EPR: desaparecidos, una causa política ahora condicionada

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+ Confusión de delincuencia con guerrilla, ahora en caso DFC

La tarde del pasado lunes, el EPR emitió un nuevo comunicado, en el que reitera la afirmación de que ellos no son los responsables del secuestro o retención del ex senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos. Establecen importantes directrices sobre los intentos del gobierno federal por crear confusión, entre lo que es un grupo de guerrilla y uno de delincuentes; y lanzaron una fuerte advertencia sobre la tregua decretada a favor de la presentación con vida de sus propios desaparecidos.

Ayer martes se cumplió un mes de la desaparición del ex senador Fernández. En este tiempo, el constante silencio y la falta de información oficial y fidedigna, ha permitido la construcción de todo tipo de afirmaciones, señalamientos sin sustento, y especulaciones.

Una de esas teorías no corroboradas, y que además fue de las primeras en “popularizarse” —gracias a “manos” federales—, fue la relativa a que éste secuestro pudo haberse realizado por alguna célula del EPR, en base a motivaciones políticas y económicas, y para negociar el “intercambio” de Fernández de Cevallos por Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los dos eperristas que desaparecieron en Oaxaca la noche del 24 de mayo de 2007, y sobre los cuales el eperrismo continúa exigiendo respuestas al gobierno federal.

Una vez lanzada la acusación, los constructores de dicha teoría dieron algunos elementos para reforzar la idea de que el eperrismo era el responsable del plagio: Diego Fernández de Cevallos es un personaje de primer nivel en el escenario político nacional; el panismo gobernante se vería fuertemente desacreditado por un secuestro de alto impacto político como ese; el EPR es un grupo armado que tiene una afrenta abierta y declarada contra el gobierno federal por sus desaparecidos; el secuestro es una de las más viejas y perfeccionadas formas de reivindicación política y de “recuperación” de recursos económicos para los grupos subversivos; y el eperrismo habría sido el único grupo con la experiencia y capacidad logística y operativa como para realizar limpiamente una acción de esa magnitud.

El gobierno federal se negaba a aceptar, y aún hoy silenciosamente lo sigue haciendo, que un grupo criminal fuese el responsable del plagio del ex senador Fernández. Aceptarlo equivalía a tanto como también reconocer que, aún con sus estrategias anticrimen, éste podía golpearlos en la integridad de uno de los personajes más emblemáticos y respetados para el partido gobernante. Por eso desde el primer momento se lanzó la versión de que habría sido responsabilidad de la guerrilla el secuestro del panista.

Apenas tres días después del secuestro, el EPR —ya entendido como principal señalado por la acción— salió al paso para negar la versión. Ellos aseguraron que el secuestro está descartado en su organización armada desde hace una década como forma de obtención de recursos, y sobre todo que ellos no tendrían por qué reproducir las acciones del enemigo (el gobierno federal), quien sí ha lastimado y desaparecido a personas con fines políticos. Incluso, la Comandancia General se aparta de toda responsabilidad, porque asegura que ellos también conocen el dolor que provoca la desaparición de seres apreciados.

Sin embargo, de entonces a la fecha, la tendencia a responsabilizar a grupos subversivos, escisiones del EPR, no ha cesado. Se ha buscado, insistentemente, insertar el tema de los grupos armados en un asunto que, por todas sus características, es un hecho perpetrado por un grupo profesional de criminales. Ahí es donde se centra este nuevo capítulo de confusión deliberada, entre la delincuencia organizada y los grupos subversivos.

SECUESTRO ATÍPICO

Hasta ahora, lo que se ha establecido es que por la devolución de Diego Fernández de Cevallos, sus captores exigen la cantidad de 50 millones de dólares. Se dice que ha habido una comunicación pausada entre los secuestradores y los negociadores; que existe un alto nivel de organización en el grupo responsable del plagio; y que se tiene identificado que este grupo ya realizó otros secuestros también de larga duración, en los que obtuvieron montos igualmente millonarios, pero que fueron perpetrados sobre personajes de poca ascendencia política incluso en la región queretana.

A dicho grupo, el periodista Raymundo Riva Palacio lo ubica con tintes guerrilleros, y según fuentes gubernamentales, asegura que éste tiene como nombre “Ejército de Liberación Nacional”, y que es una escisión del EPR que opera en toda la zona huasteca del país. Por eso, Riva Palacio y otros informadores de la capital del país, ubican a los probables responsables como “una guerrilla”, y no como un grupo que realiza acciones de delincuencia organizada.

Nuevamente estamos frente a una confusión, que bien puede ser accidental aunque también puede ser intencional y deliberada. Desde que el EPR se alzó a la escena nacional, luego de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y después frente a los actos de sabotaje con los que volaron ductos de Petróleos Mexicanos en varias entidades del centro del país, el gobierno federal trató de presentarlos como delincuentes, como criminales y, sobre todo, como terroristas.

Ninguna de estas apreciaciones tiene sustento en la realidad. Incluso, el hecho de que hoy se responsabilice a una posible escisión del EPR por el secuestro de Diego Fernández, no tendría que ser motivo suficiente como para considerar nuevamente que la guerrilla perpetra este tipo de acciones; más bien, no pocos grupos criminales han buscado imitar los métodos y la eficacia de la guerrilla en cuanto a la ejecución de sus acciones. Confundir a quienes buscan meros fines económicos (la delincuencia) con quienes tienen motivos políticos en el ejercicio de la violencia (la subversión armada), parece más bien un intento más por legitimar la persecución y los excesos, en contra de algunas formas de la lucha política.

FIN DE LA TREGUA

El último párrafo del más reciente comunicado del EPR, dice lo siguiente “Ratificamos el compromiso hecho con la Comisión de Mediación desde un principio de mantener la tregua (…) No obstante, hacemos de su conocimiento que el gobierno debe dar muestras claras para la presentación de nuestros compañeros, el tiempo no puede ser de manera indefinida.” Los actos de sabotaje pueden reactivarse en cualquier momento.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

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