Ecocidio de Chedraui: Ayuntamiento siempre fue su cómplice

+ Hubieron pifias jurídicas, actitud calculadora, y mentiras

Casi dos años después de ocurrida la tala de casi 200 árboles en un predio de la colonia Reforma, en la capital oaxaqueña, a manos de una empresa constructora de la cadena de tiendas de autoservicio Chedraui, puede verse que, en todo este asunto, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez actuó en base a simulación, complicidades y mentiras a la ciudadanía. Hasta hoy, no existe certeza alguna sobre la permanencia de la decisión municipal de no otorgar los permisos de construcción, tampoco sobre el monto y el pago de la multa impuesta a los infractores, y mucho menos sobre el destino que tendrá el llamado “Predio Sarmiento”, que fue donde ocurrió el ecocidio.

Nada es nuevo en este asunto. Más bien, resulta ser la constatación de aquella mala sospecha inicial, que apuntaba a que desde el inicio el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez actuó en base a cálculos e intereses políticos, y no como consecuencia de su preocupación por la ecología, o por hacer eco al rechazo ciudadano a ciertas decisiones oficiales. Así lo apuntamos desde julio de 2008. Y hoy, casi dos años después, el tiempo y el estado que guarda dicho asunto, parece darnos la razón.

Para no caer en la desmemoria, volteemos al pasado para recordar el origen de este asunto. La madrugada del 7 de julio de 2008, trabajadores de la constructora Ingrid, al servicio de Tiendas Chedraui, se apersonaron en un predio ubicado en la Colonia Reforma, y propiedad de la negociación, para iniciar las labores de limpieza previas al arranque formal de la edificación de una nueva sucursal de las tiendas de autoservicio.

Los vecinos de la zona, al constatar la tala de unos 185 árboles con motosierras y maquinaria pesada, se apersonaron en el lugar para impedir la continuación de esas acciones. Organizados, ese mismo día acudieron ante las instancias municipales, para protestar tanto por el otorgamiento de permisos de construcción en lo que ellos consideraban como un área verde, como por el hecho de que los particulares hubieran talado casi 200 árboles, sin que los funcionarios municipales encargados del cuidado ecológico tuvieran conocimiento, o actuaran diligentemente para frenar el ecocidio.

Los vecinos, y cientos de ciudadanos inconformes, se pronunciaron desde el primer momento porque el Ayuntamiento citadino, que entonces era presidido por José Antonio Hernández Fraguas, cancelara los permisos de construcción e impusiera una multa ejemplar contra los ecocidas. Éste respondió, en un primer momento, que aplicaría la multa y que se dejaría temporalmente sin efectos la licencia respectiva, pero advirtió que cancelar la construcción constituiría un desaliento para la inversión privada en la capital oaxaqueña.

Sin embargo, ante la reiteración de la exigencia ciudadana, unos 10 días después el Munícipe reaccionó anunciando que la Comuna había cancelado definitivamente los permisos de construcción, y que la regiduría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Tenencia de la Tierra, que entonces era encabezada por el hoy diputado federal por el PAN, Guillermo Zavaleta Rojas, preparaba los documentos legales a través de los cuales se impondría la multa ejemplar que exigía la ciudadanía.

Todo fue, a la larga, simulación. En el Ayuntamiento actuaron en base a los cánones de lo políticamente correcto, pero siendo también cómplices silenciosos de Chedraui. Veamos si no.

INEPTITUD CÓMPLICE

En julio de 2008, cuando ocurrió el ecocidio, dos personajes —hoy fuera del Ayuntamiento— fueron piezas clave en el fracaso de las acciones legales en contra de Chedraui: el edil con licencia Hernández Fraguas y el ahora diputado federal Zavaleta Rojas.

Este fracaso en las acciones legales, tampoco es nuevo. Vale la pena recordar lo que apuntamos en este espacio hace 14 meses respecto a cómo se había derrumbado la posibilidad de que el Ayuntamiento sancionara a Chedraui. En efecto, en abril de 2009, un Tribunal Colegiado de Circuito declaró inconstitucional la multa de 10 millones de pesos que el Municipio de Oaxaca de Juárez había impuesto a las tiendas de autoservicio. El argumento central era que no se había aplicado la ley correcta, y que tampoco tenía competencia legal la autoridad que impuso la sanción.

El lunes 13 de abril de 2009, aquí apuntamos que “la Ley del Equilibrio Ecológico es clara en el aspecto de las sanciones. El artículo 156, en su fracción I, señala que la multa máxima que puede imponerse a quien viole los preceptos de dicha norma, es de 20 mil salarios mínimos. Si, en números redondos, el salario mínimo vigente en Oaxaca [del año 2009] es de 52 pesos, la sanción a que podría hacerse acreedora dicha empresa sería, más o menos, de un millón 39 mil pesos. La imposición final del monto podría variar. Pero, por razones de legalidad, no podría rebasar la cifra antes establecida.

“Evidentemente, una multa de un millón de pesos, es a todas luces menos espectacular que una de 10 millones. La decisión de imponer esta última cifra, fue consecuencia del control de daños que pretendió hacer el gobierno municipal del presidente Hernández Fraguas para no tener que chocar frontalmente con la ciudadanía. En todo esto, caben únicamente tres preguntas:

“Primera: ¿Por qué quien actuó fue el entonces concejal de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Tenencia de la Tierra, Guillermo Zavaleta Rojas, y no la de Ecología, Ana Luisa Zorrilla Moreno? Segunda: ¿Si no fue en base a la Ley estatal mencionada, entonces qué ordenamiento basaron su espectacular multa de 10 millones de pesos, que recién fue declarada ilegal? Tercera: ¿Por qué en todo ese tiempo, nunca se notó la actuación del Instituto Estatal de Ecología?

“Tal parece que todo estuvo hecho, desde el principio, para que se declarara la ilegalidad de la sanción: la Ley del Equilibrio Ecológico legitima jurídicamente o al Instituto o a la Regiduría de Ecología de los Ayuntamientos, para imponer cualquier sanción; llama la atención, asimismo, que el Acuerdo del 16 de julio de 2008 fuese propuesto por la Regiduría de Desarrollo Urbano: Ni era la concejalía legitimada, ni era correcto el precepto en el cual basó la vistosa multa de 10 millones de pesos.”

COMPLICIDAD

Queda claro que si Chedraui evade definitivamente el pago de la multa, y pronto construye la sucursal en el predio en disputa, será gracias a su defensa legal, pero también por la complicidad de estos dos personajes, que a través de yerros deliberados y acciones calculadoras simularon estar a favor de la ciudadanía, pero protegieron los intereses contrarios.

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