+ Transmisión inédita: el origen del desacuerdo y la disputa
Ayer, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, presentó y dio posesión a un grupo de personas que conforman sendos Consejos, ciudadano, asesor y técnico, que se encargarán de conducir y vigilar los trabajos de entrega-recepción entre el actual y el nuevo gobierno. Junto con ello, anunció que enviaría una carta al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en la que lo invitaría a ajustar ciertos aspectos del decreto que, para esos efectos, ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado. Ante la insistencia sobre el tema de la transmisión del Poder Ejecutivo, vale la pena analizar el contexto, los mitos que se han creado alrededor de dicha tarea, y las posibilidades reales de entablar un proceso de entrega-recepción en las condiciones actuales.
Hoy, ante cada insinuación al respecto, queda más que claro que el nuevo gobierno tiene prisa por comenzar a revisar el estado que guarda la administración pública de la entidad, y que el gobierno saliente tiene todo el ánimo de retrasar dicho proceso.
En sus respectivas posiciones, cada uno de los actores involucrados tiene parcial razón. Los que conforman el gobierno de Cué Monteagudo, aciertan al asegurar que se debía de conformar el proceso de transmisión del Poder Ejecutivo bajo reglas y procedimientos más claros y menos premurosos que los hasta ahora anunciados. Quienes tienen bajo su potestad la administración gubernamental, afirman con razón que el periodo de gobierno culmina el próximo 30 de noviembre, que será hasta fechas cercanas a ese lapso, que iniciará el proceso de entrega-recepción, y que habrá, posteriormente, otro lapso de tiempo para aclarar los puntos oscuros que quedaren sobre dicho procedimiento.
En la misma proporción, ambos grupos parecerían estar en lo correcto… o equivocados. Quienes integran el gobierno entrante, observan con sospecha las dilaciones deliberadas que han asentado sus contrapartes, como una forma de ganar tiempo para sanear cuentas que posiblemente tuvieran problemas; del mismo modo, quienes integran el gobierno saliente, observan aparentemente extrañados, cómo las personas a quienes les entregarán la administración manifiestan cierta prisa por recibir cuentas, cuando el nuevo Mandatario ni siquiera goza consolidadamente de la calidad de Gobernador Electo.
Así, frente a todas estas razones, lo que esto resulta ser es un engañoso juego de espejos. Es así, porque todos están tratando de generar percepciones que ni son del todo correctas, pero tampoco son del todo equivocadas. ¿Por qué?
Porque sería ingenuo suponer, para cualquiera de las dos partes, que la responsabilidad de un nuevo gobierno podría iniciar aún cuando tienen todavía asuntos pendientes que resolver ante los tribunales en materia electoral; y porque sería del mismo modo poco serio suponer, para quienes se encuentran en “la cancha” del gobierno saliente, que su responsabilidad administrativa, penal o política por su desempeño como funcionarios públicos, se extingue al dejar el cargo.
Así, lo que parece claro es que este proceso de entrega-recepción está sirviendo como un arma política para enviarse mensajes recíprocos sobre sus respectivas actuaciones futuras. No existe otro motivo, además del golpeteo y los amagues, para que, unos y otros, apuren o dilaten una cuestión que irremediablemente tendrá que ocurrir, y sobre la cual de todos modos quedarán sembradas dudas, cuestionamientos y posibles persecuciones.
RESPONSABILIDAD REAL
El escenario político estatal tras la sucesión resulta ser inédito, porque en Oaxaca hubo no una competencia, sino una guerra por el gobierno estatal. El proceso de transmisión del Poder Ejecutivo de la entidad, no podría compararse con ningún otro de la República en la última década, porque tanto Oaxaca como Puebla y Sinaloa son escenarios que resultan ser consecuencia del que es el proceso sucesorio más complejo, competido y confrontado que podría haber ocurrido en el país.
Veamos si no. En 2000, el Partido Acción Nacional le ganó la Presidencia de la República a un Revolucionario Institucional que, bajo la batuta del presidente Ernesto Zedillo, había perdido toda su esencia y, en sentido llano, parecía que se había dejado perder; en diversas entidades de la República, el tricolor y otras fuerzas políticas han perdido sus respectivas hegemonías luego de complicados procesos de agotamiento interno.
En poquísimas ocasiones había ocurrido una elección en la que se enfrentara el Presidente de la República, como dirigente y operador electoral de su Partido (Felipe Calderón en relación al PAN), contra un priista de pura cepa, y también jefe indiscutible y operador electoral probado de su partido, como lo fue el gobernador Ulises Ruiz, en Oaxaca. Además de ello, aquí se enfrentó lo más puro del pragmatismo y la conveniencia de las fuerzas políticas, y se resolvió del modo más cuestionable —para la democracia— cuáles serán las nuevas reglas de la participación de los partidos en los procesos electorales locales y federales.
Esas son, apenas, algunas de las razones que hacen tan compleja esta transmisión de poderes. Aquí sí existen rencores y ánimos mutuos de revancha. Por eso, el proceso de entrega-recepción es visto lo mismo como algo que debe dilatarse lo más posible, que como algo que debería comenzar a ocurrir para revisar los ejercicios anteriores inmediatos.
Nadie debería irse con la finta. El proceso de entrega-recepción, en realidad, resulta ser un mero trámite, que se complementa con otros ejercicios de fiscalización y revisión de mucho mayor calado. La responsabilidad de los servidores públicos salientes no comenzará a extinguirse sino pasado un año luego de haber abandonado sus respectivos cargos. Así, los funcionarios entrantes tendrán mucho tiempo, mucha paciencia, y posibilidad de moverse a sus anchas, para revisar con lupa un ejercicio que, ciertamente, es tan sospechoso que merece ser revisado, por tantos excesos cometidos en los últimos años.
Así, tendrían, todos, que revisar tanto la Constitución local, la federal, y las respectivas leyes de responsabilidad de los servidores públicos. Ahí, y no en la entrega-recepción, está la clave de todo.
ACARREO
Si se supone que la Guelaguetza tiene una conformación actual específica para que la admiren los visitantes, llamó la atención la presencia mayoritaria de empleados del Gobierno del Estado. Con tanta invitación forzada, ¿cómo no se iba a llenar el estado Benito Juárez?
LO DEL LLENADO DEL ESTADIO BENITO JUÀREZ, COMO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA, HA SUCEDIDO EN AÑOS ANTERIORES.
EN EL 2006, IGUALMENTE OBLIGARON A LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A IR. ME CONSTA PORQUE A MIS TIOS NO LOS DEJARON ENTRAR EN EL PALCO “A”, A PESAR DE QUE CON BOLETO EN MANO EXIGÌAN SU LUGAR. EL ARGUMENTO PARA NO HACERLO FUE QUE EL AUDITORIO YA ESTABA LLENO; LLENO, CLARO, POR EMPLEADOS A QUIENES LES PASARON LISTA. UNA AMIGA MIA QUE TRABAJABA EN EL REGISTRO CIVIL ME CONFÌO QUE, POR SER ELLA EMPLEADA DE CONFIANZA ESTABA OBLIGADA A LEVAR POR LO MENOS DIEZ PERSONAS.
Definitivamente es un proceso en el que todos se cogen la razón, sin embargo, creo ambos están en su derecho, uno de exigir cuentas claras y el otro de esperar los tiempos estipulados.
Los más desprotegidos sin duda creo, son los usuarios de los servicios de gobierno, ya que los recortes en el presupuesto tiene maniatados a los servidores públicos quienes por instrucciones, deben poner todas sus energías y jornadas laborales a preparar el proceso de entrega recepción.