Reducir edad penal, una peligrosa regresión jurídica futura

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Aunque parezca una discusión meramente teórica, nadie debería pasar por alto intenciones tan poco claras, como las que ayer manifestó en una entrevista con un diario local, el regidor de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Eduardo Castillo González, respecto a la llamada edad penal, que se requiere para que una persona pueda ser juzgada por los tribunales jurisdiccionales penales, o por la también llamada justicia para adolescentes.

En la entrevista que publicó ayer El Imparcial, Castillo dijo que “la edad penal debe reducirse de los 18 a los 16 años, dependiendo de los delitos, ya que un joven que viola y lesiona a una persona ya tiene un intelecto suficiente para saber cómo cubrir una necesidad sexual, lo que quiere decir que es responsable de compurgar la sanción”, y aseguró que “en la delincuencia organizada, están integrados jóvenes menores de edad que, si son capaces de ejercer este tipo de actividades, son también perfectamente capaces de recibir una sanción del Estado”. Esta visión, lejos de revelar sensibilidad y preocupación por un tema delincuencial tan común de este tiempo, más bien deja ver lo retrógradas, poco informadas y aventuradas que pueden llegar a ser esas ideas anticipadamente inquisitorias.

Quizá el regidor Castillo González, al asegurar lo anterior, ignora el contexto en el que hace apenas dos años ocurrió una importante reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes, motivada no sólo por preocupaciones genuinas respecto al trato judicial que se le daba a los menores infractores que eran procesados como delincuentes con mayoría de edad, sino también por las disposiciones que, en el ámbito internacional, rigen la materia, y que obligaban a México a adoptar ciertas disposiciones como las que ahora existen sobre justicia para adolescentes.

Lo primero que el regidor Castillo debía preguntarse, es si piensa no sólo en el corto plazo de la delincuencia, sino también en el futuro. Como él mismo debe saberlo, los centros penitenciarios del país, no tienen una sola característica de centro de readaptación social. Al contrario: las cárceles del país, son auténticas universidades del crimen, en las que alguien que ingresa por un proceso de delincuencia común, sale postgraduado en otros rubros de la criminalidad, más “especializados” y que contemplan mayor violencia. Es decir, en todas o alguna de las vertientes de lo que se denomina delincuencia organizada, y que incluye el secuestro, narcotráfico, extorsión y demás.

Pues bien, si el regidor Castillo asume eso como una realidad, entonces debería saber que nada menos que a eso, es a lo que se encontraban expuestos los menores infractores que, teniendo más de 16 años de edad, eran procesados penalmente como adultos e ingresados a centros penitenciarios, y no a tutelares para menores. Cuando esa disposición era vigente, la única “ventaja” habida para esos delincuentes juveniles que eran tratados como adultos, era que tenían la posibilidad de acceder a menor edad a las denominadas “grandes ligas” de la delincuencia.

Por esas razones, si el Concejal lo desconoce, existen diferencias sustanciales entre una cárcel y una “correccional”, y por esas mismas razones se buscó aumentar, y no seguir disminuyendo, la edad mínima para que un menor pudiera ser procesado penalmente como adulto. Las cárceles son, en México, un concentrado de delincuentes que se amasan y se perfeccionan; mientras que las “correccionales” son centros en los que aún se intenta que los menores infractores se integren a la vida social, educativa y laboral de la comunidad, a través de la preparación académica, el aprendizaje de un oficio, y la utilización de herramientas de tipo psicológica para corregir ciertas conductas que desencadenan la comisión de delitos.

VISIÓN EQUIVOCADA

Existe la idea de que la justicia para adolescentes, hoy, promueve la impunidad. Esto se deduce, erróneamente, porque mientras hace unos años un adolescente de 16 años era juzgado como adulto, hoy éstos deben ser tratados como menores, juzgados por tribunales especializados, y proveídos por una ley particular que establece más de una docena de medidas previas, antes de decretar la reclusión de un menor en un centro de readaptación con características particulares. Tanto el regidor Castillo, como todos aquellos que tienen esta idea equivocada, deberían tener más perspectiva y preguntarse por qué fueron establecidas estas medidas aparentemente tan “blandas”, que promueven la impunidad.

La respuesta está, sin duda, en el hecho de que la ley debe contemplar las posibilidades del corto, pero también del mediano y largo plazo. Nada se gana con “esconder” a todos aquellos a quienes comúnmente se les considera como escoria social. Nada se gana con encerrarlos y dejarlos que se pudran en prisión. Nada se gana con fomentar que la justicia penal tenga como fin la reclusión de personas en centros en donde no existe la readaptación, sino más bien, en los que se promueve la especialización del crimen; nada se gana con pensar que si los menores infractores son tan “machitos” para delinquir, también lo serán para enfrentar una sanción penal que, de origen, está viciada.

La juventud es el momento más vulnerable para una persona. En el país, el primer intento que se está haciendo por fomentar un verdadero proceso de readaptación social de los delincuentes, es precisamente con los adolescentes. Un menor a quien se consiga reinsertar en la sociedad hoy, será un delincuente menos a quien tendrá que perseguir el Estado en el futuro, y será una amenaza menos para la sociedad.

Quién sabe si el regidor Castillo tiene este tipo de antecedentes que, en este espacio, y a grandes rasgos, enumeramos. Quién sabe si comprenda que la discusión sobre la edad penal entraña muchos más aspectos, que las simples ocurrencias y la visión obtusa de algunas personas que, como él, son víctimas de la ignorancia. En fin.

NERVIOSISMO

En el gobierno estatal, comienza a haber nerviosismo entre algunos trabajadores de nivel de mandos medios. A los que participaron en las llamadas “redes” que operó Alejandro Figueroa Herrera, con una “renuncia” forzada y anticipada, les están queriendo “cargar el muerto” de la derrota del pasado 4 de julio. Como si ellos, y no los “generales” de la campaña tricolor, hubieran sido los responsables de la debacle. Un revanchismo torpe, en contra de los más vulnerables.

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