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AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad. 

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes. 

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales. 

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados. 

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22. 

TOMAN DISTANCIA 

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello. 

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO 

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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Comunicado del PDPR-EPR sobre el fin del proceso electoral en México

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

El proceso electoral en curso para relevar la junta administrativa de la burguesía está en su fase culminante, los estridentes golpeteos mediáticos de politicastros de todo signo partidista y las contradicciones no antagónicas entre los aspirantes a la silla presidencial se han guardado en los subterfugios de la “democracia”, para pasar de la diatriba a la “reconciliación”, he ahí la farsa y trampa de la democracia burguesa, que más allá de los matices que pueda adquirir cada seis años, su esencia radica en la legitimación del régimen y la dictadura del capital.

Desde el poder oligárquico ya se han establecido los mecanismos de sujeción para salvaguardar sus intereses y perpetuar la dictadura del capital, un sexenio más de reoxigenación del régimen está en marcha, de tal manera quea quien impongan le dé continuidad a los planes y programas que demanda la lógica del desarrollo capitalista, donde la explotación económica y la opresión política no se erradicarán, por el contrario, se profundizan, o en el mejor de los  casos, sólo se maquillarán para perfeccionar los mecanismos de expoliación.

El problema que origina la desigualdad económica e iniquidad social no es la corrupción, son las relaciones de producción capitalista, la corrupción es inherente a este régimen y mientras prevalezca, persistirá la podredumbre. Falso que el combate a la corrupción genere un cambio radical. La explotación y opresión del pueblo nunca terminará dentro de una república capitalista, cualquiera que sea la forma de su democracia burguesa.

La inconformidad social y el hartazgo popular se debe a la rapacidad del régimen imperante que por décadas ha apretado las cadenas de la opresión política y explotación económica. El verdadero trasfondo del proceso electoral es la exacerbación de la lucha de clases y la mediatización de la toma de conciencia del pueblo, se pretende canalizar toda expresión de ésta por los trillados causes de la democracia burguesa.

¿Qué alternativa de verdadera solución a los problemas socioeconómicos que aquejan al pueblo de México ofrecen los candidatos a ocupar el poder Ejecutivo y Legislativo? Ninguna en esencia, todas las “propuestas” que ofertaron durante el curso de las campañas se apegan a los dictados y necesidades del capital, ninguna fuerza política electoral se atrevió a desafiar al régimen capitalista y pugnar por los intereses de los oprimidos y explotados; nadie se comprometió a parar el terrorismo de Estado y la violencia que éste desborda sobre el pueblo, mucho menos a enjuiciar a los criminales de Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad como la detención desaparición forzada  por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales y múltiples violaciones a los derechos humanos.

La transformación histórica que el pueblo demanda jamás vendrá de las propias instituciones burguesas y de los administradores del capital, la única garantía para los explotados y oprimidos es la voluntad del pueblo en armas.

Como ya es costumbre de la política burguesa en México, cada seis años se pueden confrontar los grupos oligárquicos en la puja por arribar a la cúspide de la cadena de mando, pero al final de cada contienda electoral se reconcilian y cierran filas para continuar sojuzgando al pueblo, y este proceso electoral no es la excepción, más allá de las diatribas personales y de grupo, de la verborrea y las falacias vertidas por los políticos de oficio, todo se ha perfilado ya en la ruta de dar continuidad al oprobioso régimen capitalista.

¡Hermanas, hermanos, camaradas!¡Pueblo de México! Todo el andamiaje de la democracia burguesa está diseñado para legitimar a los verdugos del pueblo que cada sexenio administran los intereses de la oligarquía; para garantizar la continuidad del status quo capitalista, régimen inhumano que por naturaleza propia engendra la pobreza y miseria, la desigualdad e injusticia social, la violencia y terrorismo de Estado que azota al pueblo. Por eso constituye autoengaño fincar esperanzas en las miasmas de la democracia burguesa.

La transformación de México no se dará en las urnas, éstas sólo legitiman a los verdugos del pueblo, garantizan impunidad a los criminales de Estado y han entronizado la dictadura del capital. La transformación que demanda el país pasa por la destrucción del poder burgués y la construcción del poder político del pueblo, donde las masas trabajadoras del campo y la ciudad desarrollen su potencial revolucionario.

En México la revolución que demanda el país se desenvolverá en las calles a través de métodos revolucionarios, aquí es donde las masas trabajadoras habremos de reconquistar nuestros derechos conculcados y construir el futuro de México. Ni un voto más a la democracia burguesa, ¡Ni un voto a los verdugos del pueblo! ¡A fortalecer la revolución socialista!

 

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 54.

República mexicana, a 28 de junio de 2018.

La Comisión de la Verdad debe indagar la desaparición de eperristas

DESAPARECIDOS

+ No hacerlo demostraría su fin electoral, no la búsqueda de la verdad

 

La semana pasada, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario envió una carta a los integrantes de la Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO), en la que les ofrece toda la información que poseen sobre la detención-desaparición de sus integrantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Esto lo hacen en el contexto de la investigación que realiza la Comisión sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas entre 2006 y 2007 en Oaxaca. Para demostrar que su finalidad es conocer la verdad, y ser parte del maniobreo electoral, necesariamente la CVO debe pasar por la investigación de la desaparición de los eperristas y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello.

En efecto, durante la revuelta magisterial, y su secuela el año siguiente, ocurrieron diversos hechos que podrían constituir violaciones graves a derechos humanos —materia propia de la CVO—; pero sólo existen dos acontecimientos que generan, de forma incontrovertible, una responsabilidad ineludible para el Estado en Oaxaca. El primero de ellos es la muerte de Lorenzo San Pablo Cervantes, y el segundo, la desaparición de los dos eperristas.

¿Qué pasó con San Pablo? A finales de mayo de 2006, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.

En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.

En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.

Ahora bien, en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

 

LLAMADO EPERRISTA

Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.

En el caso de los eperristas, recientemente ese grupo armado afirmaba: “Oaxaca al igual que otros estados está lleno de fosas clandestinas donde se configura el testimonio del cometido de los crímenes de lesa humanidad fundamentalmente por motivos políticos. Denuncia popular que es sofocada y tergiversada desde las instituciones gubernamentales, funcionarios públicos y medios masivos de comunicación progobiernistas al presentar estos crímenes como delitos del fuero común entre seres desalmados, que nada tienen que ver con el aparato represivo, ni mucho menos con motivaciones políticas.

Dentro de esas denuncias que surgen desde diferentes fuentes populares se habla de los lugares donde fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado, en los años 2006-2007, como ‘en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec’”.

 

DEBER INELUDIBLE

La detención-desaparición de los dos eperristas es un hecho ampliamente documentado, que en las circunstancias actuales no puede negarse o menospreciarse. Por esa razón, la Comisión de la Verdad está obligada a ir a fondo en esa investigación y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello. Finalmente se trata de saber qué pasó y qué responsabilidades existen en torno a quienes sí fueron blanco de violaciones graves a derechos humanos. En el pináculo de esa investigación tendrían que estar los eperristas y Lorenzo San Pablo. Con eso, la CVO demostraría que tiene fondo y que no es un mero instrumento de golpeteo electoral.