Comunicado del PDPR-EPR sobre el fin del proceso electoral en México

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

El proceso electoral en curso para relevar la junta administrativa de la burguesía está en su fase culminante, los estridentes golpeteos mediáticos de politicastros de todo signo partidista y las contradicciones no antagónicas entre los aspirantes a la silla presidencial se han guardado en los subterfugios de la “democracia”, para pasar de la diatriba a la “reconciliación”, he ahí la farsa y trampa de la democracia burguesa, que más allá de los matices que pueda adquirir cada seis años, su esencia radica en la legitimación del régimen y la dictadura del capital.

Desde el poder oligárquico ya se han establecido los mecanismos de sujeción para salvaguardar sus intereses y perpetuar la dictadura del capital, un sexenio más de reoxigenación del régimen está en marcha, de tal manera quea quien impongan le dé continuidad a los planes y programas que demanda la lógica del desarrollo capitalista, donde la explotación económica y la opresión política no se erradicarán, por el contrario, se profundizan, o en el mejor de los  casos, sólo se maquillarán para perfeccionar los mecanismos de expoliación.

El problema que origina la desigualdad económica e iniquidad social no es la corrupción, son las relaciones de producción capitalista, la corrupción es inherente a este régimen y mientras prevalezca, persistirá la podredumbre. Falso que el combate a la corrupción genere un cambio radical. La explotación y opresión del pueblo nunca terminará dentro de una república capitalista, cualquiera que sea la forma de su democracia burguesa.

La inconformidad social y el hartazgo popular se debe a la rapacidad del régimen imperante que por décadas ha apretado las cadenas de la opresión política y explotación económica. El verdadero trasfondo del proceso electoral es la exacerbación de la lucha de clases y la mediatización de la toma de conciencia del pueblo, se pretende canalizar toda expresión de ésta por los trillados causes de la democracia burguesa.

¿Qué alternativa de verdadera solución a los problemas socioeconómicos que aquejan al pueblo de México ofrecen los candidatos a ocupar el poder Ejecutivo y Legislativo? Ninguna en esencia, todas las “propuestas” que ofertaron durante el curso de las campañas se apegan a los dictados y necesidades del capital, ninguna fuerza política electoral se atrevió a desafiar al régimen capitalista y pugnar por los intereses de los oprimidos y explotados; nadie se comprometió a parar el terrorismo de Estado y la violencia que éste desborda sobre el pueblo, mucho menos a enjuiciar a los criminales de Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad como la detención desaparición forzada  por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales y múltiples violaciones a los derechos humanos.

La transformación histórica que el pueblo demanda jamás vendrá de las propias instituciones burguesas y de los administradores del capital, la única garantía para los explotados y oprimidos es la voluntad del pueblo en armas.

Como ya es costumbre de la política burguesa en México, cada seis años se pueden confrontar los grupos oligárquicos en la puja por arribar a la cúspide de la cadena de mando, pero al final de cada contienda electoral se reconcilian y cierran filas para continuar sojuzgando al pueblo, y este proceso electoral no es la excepción, más allá de las diatribas personales y de grupo, de la verborrea y las falacias vertidas por los políticos de oficio, todo se ha perfilado ya en la ruta de dar continuidad al oprobioso régimen capitalista.

¡Hermanas, hermanos, camaradas!¡Pueblo de México! Todo el andamiaje de la democracia burguesa está diseñado para legitimar a los verdugos del pueblo que cada sexenio administran los intereses de la oligarquía; para garantizar la continuidad del status quo capitalista, régimen inhumano que por naturaleza propia engendra la pobreza y miseria, la desigualdad e injusticia social, la violencia y terrorismo de Estado que azota al pueblo. Por eso constituye autoengaño fincar esperanzas en las miasmas de la democracia burguesa.

La transformación de México no se dará en las urnas, éstas sólo legitiman a los verdugos del pueblo, garantizan impunidad a los criminales de Estado y han entronizado la dictadura del capital. La transformación que demanda el país pasa por la destrucción del poder burgués y la construcción del poder político del pueblo, donde las masas trabajadoras del campo y la ciudad desarrollen su potencial revolucionario.

En México la revolución que demanda el país se desenvolverá en las calles a través de métodos revolucionarios, aquí es donde las masas trabajadoras habremos de reconquistar nuestros derechos conculcados y construir el futuro de México. Ni un voto más a la democracia burguesa, ¡Ni un voto a los verdugos del pueblo! ¡A fortalecer la revolución socialista!

