atraco, fueron ultimados con disparos de arma de fuego la doctora Alejandra Sandoval, el recepcionista Daniel Porras, y el guardia de seguridad, Teódulo Martínez. Tres días después, el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Quezadas Jiménez, presentó a tres individuos, acusados de ser los presuntos responsables de ese hecho. Argumentó que había certeza sobre su responsabilidad. Hoy, todos los señalados se encuentran en libertad.

El comienzo del mes de diciembre, fue complicado para la seguridad pública y la procuración de justicia en Oaxaca. En un mismo día ocurrió el asalto a la Clínica Aquino, y unas horas después la ejecución del dirigente de tianguistas del Mercado de Abasto, Roberto Mendoza. Dichas situaciones, según lo que hoy puede verse, se complicaron aún más por la actuación de las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, como de la Procuraduría de Justicia del Estado. Pero vayamos por partes.

De acuerdo con las explicaciones dadas por el comisionado Quezadas en el momento de presentar a tres de los presuntos responsables del asalto y homicidios ocurridos en la Clínica Aquino, existía un alto grado de certeza de que esos individuos eran los responsables, debido a que su identificación había partido de una grabación en video, obtenida a través del circuito cerrado de televisión que estaba instalado en el lugar de los hechos.

Luego se supo que el móvil más probable del ilícito tenía que ver con el robo violento de una fuerte suma de dinero en efectivo y medicamentos controlados, ya que los individuos detenidos presuntamente tenían problemas de adicción a ciertas drogas, y porque en esa clínica —y particularmente en el consultorio y las personas sobre quienes ocurrieron los hechos— se atendía a ese tipo de pacientes.

Días después, se especuló sobre las posibles actividades ilegales que ahí podrían ocurrir en relación al suministro y posible venta irregular de esos medicamentos controlados (particularmente, un opioide cuya sustancia activa es la metadona, que tiene efectos similares a la morfina), aunque ya nada fue lo que se investigó y estableció con claridad al respecto.

Casi de inmediato, familiares de los tres detenidos, Leonardo Ramírez, Miguel Ángel Vásquez, José Alfredo Jiménez, aseguraron que sus familiares eran inocentes, que su aprehensión fue arbitraria, que habían sido torturados y forzados a aceptar sus responsabilidades, y que luego del arraigo judicial al que fueron sometidos, recobrarían su libertad por falta de elementos para procesarlos. Como era evidente, nadie tomó en consideración sus alegatos ni los señalamientos hechos sobre los cuerpos policiacos sobre los posibles excesos cometidos en su detención.

Lo cierto es que, sean responsables o no por esos hechos, los tres individuos recobraron su libertad; el arraigo al que fueron sometidos no le permitió a la autoridad reforzar el soporte probatorio con el que los acusó ante los tribunales judiciales. Y, en su conjunto, la investigación sobre el homicidio múltiple y el hurto de más de 120 mil pesos en efectivo regresó a su punto de inicio. Es decir, al estado en el que formalmente nadie sabe qué pasó, ni quién fue el responsable, ni por qué ocurrieron los hechos.

OMISIONES OFICIALES

Señalábamos en líneas anteriores, que la detención de los tres individuos se llevó a cabo partiendo de una grabación obtenida del sistema de circuito cerrado instalado en la Clínica Aquino. Hoy, por el resultado de las actuaciones judiciales, queda claro que ni el video de los hechos fue suficiente para establecer con verdadera claridad que los detenidos eran los autores de los crímenes; y que no hubo mayor trascendencia en las investigaciones, para abordar otras posibles rutas de indagación sobre lo ocurrido y la autoría de los delincuentes.

¿Por qué pudo haber ocurrido eso? Porque los investigadores de la SSPE decidieron soportar su investigación en una grabación. Es decir, que no pudieron o quisieron ahondar las pesquisas; y que para establecer la identidad de los presuntos responsables no hubo más argumento e investigación, que lo captado por el circuito cerrado de televisión. Todo eso, por lo que toca a la Policía Estatal que fue quien logró la captura y presentó a quienes ellos consideraron como los autores de ese robo y triple homicidio.

En la Procuraduría estatal no fueron más eficientes. Sólo algunos perspicaces se percataron que aquel 1 de diciembre, tanto en los hechos ocurridos en la Clínica Aquino, como horas después en un hotel de la periferia en el que ejecutaron a mansalva al dirigente de mercados Mendoza López, nunca se apersonó —como sí acostumbra hacer, por lo menos para tomar conocimiento ocular de los acontecimientos— el procurador General de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Dicho funcionario nunca se apareció en los sitios donde ocurrieron esos dos hechos, porque no se encontraba en Oaxaca. Ni siquiera estaba en el país. El procurador Martínez Ramírez, acompañado de algunos funcionarios de la dependencia —todos acompañados por sus respectivos cónyuges—, y el presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García, se encontraban en Colombia. Por eso, sólo funcionarios ministeriales de rango menor, fueron los que tomaron conocimiento de los hechos y condujeron el crucial inicio de las investigaciones.

