Adrián Ortiz Romero Cuevas
+ FPAR: ¿por qué es tema de cuidado para PGJE?
Hace cinco días, el Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado a través del cual, se congratula por el reinicio de los trabajos de la Comisión de Mediación con el gobierno federal, para lograr la presentación con vida de sus dos integrantes desaparecidos desde mayo de 2007 en Oaxaca. Sin embargo, en la misiva vierten señalamientos directos en contra del comandante Pedro Hernández Hernández, en los cuales lo acusa ante diversos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, de comandar un nuevo grupo paramilitar del Gobierno del Estado, con el que ha realizado los más recientes actos de represión policíaca que han ocurrido en la entidad. ¿Qué hay alrededor de todo esto?
Es evidente que la historia y las relaciones entre los cuerpos policiacos de Oaxaca y dicho grupo armado, no son nuevas. De hecho, como bien debe recordarse, luego del conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca de mayo a diciembre de 2006, quedaron pendientes abundantes señalamientos hechos por las organizaciones inconformes, sobre transgresión a los derechos humanos. Sin embargo, uno de los puntos más álgidos de esta cuestión, se dio en mayo de 2007, cuando el EPR denunció la desaparición de dos de sus militantes, y acusó que todo eso había ocurrido aquí en la capital oaxaqueña.
Desde que ocurrieron los hechos, el EPR sostuvo que había sido un grupo paramilitar del gobierno de Oaxaca, el que había ubicado y aprehendido ilegalmente a sus compañeros. Ante las denuncias, el grupo armado no reparó en aceptar no sólo en revelar públicamente la identidad de los dos desaparecidos —Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya—, sino también en aceptar que ellos, como muchos otros de sus integrantes, tomaron parte del movimiento magisterial del año previo, en su calidad no de guerrilleros sino de luchadores sociales.
En un primer momento, tanto el gobierno federal como el de Oaxaca se negaron a realizar una investigación verdaderamente sustantiva sobre los hechos, y no fue sino hasta cuando el EPR inició acciones de sabotaje a instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, que el gobierno del presidente Felipe Calderón accedió a iniciar una indagatoria real sobre las desapariciones.
Mientras ello ocurría, también se daban una serie de desencuentros de orden político entre los gobiernos de Oaxaca y federal, y particularmente entre algunos funcionarios estatales y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado, que comenzaron una guerra mediática de filtraciones, acusaciones y descalificaciones, que tenían como leit motiv la desaparición de los dos eperristas.
¿Qué ocurrió entonces? Que el 25 de abril de 2008, una cuadrilla del Ejército Mexicano, acompañada por elementos de la Policía Federal y de la entonces Agencia Federal de Investigación, se apersonó en las instalaciones de lo que era la Policía Ministerial del Estado, para aprehender al comandante Pedro Hernández Hernández y al elemento Ángel Reyes Cruz, bajo acusaciones de ser los presuntos responsables materiales de la detención y desaparición de los dos eperristas.
¿Qué ocurrió entonces? Que ese intento de venganza orquestado por tres instancias federales —la Secretaría de Seguridad Pública, la de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República— en contra de funcionarios estatales por algunos de los agravios derivados de la crisis popular y magisterial, simplemente falló.
Esto porque, vencido el término constitucional del arraigo que se le impuso a los dos detenidos, éstos fueron liberados por no habérseles acreditado las acusaciones que se les habían formulado. Ambos regresaron a sus funciones. La investigación sobre los eperristas volvió prácticamente a su punto de inicio. Y hasta ahora es mínimo lo que públicamente se sabe sobre posibles avances en la investigación sobre su paradero.
ATENCIÓN, EN
OTRO ASPECTO
Hoy, Pedro Hernández Hernández funge como comandante de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR). Particularmente, esa corporación llama la atención porque fue la única que no le fue retirada de la potestad directa del procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, para ser transferida a la cadena de mando de la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tiene eso de raro?
En apariencia, nada. Incluso, podría considerarse que una instancia como la de procuración de justicia, necesariamente debe de contar con ciertos elementos policiacos bajo la orden directa del Ministerio Público del Estado, para que realice funciones que especialmente le encomiende la instancia ministerial. Todo esto puede entenderse, debido a que la antigua Policía Ministerial —que era un órgano de la Procuraduría estatal— pasó a ser Agencia Estatal de Investigaciones y se adscribió a la SSPE.
El problema para la FPAR, en realidad, tiene poco o nada que ver con la represión policiaca hacia grupos o manifestaciones sociales, y más bien se inscribe en otros ámbitos. Esto porque, de un tiempo a la fecha, en todas las actuaciones policiacas que ha habido para hacer frente a disturbios o inconformidades sociales, no ha quedado duda de quiénes son los que actúan, cuál es el resultado de esas intervenciones de fuerza, y a qué mando e instancia pertenecen. Hoy, a diferencia del pasado, sobre el sector público de Oaxaca no pesan las acusaciones por violaciones a los derechos humanos que antes abundaban.
Más bien, sobre la FPAR pesan hoy una fama pública que, si bien no tiene que ver con la represión, tampoco es digna de presumirse. Quienes conocen la cotidianeidad de la Procuraduría, saben que el mejor camino para ejecutar una orden de aprehensión en términos específicos, se encuentra en ese grupo.
No es raro, por ejemplo, que dicho grupo sí utilice violencia innecesaria en el momento de las detenciones, o que éste actúe en asuntos sobre los que tienen particular interés algunos funcionarios de la PGJE. Vamos, hoy es casi indisoluble la asociación de FPAR con términos inadmisibles como “sabadazo” o “brutalidad policiaca”, cuando de ejecutar órdenes de aprehensión o atender asuntos de particular relevancia.
ASUNTO IGNORADO
Lo peor del asunto, es que a temas como este en la Procuraduría parecen no tener importancia. Los señalamientos que realizan la sociedad o los medios de información, son tomados como asuntos de saña e inquina, y no como reflejo de lo que en realidad sucede, y que debería ser considerado por el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez. No le convendría estar rodeado de represores, pero tampoco de transgresores a la legalidad.
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