 

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 54.

República mexicana, a 28 de junio de 2018.

La Comisión de la Verdad debe indagar la desaparición de eperristas

DESAPARECIDOS

+ No hacerlo demostraría su fin electoral, no la búsqueda de la verdad


 

La semana pasada, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario envió una carta a los integrantes de la Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO), en la que les ofrece toda la información que poseen sobre la detención-desaparición de sus integrantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Esto lo hacen en el contexto de la investigación que realiza la Comisión sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas entre 2006 y 2007 en Oaxaca. Para demostrar que su finalidad es conocer la verdad, y ser parte del maniobreo electoral, necesariamente la CVO debe pasar por la investigación de la desaparición de los eperristas y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello.

En efecto, durante la revuelta magisterial, y su secuela el año siguiente, ocurrieron diversos hechos que podrían constituir violaciones graves a derechos humanos —materia propia de la CVO—; pero sólo existen dos acontecimientos que generan, de forma incontrovertible, una responsabilidad ineludible para el Estado en Oaxaca. El primero de ellos es la muerte de Lorenzo San Pablo Cervantes, y el segundo, la desaparición de los dos eperristas.

¿Qué pasó con San Pablo? A finales de mayo de 2006, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.

En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.

En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.

Ahora bien, en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

 

LLAMADO EPERRISTA

Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.

En el caso de los eperristas, recientemente ese grupo armado afirmaba: “Oaxaca al igual que otros estados está lleno de fosas clandestinas donde se configura el testimonio del cometido de los crímenes de lesa humanidad fundamentalmente por motivos políticos. Denuncia popular que es sofocada y tergiversada desde las instituciones gubernamentales, funcionarios públicos y medios masivos de comunicación progobiernistas al presentar estos crímenes como delitos del fuero común entre seres desalmados, que nada tienen que ver con el aparato represivo, ni mucho menos con motivaciones políticas.

Dentro de esas denuncias que surgen desde diferentes fuentes populares se habla de los lugares donde fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado, en los años 2006-2007, como ‘en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec’”.

 

DEBER INELUDIBLE

La detención-desaparición de los dos eperristas es un hecho ampliamente documentado, que en las circunstancias actuales no puede negarse o menospreciarse. Por esa razón, la Comisión de la Verdad está obligada a ir a fondo en esa investigación y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello. Finalmente se trata de saber qué pasó y qué responsabilidades existen en torno a quienes sí fueron blanco de violaciones graves a derechos humanos. En el pináculo de esa investigación tendrían que estar los eperristas y Lorenzo San Pablo. Con eso, la CVO demostraría que tiene fondo y que no es un mero instrumento de golpeteo electoral.

La estrategia de largo aliento del EPR, es la de la denuncia

EPR

+ Ocho años de sus desaparecidos; los 43 amplían su lucha


En el marco del octavo aniversario de la detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Ejército Popular Revolucionario ha refrendado su voluntad por continuar por la ruta de la denuncia y el trabajo político, antes que la lucha armada. Esta definición nunca antes había sido tan trascendente como ahora, porque el contexto político del país nunca había puesto al Estado mexicano en una verdadera situación de entredicho frente a las denuncias de grupos y organizaciones sobre la desaparición forzada de personas.

En efecto, si alguien tiene claramente definido que la ruta de la denuncia es la idónea, ese es el EPR. Esta vía, la de la denuncia nacional e internacional, por sí sola implica una estrategia política de largo plazo y amplio alcance. Esto lo apuntábamos seis años, cuando el EPR resolvió que la ruta de la denuncia era la más efectiva, aunque era una definción de muy largo plazo.

Y es que desde entonces, el EPR parecía tener claro que estos son tiempos en los que resulta tanto o más eficaz el diálogo entablado a través de la Comisión de Mediación (integrada por varios personajes de la vida social y académica ya fallecidos) combinado con la denuncia a nivel nacional e internacional. El EPR fue el primero en entender, hace años, que la guerra política tiene posibilidades de hacer tanto o más daño a las oligarquías y grupos de poder que persigue, con el inicio de una bien delineada estrategia política basada en la denuncia. Poco a poco se están allegando de las armas para fortalecer esa estrategia. Pronto veremos cómo se desarrolla.

