+ Festinar su desaparición, equivale a legitimar a criminales
La tarde del pasado sábado 15 de mayo, el gobierno federal reconoció oficialmente que, desde la noche previa, el controvertido político y abogado, militante del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, se encontraba desaparecido. De inmediato, corrieron por lo menos cuatro versiones sobre el hecho. Y mientras tanto, la sociedad mexicana se volcó en actitudes que, por lo menos, resultan ser contradictorias y contraproducentes en relación al momento crítico que vive hoy el país.
Pero vayamos por partes. La misma tarde del sábado, la PGR dijo que, ante la desaparición de Fernández, había iniciado una Averiguación Previa, en la que se tenían varias líneas de investigación. La primera de ellas, tenía que ver con un posible ajuste de cuentas por motivos profesionales. La segunda, que el hecho se hubiera derivado de motivos personales. Una tercera apuntaría a un secuestro de tintes políticos, ejecutado por alguna célula subversiva. Y la cuarta, que se tratara de una acción perpetrada por el crimen organizado, ya fuere como parte de una venganza en contra del gobierno federal, o para exigir una suma de dinero por su rescate.
Así, una vez establecidas las líneas de investigación, tanto la PGR como la Procuraduría de Querétaro (ya que Fernández desapareció en esa entidad) se cerraron a cualquier intercambio de información con los medios de comunicación. Esta decisión —que en la explicación oficial fue tomada para dar oportunidad de diálogo con los posibles captores—, de inmediato se convirtió en un vacío informativo. Y éste, en la ocasión perfecta para las especulaciones.
Además de la posibilidad de que éste fuera un secuestro como tal, fue la propia percepción ciudadana la que apuntaló dos versiones a partir de la sola utilización de la lógica: la primera de esas versiones, establece que el gobierno federal encabeza una guerra contra el crimen organizado que ha costado miles de bajas y daños a las estructuras criminales. Y que así, siguiendo esta lógica, la desaparición del llamado Jefe Diego, podría ser un ajuste de cuentas por parte de criminales, no sólo para causar daño a un connotado panista, sino también para demostrar a la comunidad nacional e internacional que ellos son tan poderosos como para ejecutar libremente una acción de esa magnitud.
La segunda de las versiones apuntó hacia la guerrilla. Y es que, por la sola concatenación de referencias, esta posibilidad también resultaba lógica: la próxima semana, se cumplen tres años de la desaparición de los militantes del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Y si esto es así, ¿no podría pensarse entonces que el EPR pudo haber tomado como secuestrado o rehén a un personaje de la talla de Fernández de Cevallos, para presionar al gobierno a que dé respuesta en cuanto a los dos desaparecidos?
Ayer mismo, esta versión —que sólo fue aceptada por quienes no entienden la lógica y las acciones de reivindicación de los grupos armados— fue desmantelada por el propio EPR. A través de un comunicado, negaron cualquier relación con los hechos y, como era de esperarse, incluso se solidarizaron con los familiares de la víctima, dejando claro que si ellos mismos han sido objeto de la desaparición forzada de sus militantes (particularmente los levantados en Oaxaca el 25 de mayo de 2007), y conocen el dolor y la pena que eso provoca, no le pagarían al gobierno con la misma moneda.
En realidad, la versión que apuntaba al grupo armado, e incluso la que señala una acción de fines políticos por parte del crimen organizado, tienen poco sustento: Fernández de Cevallos no es integrante y, al contrario, aún siendo panista, ha sido un feroz crítico de la forma de gobernar del presidente Felipe Calderón.
Así, su desaparición y posible secuestro, es impactante por la relevancia que, nos guste o no, ha tenido en la vida política de este país en las últimas décadas; y porque esto deja ver que cualquier mexicano —independientemente de su condición social, posición económica o preeminencia política— puede ser blanco de la comisión impune de cualquier tipo de delito.
SOCIEDAD DESBOCADA
Un hecho de esa magnitud, rápidamente se convirtió en tema de conversación y debate en todos los niveles. Mientras propios y extraños se enfrascaban en hondos o superficiales análisis sobre las posibles vertientes de esta desaparición, muchos otros dejaron ver muestras de satisfacción, e incluso de alegría por el posible secuestro de Fernández de Cevallos.
Así, tanto en las redes sociales, como en los foros de discusión de todos los medios en los que se ventiló la noticia, no faltaron expresiones que trataban de decir que un secuestro o una ejecución, era lo menos que se merecía el llamado Jefe Diego, por todo lo que ha hecho en su vida profesional; que ojalá que las autoridades no lo localizaran con vida; o que éste sufriera tanto como padecen las cientos de víctimas que todos los días se enfrentan a la comisión de delitos como el que Fernández de Cevallos ahora vivía en carne propia. Así, en esa vertiente, abundaron las expresiones en los últimos tres días.
¿Es eso válido? Tal parece que, en el marco de la libertad de expresión, sí. Sin embargo, todos aquellos que han festinado, o que se han alegrado por la desaparición de Fernández de Cevallos, están también convalidando una afrenta que no está encaminada en contra del PAN, del gobierno federal o de los abogados postulantes de dudosa reputación. No. La afrenta, en realidad, es contra México.
¿Por qué? Porque lo que se festina, o por lo que se alegra, es la comisión de un delito que se llama secuestro, y posiblemente de otro llamado homicidio. Así, cada ciudadano que por equivocadas razones “políticas” se alegra de la desaparición de Fernández, está también convalidando acciones incalificables del crimen organizado. Pero eso, aunque nos sorprenda, es lo que hoy está pasando.
GAMBOA EN OAXACA
Ayer estuvo Emilio Gamboa en Oaxaca. Vino a asegurar el apoyo oaxaqueño, ahora que pretende ser dirigente nacional de la CNOP. Hubiera sido interesante que alguien le dijera que aquí, ese y los demás sectores del PRI tienen presencia y trabajo político arrinconados. Los operadores confían todo a la ingeniería electoral. Y, por decisión propia, a los organismos del PRI los tienen en el más completo de los abandonos.
almargenoaxaca.wordpress.com
Muy cierto el jefe diego ademas de ser un politico muy grillo ha de tener cuentas pendientes por ahí,pero de eso a patear al arbol caido se ve mal, coincido en que hay que dejarlo en manos de las autoridades ojala y no sea un caso que nos agravie mas a los mexicanos x la inseguridad.
La “afrenta” no es para México, si acaso para su familia, el pan y el “gobierno” panista. Yo no convalido la comisión de un delito, en el mejor de los casos, yo (y cientos de miles de mexicanos) lo vemos como la aplicación de la justicia -temporal, histórica, divina- o como le quieras llamar, pero lo que le sucede a ese individuo no es un crimen, es más tiene otro nombre y se llama la ley del talión. Históricamente la ley del talión constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza; así que insisto, no es un crimen lo que le suceda a ese hampón.