Los resultados, hoy, dejan ver que nadie supo quién, y motivados por qué, ocurrieron tales hechos. Ya no causa extrañeza de la Procuraduría estatal, pues se encuentre o no en Oaxaca el procurador Martínez, las promesas siempre son de justicia y los resultados siempre son de fracaso. Sorprende, más bien, por la SSPE, la Policía Estatal y la AEI, que prometieron nuevas técnicas de investigación. Y, al menos en este caso, fallaron.

CARRASCO ¿UN PRÓCER?

La Secundaria Técnica 6 es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en muchas escuelas públicas de Oaxaca. Ahí, su director depuesto, Miguel Ángel Carrasco Orozco, es un radicalizado miembro de la UTE, que tiene amplias cuentas pendientes y desfalcos documentados. Ahora, como la suerte se le acabó, acusa a la Sección 22, al IEEPO y a sus compañeros, de ser parciales y de actuar en su contra. ¿A poco todos son malos y él el único bueno? Abundaremos.

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Molestia, característica de aspirantes priistas

+ Hablar de ruptura: ¿por qué ahora sí ocurre?

 

En los últimos días, dos de los aspirantes a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, han hecho posicionamientos sobre el proceso que, hasta ahora fácticamente, se sigue dentro del tricolor para designar a su abanderado. En ese sentido, es importante descifrar y comprender los mensajes y las advertencias que, cada uno en su tono, han lanzado en los últimos días tanto el senador Adolfo Toledo Infanzón, como el presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas.

Ambos personajes han concedido sendas entrevistas a publicaciones de la capital de la República que, sin embargo, no se caracterizan por ser las de mayor circulación ni influencia en la política local o de la Ciudad de México. Eso, por tanto, coloca sus declaraciones en el marco justo no de la información, sino del “recadeo” que ocurre entre las principales fuerzas priistas desde hace algunas semanas.

En sus declaraciones, publicadas ayer en El Sol de México, el edil Hernández Fraguas establece su posición en esta carrera por la gubernatura. Asegura que el senador Gabino Cué no logrará conjuntar todos los elementos a su favor para lograr la Coalición opositora y convertirse en su abanderado; y enumera lo que, según él, son las principales virtudes y desaciertos de los otros aspirantes a la gubernatura por el priismo.

Sin embargo, eso no parece ser lo verdaderamente importante de su mensaje. La advertencia del edil Hernández sobre la tolerancia y disciplina priista en este proceso interno, es sustantiva. A saber: “(En la oposición) le están apostando al rompimiento del PRI, y si no hay condiciones de equidad, sí se puede dar una fractura y entonces pudiera darse una alianza con alguno de los aspirantes (priístas) que pudiera sentirse muy lastimado (porque) no tiene la oposición suficientes balas propias.”

La claridad del Munícipe citadino debería ser alarmante para quienes le apuestan a la “institucionalidad” a toda prueba de los priistas que participan en este proceso interno. Es la primera vez en todo el trecho que llevan recorrido, que uno de ellos habla abiertamente de una ruptura, si se continúa sin privilegiar la exigencia común de que la competencia interna se conduzca con equidad para todos los que participan.

Hoy en día, es bien sabido que el más irreverente de todos los aspirantes a la gubernatura por el tricolor, es el edil Hernández Fraguas. Y aunque al principio se notaba más bien como una actitud de cierta soberbia o intolerancia, parece ir quedando claro que, ante las circunstancias, es una actitud no sólo comprensible sino que, quizá, hasta relativamente “adecuada” para el avasallamiento del que unos están tratando de hacer objeto a los otros, dentro de las filas del priismo.

Así, si hoy uno de los participantes ya habla sin disimulos de las posibilidades de rompimiento, todos los demás —y quienes tienen en sus manos la decisión— deben entender que las disparidades del proceso interno (justificadas en los intentos por “hacer crecer” y posicionar electoralmente a todos los aspirantes, para fortalecer con esto a su partido) están generando más enconos que sustento real para el priismo. Los rasgos de enojo y molestia comienzan a ser perceptibles a simple vista. Y el enfado y las contrariedades nunca son buenos consejeros.

LLAMADO A DISCIPLINA

Hace seis días, el periódico El Financiero, también de la Ciudad de México, dio cuenta de las consideraciones del senador Adolfo Toledo Infanzón respecto al proceso sucesorio de Oaxaca, en el que él participa. No obstante el haber externado un posicionamiento mucho más mesurado, el Legislador federal no distó mucho en sus declaraciones a las del Edil de la Verde Antequera. Veamos por qué.