Hoy todo eso queda refrendado con las posiciones que en primer término asume el EPR frente a la disyuntiva de qué hacer frente a las desapariciones forzadas de personas ocurridas en México en los últimos tiempos (las de sus militantes, pero también las de otras miles de personas, incluyendo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, que están cumpliendo a su vez ocho meses desaparecidos), pero también asumiendo una posición proactiva y propositiva frente a la situación, en medio de un escenario en el que el encono sigue siendo la constante incluso en los grupos que coinciden en el contenido y trascendencia de las demandas que plantean, también por los desaparecidos.

Y es que resulta que hace ocho años, la voz del EPR se alzó solitaria en un contexto en el que parecía que nadie quería hermanarse con ellos. En mayo de 2007, el EPR denunció la detención-desaparición en Oaxaca de dos de sus militantes, y desde entonces convocó a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a los gremios, y a quienes coincidían en la necesidad de cambios profundos para el país, que alzaran juntos la voz por sus desaparecidos. Fueron algunas organizaciones las que se unieron a su llamado. Pero en realidad hubo una actitud pasiva, testimonial y disimulada, de muchas de las organizaciones que hoy impulsan ese mismo llamado, pero que en aquel momento hicieron como que no escuchaban, y por ende no atendieron el llamado del eperrismo.

Ese llamado no tenía otro fondo, más que el de la unificación de la lucha, a través de la vía política. Seguramente de ahí es de donde resulta la parte más trascendente del llamado que hoy hace nuevamente el EPR de cara a la necesidad de la denuncia de la altísima incidencia de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.

Y aún así, no queda del todo claro si otros grupos organizados, como el normalismo del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sección 22 del magisterio de Oaxaca, y otras organizaciones, tengan verdadera convicción por dejar la conveniencia de la denuncia coyuntural, y se unan en un verdadero trabajo político en contra de las desapariciones forzadas en el país.

EL LLAMADO

“La lucha contra el terrorismo de Estado —dice el comunicado que emitió ayer martes el EPR en el marco del octavo aniversario de la detención-desaparición de sus dos militantes en Oaxaca— es una necesidad imperiosa que todos debemos enarbolar y asumir, pero ésta hay que organizarla, estructurarla y generalizarla antes de ser víctimas; los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy son hijos del pueblo, pertenecen al pueblo, son del pueblo, por tanto nos corresponde a todos enarbolar la exigencia de su presentación con vida.

“Los detenidos-desaparecidos no son ni uno, ni dos, tampoco decenas, son cientos de miles y nuestra lucha es por todos ellos, porque es la lucha de nuestro pueblo contra sus opresores que trasciende las afinidades sanguíneas y los estandartes políticos, las posiciones sectorialistas, localistas y sectarias sólo facilitan el cometido de más crímenes de lesa humanidad e impiden la unidad del pueblo, única arma político-organizativa en la lucha contra el terrorismo de Estado.”

Antes, en un comunicado fechado apenas el 5 de mayo pasado, y refiriéndose a este mismo tema, la Comandancia General del EPR había escrito: “Las tareas son muchas y tal vez los años que tendrán que pasar para ver liberado a nuestro pueblo de la explotación y opresión sean también muchos, por consecuencia, muchas son las batallas que habrán de librarse. Un saludo revolucionario a todos los que militan, combaten y colaboran en nuestras filas; un reconocimiento al militante que desarrolla su acción constructora en las masas, en las trincheras de nuestro ejército y las estructuras del PDPR. La consigna es ¡A seguir desarrollando las tareas estratégicas y tácticas de la presente etapa!”.

Vale la pena resaltar algunas cuestiones. Primera, que el llamado a la unificación de luchas es particularmente claro cuando señala que “la lucha de nuestro pueblo contra sus opresores que trasciende las afinidades sanguíneas y los estandartes políticos”. Y el llamado a seguir desarrollando las tareas estratégicas y tácticas de la presente etapa, no resulta ser otro que el de la denuncia. Esa es la etapa que están viviendo, porque como se veía desde entonces, esta es una forma de lucha trascendental que hoy tiene más posibilidad que nunca de prosperar ante la incapacidad del Estado de frenar y esclarecer la incidencia de este delito de lesa humanidad.

LA DEBILIDAD DEL INE

No son hechos aislados. La debilidad que enfrenta hoy el INE como autoridad electoral se enlaza perfectamente en este contexto de la búsqueda de cambios. Hoy la pregunta que debe ocuparnos es “¿cómo?”. Queda claro que hay mecanismos trascendentes, y hay otros que sólo llenan de oprobio el escenario y no provocan ninguna modificación de fondo.