Órganos autónomos: nuevo gobierno no debe crear, destruyendo

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La coalición legislativa que hace dos días formalmente conformaron las fracciones parlamentarias electas del PAN, PRD, PT y Convergencia, deben tener cuidado de no querer construir su legitimidad, destruyendo no la reputación de determinadas personas, sino de instituciones que, nos guste o no, son garantes del incipiente avance democrático del que ellos mismos ahora son beneficiarios.

Desde hace algunas semanas, varios de los próximos legisladores de las fuerzas antes mencionadas, iniciaron un golpeteo sin otro sentido más que el de una equivocada idea política, en contra tanto de quienes integran los órganos autónomos, como de su funcionamiento mismo y permanencia en el marco jurídico local. Esta actitud, lejos de beneficiar en algo, resulta ser nociva para la salud política de la entidad, por los antecedentes y razones que enumeraremos en las líneas siguientes.

Ocupémonos primero del contexto en que surgieron algunos órganos como el Instituto Estatal de Acceso a la Información, la Auditoría Superior del Estado y, tiempo antes, el Instituto Estatal Electoral. Hasta el momento, son las tres entidades sobre las cuales las hasta ahora fuerzas de oposición han venido enfilando sus baterías, y a los que podría sumarse el Tribunal Estatal Electoral, si emite un fallo sobre la elección de Gobernador, que no satisface a sus intereses.

Cada uno de esos órganos, pero particularmente la Auditoría y el Instituto de Acceso a la Información, son en parte consecuencia de una fragorosa lucha social, compartida por las fuerzas que este año abanderaron al senador Gabino Cué en sus aspiraciones de conseguir la gubernatura del Estado. En efecto, la creación constitucional de esos dos órganos se vio acelerada, e incluso orillada, para el régimen en el poder, por el conflicto magisterial y popular de 2006.

Si se recuerda, antes de aquellos acontecimientos violentos, tanto el gobierno de Oaxaca como el Congreso del Estado, ya eran blanco de fuertes cuestionamientos por parte de la opinión pública local y nacional, por la resistencia que habían mostrado en cuanto a la creación de entidades vigilantes de la función pública que ya existían en el ámbito federal, en la mayoría de las entidades federativas, y que gozaban de mayores atribuciones que cualquier otro órgano hasta entonces existente.

No fue sino hasta que la entidad —y el régimen gobernante— estaba en lo más hondo de la crisis magisterial, y de su propia crisis particular de legitimidad política, que el Gobernador del Estado envió al Congreso una primera iniciativa de ley de acceso a la información, que fue aprobada en septiembre de 2006, la cual establecía la creación de un Instituto encargado de ese rubro, pero también condicionaba la entrada en vigor de la norma para 18 meses posteriores al de su publicación.

Del mismo modo, la Auditoría Superior del Estado se creó por un mandato de la Constitución federal que, sin embargo, fue acelerado por el grupo gobernante, en el ánimo de mostrar voluntad democrática por la rendición de cuentas, y por recuperar legitimidad luego del fuerte desgaste y los acontecimientos ocurridos durante la crisis magisterial.

Es decir, que de no haber ocurrido los episodios violentos de la revuelta magisterial, la creación de esos órganos —junto con la consolidación de las fuerzas políticas de oposición, que antes eran sólo minoritarias, representativas, orgánicas y legitimadoras de la mayoría aplastante y corruptora del priismo— habría tenido un proceso mucho, pero mucho más lento que el que tuvo, y por el que todos juntos hoy tienen un papel preponderante en la escena política local.

CREAR DESTRUYENDO

No les falta razón a los integrantes de la Coalición opositora, cuando manifiestan desconfianza por quienes integran órganos como el Instituto de Transparencia, o la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, la réplica a esos cuestionamientos se encuentra, nos guste o no, lejos de cualquier dilema moral o baño de pureza: está en el ejercicio puro del poder, y sus condicionamientos particulares.

¿Qué habría hecho Gabino Cué Monteagudo, por ejemplo, si como gobernador de Oaxaca en el periodo 2004-2010, a él le hubiera tocado el momento histórico de la formación de esos organismos? Sin dudarlo un momento podríamos afirmar que, no en el contexto de su próximo gobierno sino en el actual, habría hecho exactamente lo mismo que los actuales gobernantes. Es decir, habría impulsado a personajes afines a su causa para ocupar dichos cargos —como quizá lo haga, si logra la pronta remoción de los actuales integrantes de tales entes.

Sin embargo, habría que diferenciar específicamente entre las personas, los cargos, y sus respectivos desempeños. Vayamos a los hechos. Es innegable que Lizbeth Caña Cadeza es una persona cercana al grupo del gobernador Ulises Ruiz, lo mismo que los integrantes del Instituto de Transparencia, quienes fueron igualmente impulsados desde el gobierno estatal por una razón política y de grupo, y no por sus cualidades personales o profesionales.

Sin embargo, cada uno en su respectiva función medianamente ha buscado cumplir con su misión, y abrir la brecha para que, en el futuro, esos organismos alcancen su autonomía y funcionalidad material plena. Esa es una razón política, y de poder, que ninguno de los hasta ahora descalificadores de esos órganos ha querido tomar en consideración; y más bien todos han transitado por el camino de la descalificación a priori.

Nadie de quienes ahora descalifican a los personajes y a los órganos, ha dicho algo de cómo tendrían que fortalecerse dichas instituciones. Todo lo que hasta hoy han demostrado, son fobias y sectarismos políticos. Sólo estarán legitimados a exigir la destitución de la auditora Caña, y de los Comisionados del IEAIP, si las atribuciones de dichos entes son reforzadas, y éstos se niegan a cumplir con el mandato que se les confió. No deben confundir una actitud democrática y de avanzada, con el reduccionista y nocivo “quítate tú para que me ponga yo”. Primero, que los pongan a prueba.

QUE RENUNCIE

Ayer, la agencia Quadratin, que dirige la periodista Guadalupe Thomas, dio cuenta de cómo el encargado de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Miguel Ángel Bustamante Underowood, vacaciona mientras la capital está vuelta un caos. ¿Y José Antonio Hernández Fraguas dónde está? Aquel debería renunciar; y éste, debería volver a su cargo, para componer el tiradero en que se encuentra la Verde Antequera.

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