En las declaraciones hechas al diario mencionado, aseguró que sólo unido el PRI podrá lograr el triunfo tanto en la gubernatura, como la mayoría en el Congreso del Estado y las Presidencias Municipales. Para eso, el senador Toledo estableció que para lograr ese objetivo “sólo depende de que los órganos de dirección de ese instituto político y de que quienes, en su calidad de priistas y que al mismo tiempo tienen cargos en la administración pública estatal, se comporten con actitudes prudentes y sin ‘falsas cargadas’” (…) “Puntualiza que en el proceso de selección del abanderado del tricolor tampoco deben crearse ‘espejismos’ o expectativas para tratar de apoyar a algún precandidato, ya que —advierte— ‘mantener la prudencia y la paciencia permitirá al partido conservar este bastión histórico’”.

El senador Toledo no habla de rupturas, pero sí las previene. ¿Por qué hablar, por un lado, de los espejismos y las falsas cargadas; y por el otro exigir que quienes tienen cargos públicos se abstengan de participar del proceso? Obvio, porque los señuelos lanzados desde uno de los frentes de la competencia interna, provocó justamente que personas ligadas al servicio público se ligaran a precampañas proselitistas, que se generaran los primeros intentos de apoyar “en cascada” a uno de los aspirantes, y generar la perspectiva de que, con ello, había ya una determinación oficial sobre quién sería el Candidato a Gobernador por el PRI.

Así, parece evidente que las señales no son de sosiego ni de prudencia. Lo que más bien se deja ver, es que el forcejeo entre los posibles abanderados está subiendo rápidamente de nivel, y que si el Jefe Político de los priistas en el Estado (es decir, el Gobernador) no encuentra pronto una vía de despresurización y homogeneización de este proceso, pronto las cosas podrían salirse de control.

Finalmente la responsabilidad de todo esto no se encuentra únicamente en el aspirante que está siendo el mayor beneficiario de los intentos de cargada, el apoyo económico y de logística, sino en quienes en el intento por fortalecerlo y posicionarlo a un nivel más o menos similar al de quienes tienen las mejores expectativas (justamente Hernández Fraguas y Toledo Infanzón), quebrantaron las reglas que ellos mismos habían fijado. Ahora, los riesgos de rupturas parecen estarse aparejando a los intentos de cargada. Si las reglas no se replantean y ahora sí se respetan, cualquier cosa podrá suceder.

COLUMNA EN LÍNEA

Desde hace un par de meses, esta columna cuenta con un espacio en el que usted, apreciable lector, puede opinar, disentir y debatir libremente. Nuestro blog se encuentra en la dirección https://almargenoaxaca.wordpress.com; la tecnología nos ofrece múltiples opciones. Lo invitamos a visitarlo. Es gratuito y libre de todo lucro económico.

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Otro año de problemas: la crisis es permanente

+ Ciudadanía: urge fomentar más sociedad civil

 

Cuando termina el año, llega el momento de hacer los recuentos. Al revisar los archivos y las publicaciones, podemos darnos cuenta que desde hace bastantes años, todos han sido calificados como “críticos”, “fatalistas”, “caóticos” y demás. Es decir, que no sólo 2009 fue un año fatídico —pues igual, o peores, fueron los anteriores—, sino que toda la década podría haberlo sido. Incluso, este año que termina, bien podría ser nada menos que la continuación de la llamada “generación de la crisis”. Urge, por tanto, que como ciudadanos comencemos a comprender nuestro papel en este caos recurrente y casi permanente.

2009 fue un año cargado de crisis y problemas. Desde el año previo —2008— podíamos prever que la crisis económica que entonces nos enseñaba su feo rostro, era apenas el comienzo de un periodo mayor de incertidumbre, que se dejaría ver en toda su magnitud durante este año que culmina. Desde hace más de doce meses, apuntamos que los problemas financieros reales no se verían únicamente en el momento en que la economía estadounidense —e irremediablemente la mexicana— parecía estar a punto de colapsar, sino que esto tendría efectos extensivos hacia todos los meses siguientes.

Pudimos ver que eso fue lo que pasó: a finales de 2008 el gobierno federal echó a andar un plan anticrisis que, se suponía, ayudaría a paliar los efectos de la crisis internacional. En Oaxaca —como en las 32 entidades de la República— se adoptaron sendos planes del mismo tipo para que los gobiernos estatales hicieran lo propio estimulando a la economía y el empleo.

