+ La dejadez oficial: punto generador de la añeja violencia
El 7 de abril de 2008, murieron abatidas a balazos dos jóvenes indígenas de la zona triqui, en una emboscada similar a la ocurrida hace unos días en el camino a San Juan Copala. Las dos mujeres, fueron atacadas con armas de alto poder, y ultimadas por ráfagas de arma de fuego que impactaron el automóvil en el que viajaban. El hecho tomó relevancia, porque esas dos víctimas eran locutoras de una estación radiofónica comunitaria denominada “la voz que rompe el silencio”. Hoy, ese hecho, como todos los ocurridos en la zona, continúan en la más completa y vergonzosa impunidad.
Las dos mujeres triquis asesinadas, respondían al nombre de Teresa Bautista Flores, de 24 años de edad, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20 años; en un hecho abominable para casi cualquier persona, pero casi “normal” para los gobiernos estatal y federal, ambas fueron masacradas cuando viajaban en un vehículo de motor, en medio de la turbulenta zona de Copala.
La versión oficial de los hechos, dada a conocer por el gobierno de Oaxaca meses más tarde, apuntó a que el automóvil en el que viajaban Teresa Bautista y Felicitas Martínez, fue confundido con el de otras personas, a las que el comando armado buscaba para ejecutar; sobre el gobierno de Oaxaca, y el federal, recayó el señalamiento de diversos organismos nacionales e internacionales de observación y protección a periodistas, en el sentido de que esa versión era poco creíble, dado que las dos mujeres fungían como locutoras de una estación radiofónica comunitaria, y que esa pudo haber sido la causa de la ejecución.
Ninguno de los dos gobiernos, pudo nunca responder a ese cuestionamiento. El gobierno de Oaxaca, en aquellos momentos, minimizó el hecho, y asumió la postura de que aquellas muertes no eran más que parte de la ola violenta que azota a la región; el gobierno federal, casi al mismo tiempo, respondió turbiamente que Teresa Bautista y Felicitas Martínez eran amas de casa, y no “periodistas”, como las organizaciones civiles nacionales e internacionales trataban de ubicarlas, y que por tanto, la fiscalía especializada de atención a delitos cometidos en contra de periodistas, de la Procuraduría General de la República, no tenía por qué intervenir en el asunto.
Lo cierto es que, entre las excusas de unos y las de los otros, nadie indagó el hecho. Varios días después de ocurrida esa ejecución doble, diversos sectores de la prensa que se edita en la capital del país, tomaron en consideración del hecho y exigieron investigaciones. Nada fue suficiente para lograr resultados. La Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró que realizaba las investigaciones correspondientes, aunque luego de ser atraída la investigación por la PGR, de todos modos los resultados de las indagatorias nunca lograron corroborar que las versiones, los móviles y los señalados, correspondían a la realidad. Hasta hoy, no existe un solo detenido por aquella emboscada.
Así, el caso de Teresa Bautista y Felicitas Martínez se vino a sumar a una larga lista de impunidad. Anterior a esos hechos, se tiene el registro de la desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, quienes salieron de El Rastrojo para dirigirse a San Marcos Xinicuesta, el 5 de julio de 2007 y a la fecha se ignora cómo y dónde están. Sólo en lo que va del presente año, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, ha denunciado el asesinato violento de unos 15 activistas.
El MULT igualmente reporta que entre septiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar de sus comunidades; las niñas también son objeto de violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años violada. A esta lista se sumó una agresión con arma de fuego contra la niña Sofía Bautista Martínez, en octubre de 2007, tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala.
Así, la lista de agresiones, asesinatos, emboscadas e impunidad podría hacerse simplemente interminable. Cada una de las organizaciones cuenta sus propios muertos. Y, así, uno tendría que preguntarse: ¿En dónde ha estado, todo este tiempo, el gobierno?
AUTORIDAD AUSENTE
Si la emboscada ocurrida el martes pasado, hubiera sido un hecho completamente aislado, que ocurriese en una zona no caracterizada por la violencia, entonces podría considerarse con todo rigor que es imposible prever un hecho tan fortuito como aquel. Sin embargo, aún cuando puede ser medianamente válida esa imposibilidad de previsión en este caso, lo cierto es que la región es una zona permanente de conflicto, en la que la autoridad ha estado ausente, y ha fallado en su deber de fomentar la paz, perseguir los delitos y procurar la justicia a los particulares.
Si otras hubieran sido las circunstancias y las personas emboscadas, la agresión ocurrida hace unos días no habría sido más que una estadística. Ahí tenemos que en los últimos años, docenas de personas han sido acribilladas en las mismas circunstancias —y quizá, incluso, por los mismos grupos paramilitares—, sin que la autoridad hiciera algo efectivo no sólo para encontrar y castigar a los responsables, sino también para poner remedio de fondo a los conflictos y la violencia que ahí son comunes.
Por esa razón, este no es un asunto de sólo perseguir delincuentes, sino de enfrentar las responsabilidades de fondo con la trascendencia que hasta hoy ha estado ausente. Se haría parcialmente justicia si ahora el gobierno tiene la posibilidad de hallar y procesar a quienes asesinaron a los activistas de derechos humanos, como también lo sería si hallaran a los homicidas de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, o a los secuestradores de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez.
¿JUSTICIA TOTAL?
La justicia sería parcial aún con la aprehensión de los autores materiales e intelectuales, porque una solución integral al conflicto tendría que implicar también la pacificación de la zona, el desarme de los grupos, y la realización de acciones para atender socialmente a las comunidades para preservar la paz a través de la presencia preventiva de corporaciones policiacas. Esto no sabemos cuándo, e incluso si algún día ocurra. El gobierno debe dejar de ver este como un asunto electoral, y asumir su responsabilidad por la dejadez, la ineptitud de sus funcionarios, y la larguísima impunidad que éstos han fomentado.
almargen@tiempoenlinea.com.mx
almargenoaxaca.wordpress.com
