Gasto familiar, bajo las ruedas del transporte

+ Voracidad, no necesidad: razón de incremento

Dice el refranero que cuando el río suena, es porque agua lleva. Si desde hace semanas se ha venido anunciando disimuladamente la posibilidad de un incremento a la tarifa del transporte urbano, es porque, en efecto, está podría estar en vías de ocurrir. La razón es la de siempre: el alza en el costo de los insumos, los altos precios del combustible y la incosteabilidad de las operaciones de las unidades.

Entre los quejosos, nadie se acuerda de las jugosas ganancias, intocadas, de los concesionarios; del pésimo estado en el que se ha prestado el servicio a los usuarios; ni mucho menos de la situación real de inseguridad e incertidumbre que prevalece en todos los aspectos que se relacionan con el transporte urbano. Pero vayamos por partes.

Hace dos años, en diciembre de 2007, el transporte público concesionado de Oaxaca —autobuses urbanos y suburbanos de pasajeros, taxis citadinos y foráneos, y demás— se vieron beneficiados con un incremento sustancial a sus tarifas, que casi alcanzó el 30 por ciento. En aquellos momentos, tanto los concesionarios como el Gobierno del Estado justificaron ese incremento, en dos circunstancias particulares: la primera, los más de cinco años que llevaba vigente la tarifa de tres pesos con cincuenta centavos por viaje; y segunda, por los daños y pérdidas que había resentido el sector durante el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca en 2006.

En aquellos momentos, si se recuerda, algunos grupos estudiantiles fueron los únicos que intentaron oponerse al incremento. Sólo unas organizaciones de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca —que buscaban otros fines, y que tomaron esta bandera como un mero pretexto para generar inestabilidad— emprendieron la lucha aunque luego se diluyeron. La Coordinación de Transporte, encabezada por Gonzalo Ruiz Cerón, decidió autorizar dicho incremento justo en la víspera de las fiestas decembrinas. Cuando en enero de 2008 el grueso de la población reaccionó del letargo navideño, las decisiones estaban consolidadas y no tenían posibilidad de que se les diera marcha atrás.

Entonces, ante los cuestionamientos, la Cotran actuó como defensora y tuteladora del interés de los concesionarios, pasando por encima del interés de los usuarios. Para justificar la medida, el coordinador Ruiz Cerón aseguró que los concesionarios se habían comprometido a realizar una serie de mejoras al servicio, las unidades y el medio ambiente, a cambio de verse beneficiados con el incremento a la tarifa. Se habló de seguro del usuario y las unidades, capacitación de los conductores, retiro de la circulación de las unidades que rebasaran la antigüedad que ellos mismos fijaron, y mejoramiento de rutas y la atención al usuario. Absolutamente nada de eso ha ocurrido.

Nada ha dicho la autoridad de esto, por dos razones: ninguno de los servidores públicos de alto nivel —y tampoco los concesionarios— son usuarios regulares del servicio de transporte urbano. Nadie de ellos, ni siquiera por una actitud “políticamente correcta”, sabe en qué condiciones se transportan todos los días decenas de miles de oaxaqueños. Así, no tienen ni la calidad moral, ni la experiencia, para asegurar que el transporte se ha enmendado o no luego del incremento. Y la población —a la que nadie le ha pedido su opinión—, seguramente podría dar un amplio diagnóstico, aunque negativo, de lo que han sido las “mejoras” al servicio en los últimos dos años.

Y segunda, porque las mejoras que prometieron los dueños de las unidades a cambio del incremento, fueron meramente potestativas. La autoridad cayó en el garlito, deliberadamente, de aceptar simples ofrecimientos no coactivos, a cambio de extender a los concesionarios el cheque en blanco que significó para ellos dicho incremento a la tarifa.

¿Y LOS CONCESIONARIOS?

Nadie, nunca, se pregunta si en realidad el del transporte público es un buen negocio. Evidentemente lo es. Por ello, bien dice, también el refranero, que lo que se ve no se juzga. ¿Por qué entonces tantas quejas de los dueños de las unidades y, sobre todo, por qué tantos argumentos vagos de justificación para el incremento a las tarifas que hoy codician?

Vayamos punto por punto. Hace dos años, el costo del pasaje era de 3.50 pesos. Hoy es un peso más caro. En aquel entonces, el del transporte era un buen negocio. Hoy lo es mucho más. Todo esto, a pesar del incremento a los insumos, combustibles y demás. El razonamiento es harto sencillo: si ser propietario de una concesión y de un autobús de pasajeros fuera un mal negocio, o de plano no lo fuera, la ciudad de Oaxaca no estaría saturado con más de mil unidades que todos los días provocan accidentes viales, dejando a su paso muertos, heridos y millonarios daños materiales —por los que, valga decirlo, nunca responden.

Si existe la capacidad de incrementar el número de unidades, es porque éste es un negocio que se realiza siempre al margen de la regulación y auténtica autoridad de las instancias encargadas de regularlo. ¿Qué contraprestación están obligados a dar los concesionarios por el servicio que les delegó el gobierno en Oaxaca? Ninguna. Al contrario: mientras los dueños de las unidades viven como auténticos jeques y gozan de la impunidad que les da el dinero, la administración estatal no puede meterlos en cintura, no tiene capacidad de reordenar las rutas, y mucho menos tiene el peso, los recursos y la fuerza suficientes como para establecer nuevos criterios que rijan el servicio.

La Cotran ha dicho en reiteradas ocasiones, que no existen los recursos para reordenar al transporte. Esos dineros no existen, porque el concepto de “concesionario” lo han entendido como garantía de salvaguarda de la coerción de la autoridad, y no como un deber que implica derechos pero también obligaciones no sólo con el usuario final, sino también respecto al Estado.

CODICIA

Los concesionarios no tienen solidaridad con Oaxaca, ni con los usuarios, porque a ellos lo que les interesan son las libertades absolutas y la voracidad. El gobierno nunca les ha hecho ver —porque quienes los regulan son iguales o peores que aquellos— que el servicio que se les delegó también les implica deberes. Y mientras todos evaden dicha discusión, los dueños de las unidades están aprovechando esta avalancha alcista de precios, para sacar más provecho de los oaxaqueños. Si este del transporte es un mal negocio, ¿por qué no comenzar, ahora sí, a retirar las unidades chatarra y las que están de sobra en la ciudad? Lo que aquí reina es la voracidad, no la inflación.

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