Hoy, al finalizar el año, los silenciosos resultados de esos programas, pueden verse simplemente en el fracaso y el disimulo. Ningún gobierno —ni el federal ni los estatales, incluido Oaxaca— hizo un balance de cuáles habían sido los resultados de sus programas anticrisis. Esto porque el gobierno federal falló en su labor de sostener el empleo y la economía en medio de una crisis mal manejada y mal comprendida; y porque los gobiernos estatales —como el de nuestro estado— aprovecharon la crisis para adoptar nuevos impuestos —como el del reemplacamiento vehicular— y nuevos programas de inversión sobre los que nadie supo cuál fue su destino, ejecución y resultado. Mucho de eso, al final, más bien resultó ser de acciones coyunturales y de mera simulación.

Luego, México se enfrentó a un problema de salud pública que, desde un principio, muchos se negaron a comprender. Ese problema se llamaba Influenza porcina —luego denominada Tipo A o Humana. El pánico general por la enfermedad se propaló, y rápidamente las precauciones extremas, y las medidas sanitarias, también se convirtieron en pérdidas económicas para una sociedad que durante una semana dejó de funcionar casi por completo.

Se supone, en la explicación oficial, que el problema de la influenza vino a degenerar todos los buenos resultados que se esperaban de los programas anticíclicos emprendidos por el gobierno federal. Lo cierto, de todo esto, es que de todos modos nuestra economía se encontraba en un estado de debilidad importante, y que todos esos fueron factores que únicamente se sumaron a una crisis que de por sí habría sido desastrosa, como lo es, para la mayoría de los mexicanos.

 

SOCIEDAD CIVIL

Sin embargo, pareciera que de todo esto es responsable el gobierno. Se le culpa de las violaciones a los derechos humanos, del mal manejo de la economía, de la inmovilidad política, de la falta de acuerdos, de la corrupción, de la impunidad, del cambio climático y demás. Es decir, que para el buen mexicano, el gobierno tiene la culpa de todo, y la sociedad es la víctima eterna que resiente todos los efectos de su mal gobierno, pero nunca puede ni debe hacer algo para contribuir en la búsqueda de remedios a los grandes males del país.

Se acusa al partidismo, al yunque, a la derecha, a la izquierda, al PRI, al PAN, a Andrés Manuel López Obrador; a Estados Unidos, la Influenza, y así, seguido de un largísimo “etcétera”. En realidad, todos somos responsables. Y es así porque México es un país que tiene muy poca sociedad civil. Sí. Tiene muy poca de esa población organizada, a la que muchos tachan incluso de ser algo inexistente o un mal chiste que no contribuye en nada a mejorar al país.

Tendría que haber más personas, grupos, asociaciones u organizaciones, con o sin nombre, que —como lo hemos señalado en diversas ocasiones— pudieran tener la capacidad de organizarse y actuar razonadamente frente a los problemas del Estado. Si los entes de gobierno no tienen la posibilidad de interactuar verdaderamente con la sociedad, y ésta no tiene la capacidad de hacerle ver a los gobernantes todos o algunos de los errores que cometen, entonces es evidente que no hay posibilidades de entender globalmente los problemas nacionales, y hacer planteamientos serios para resolverlos.

Debe haber una conciencia clara de cuáles son los problemas nacionales, y la claridad meridana para dilucidar cuáles deben ser las soluciones y los planteamientos de fondo. Mientras la sociedad y el gobierno se asuman como dos entes, o bloques, que en nada pueden interactuar ni correlacionarse, todos seguiremos dando vueltas alrededor de los mismos problemas, planteando las mismas soluciones bipolares e inoperantes que hasta el momento, y viendo con desánimo que los problemas no se resuelven. Debemos terminar, entre todos, con este círculo vicioso que nos llevará a nada bueno.

Sin duda, esa es nuestra propuesta de reflexión social para el año que termina, y el nuevo que comenzará a partir de mañana. No podemos exigirnos ser un mejor país, si quienes integramos la sociedad, más allá de los partidos, los gobiernos y los grupos aparentemente “de poder”, únicamente levantamos los hombros ante los problemas y optamos por el camino fácil de las lamentaciones y la victimización. ¿Cómo hemos contribuido al mejor país que queremos? Deberíamos comenzar a hacerlo. Deberíamos comenzar a poner a prueba el sistema, para ver que desde la sociedad sí se puede hacer más de lo que normalmente se hace.

FELIZ AÑO 2010

Deseamos que a nadie gane la desesperanza, y veamos este 2010 como el inicio de un nuevo ciclo que abrirá retos y oportunidades. Agradecemos, como cada año, a nuestros queridos lectores siguieron la aventura diaria de este espacio. A todos, sin distingos, les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de salud, paz y trabajo para la avalancha que nos espera en el año que inicia. Nos leemos el próximo lunes. ¡Felicidades!

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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