+ Derechos Humanos: la clave está en su tutela constitucional
El 23 de abril pasado, la gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB1070, la cual contemplaba la criminalización del estatus de inmigrante ilegal en ese estado, y también castigaba con pena de prisión a quien solicitara y brindara trabajo a personas con una calidad migratoria irregular. Luego de una fuerte polémica, hace tres días un tribunal federal de los Estados Unidos suspendió la aplicación de algunos de los aspectos más controversiales de dicha norma.
Como bien lo sabemos, y lo habíamos apuntado ya en otro momento, la ley SB1070 convertía a Arizona en la primera entidad de los Estados Unidos de Norteamérica en adoptar reglamentos federales de inmigración, y en acrecentar sus implicaciones al criminalizar otros aspectos relacionados con extranjeros indocumentados, tales como la sanción a los ciudadanos norteamericanos que empleen, alojen o presten ayuda a quienes no cuentan, en esa entidad, con una situación migratoria regular.
En ese sentido, era indudable que uno de los aspectos más controversiales de dicha norma se encuentra en la disposición que establece que los agentes policiacos de aquella entidad sureña de los Estados Unidos, podían solicitar documentación que acreditara la calidad migratoria regular de cualquier persona, cuando existiera la sospecha de que ésta podría ser un ilegal. Es decir, que autorizaba a requisar a cualquier persona solamente por su apariencia física, y sin necesidad previa de que ésta hubiera cometido una falta para poder ser molestado legalmente por la autoridad policiaca.
Ante tal conjunto de disposiciones, fue evidente el rechazo de amplios sectores de la población estadounidense, pero principalmente por los varios miles de latinoamericanos indocumentados y legales que viven en Arizona, y que por la sola promulgación de dicha ley serían molestados y obligados a portar los documentos que acreditaran su situación legal.
Los inmigrantes ilegales protestaban, con toda razón, porque esta sería la disposición directa que los obligaría a abandonar el territorio de aquel estado, o los haría una víctima potencial y permanente de molestias e intentos de extorsión convalidados por la autoridad. Los ciudadanos norteamericanos que también se sintieron ofendidos, fueron quienes tienen ascendencia y rasgos no anglosajones, y ahora, por ese solo hecho, habrían de ser nuevamente hostigados y, en buena medida, objeto de discriminación por parte de autoridades locales de Arizona.
Pero hubo un aspecto más. El mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, es un icono de la lucha en contra de la desigualdad, los señalamientos y la discriminación por motivos raciales. El Mandatario es un afroamericano que prometió en campaña para revisar ciertas políticas sensibles para las minorías. Dos de ellas, fueron la relativa a continuar combatiendo con toda energía la discriminación de tipo racial. Y la segunda, someter a un proceso de revisión profunda las leyes de la materia, para explorar la posibilidad de una nueva reforma migratoria.
Así, ante todas esas circunstancias, el gobierno federal de los Estados Unidos presentó una demanda para solicitar la invalidación de la ley comentada. Apenas hubo una resolución, en la que la primera victoria fue para quienes defienden no sólo a los latinos, sino la preservación de los derechos humanos en aquella entidad y en toda la Unión Americana.
BATALLA LEGAL
Ayer, el periódico El Universal informaba lo siguiente: “En una primera victoria para el presidente estadounidense Barack Obama, la juez federal Susan R. Bolton decidió ayer bloquear parcialmente algunas de las disposiciones más polémicas de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona para evitar que las instituciones del gobierno federal pierdan su rol histórico en la regulación de la política migratoria y para impedir que los cuerpos policiales locales inicien una cacería de sospechosos de residir ilegalmente en ese estado.
“En una resolución de 36 páginas, la juez Bolton decidió poner en suspenso la parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que convertía en delito que los trabajadores indocumentados soliciten o en su caso tengan empleos. El fallo de la juez es en respuesta directa a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la ley Arizona; aún quedan seis demandas pendientes en contra de la legislación.
“En sus conclusiones, Bolton declaró que las citadas partes de la legislación deben quedar en suspenso hasta que los tribunales federales resuelvan sobre los problemas que conllevan. Unos problemas que, al menos para Bolton, no pueden obviar lo que ya ha establecido la Suprema Corte en casos precedentes y lo que dice la letra de la Constitución.”
¿Qué significa esto? Casi nada: que la discusión de fondo en este asunto se encuentra enmarcada por el respeto a ciertos derechos humanos que tienen el carácter de universales. Independientemente de que en México se denominen “garantías individuales”, en Estados Unidos estén contenidas en las enmiendas, o sean consideradas por la doctrina jurídica como derechos subjetivos públicos, lo cierto es que los derechos humanos son aplicables independientemente del marco jurídico, y conllevan el imperativo de ser respetados en todo tiempo, en todo lugar, y por toda autoridad.
La Gobernadora de Arizona asegura que promulgaron dicha ley para “ayudar” al gobierno federal de aquel país con la tarea de inmigración. Pero ni en esa, ni en ninguna otra democracia, parecen ser aceptables cambios legales regresivos. La Ley SB1070 hacía retroceder a todos aquellos que han luchado por la igualdad y el respeto a las minorías. Por esa razón, por la ponderación de los derechos humanos en los órganos jurisdiccionales, es que un tribunal federal decidió suspender la aplicación de los aspectos discriminatorios y segregacionistas contenidos en la Ley Arizona.
FANTASMAS HISTÓRICOS
El estadounidense común sí está transitando por periodos de regresión. Es lo que los está llevando nuevamente a su propio proteccionismo, y la búsqueda de posibilidades a través de las cuales pueda seguir aislándose y diferenciándose, de todos aquellos que no son iguales en raza o color, a ellos. La Ley Arizona fue un primer intento. Habrá varios más dentro de poco tiempo.
