Transporte: gobierno se deslegitima con tema “legitimador”

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+ Persecución a corrupción en el sector, se volvió complicidad

Hace poco más de cinco años, la entonces recién iniciada administración en el Gobierno del Estado, pretendió dar un golpe de legitimidad, y deslinde con sus antecesores, a través de la persecución a presuntos actos de corrupción, relativos al transporte público concesionado. Hoy, queda claro que dicha persecución no sólo quedó en el olvido, sino que sobre los actuales funcionarios encargados de la regulación del transporte pesan cuestionamientos aún mayores que los de sus antecesores. Esta fue, pues, una persecución que se convirtió en complicidad.

Quizá no sea un dato que se tenga fresco. Pero en noviembre de 2005 se anunció la dimisión de la Coordinación de Transporte, de su hasta entonces titular, Aurora López Acevedo. Menos de dos meses después, comenzaron a revelarse detalles sobre un presunto fraude masivo en cuanto a la falsificación de concesiones de los llamados “taxis foráneos”.

Para los primeros días de abril del año siguiente (2006), un juez del fuero común libró sendas órdenes de aprehensión en contra de la ex Coordinadora de Transporte, y quienes fungieron como sus directores de Transporte y Jurídico, respectivamente, Horacio Sainz, y Eduardo Alberto Franco.

Primero al momento de librarse la orden de aprehensión, en abril de 2006, y luego el 27 de marzo del año 2007, estos dos últimos personajes fueron detenidos por un grupo de élite de la PGJE, bajo el cargo de falsificación de documentos. En la primera detención, Sainz y Franco obtuvieron su libertad al día siguiente de ser aprehendidos. En la segunda ocasión, ambos pasaron una temporada mayor en prisión. López Acevedo se sustrajo permanentemente de la acción de la justicia.

A partir de entonces, el Gobierno del Estado pretendió “vender” a la ciudadanía la idea de que en esta administración no habría impunidad. Hubo un permanente intento de linchamiento mediático, en contra de todos los actores administrativos y políticos que, voluntaria o involuntariamente, tenían algún grado de involucramiento con el asunto. Para el gobierno actuante, éste era el asunto que necesitaban para hallar un argumento de legitimación frente al electorado, y de deslinde respecto al grupo que lo antecedió en el poder gubernamental estatal.

Sobre el asunto de las concesiones, nunca se supo más que la nota para el anecdotario. En diversas ocasiones, los funcionarios que sucedieron a López Acevedo aseguraron que se habían descubierto hasta ocho mil concesiones falsificadas; hacían cuantificaciones del monto supuestamente obtenido por la estafa.

Y aseguraban que librarían todas las batallas legales que fueran necesarias, para dejar sin efectos todos los documentos que no cumplían con los requisitos de legalidad indispensables. Además, señalaban que se emitiría una Ley de Transporte, que regulara de mejor modo todas las actividades de los transportes concesionados, y que eliminara la total anarquía que entonces prevalecía en ese sector.

Lo cierto es que nunca ocurrió nada de todo aquello que prometieron. Hoy, a través del solo método de la observación, puede corroborarse que la masificación del transporte público continúa siendo una constante; que nunca pudieron meter en cintura a los transportistas que no contaban con sus documentos en regla; que siempre cedieron ante la presión política, ante el chantaje, o ante las acciones de presión que emprendían unos y otros, legales e ilegales, para conseguir sus fines.

Lejos de combatir la corrupción, como tanto lo prometieron, pronto salieron a relucir sospechas de que el negocio del tráfico de concesiones continuaba. Es decir, que sólo había cambiado de manos. Y eso, dejaba ver que los persecutores se habían convertido en cómplices de todo lo que antes habían condenado, al sucumbir frente a las tentaciones de la corrupción. Y, por si fuera poco, nada de eso les bastó para seguir alimentando sus intereses.

COTRÁN, AL SERVICIO

DE LOS CONCESIONARIOS

Durante el conflicto magisterial y popular de 2006, el transporte público fue uno de los sectores fuertemente agredidos por los grupos inconformes. En diversas ocasiones, sus autobuses fueron objeto de incendios, secuestro y destrucción. En total, los mismos concesionarios aseguran que unas cincuenta unidades fueron dañadas, y otras docenas más dañadas parcialmente. Ante los daños, los transportistas pactaron con el gobierno la restitución de sus pérdidas.

En efecto, tal pacto ocurrió, pero ambos grupos (concesionarios y gobierno) pactaron a costillas del usuario. Los dueños de las unidades, exigían que “alguien” les pagara los daños que ellos habían sufrido. Los funcionarios, se dijeron dispuestos a ceder ante las pretensiones de los particulares. Unos y otros no vieron, o no quisieron ver, o les importó un cacahuate, que el designado para pagar los daños, había sido un sector mucho más golpeado, agredido y menoscabado que ellos: el de los usuarios.

Así, en diciembre de 2007 se pactó un incremento que en nada correspondía ni a la inflación, ni al mejoramiento en la calidad del transporte, ni a la seguridad y garantías que éstos brindan a los usuarios. La tarifa, en aquel momento, aumentó casi un treinta por ciento, en relación al monto anterior. Pasó de tres pesos con cincuenta centavos, a 4.50 pesos por pasaje.

La Cotran, justificando sus decisiones y protegiendo los intereses de los concesionarios, aseguró que el transporte público mejoraría, que se renovaría la flota camionera, que se contratarían seguros para el usuario, que los conductores tendrían mayor capacitación y que, en general, la atención al público mejoraría.

Los hechos hablan por sí mismos: el servicio no mejoró; cualquier mejoría parcial se diluyó frente a la alta incidencia de muertes imprudenciales en las que están relacionadas unidades de transporte público. Y hoy, aún frente a esos incumplimientos, los bribones concesionarios nuevamente se dicen “quebrados” y extenuados, para solicitar un nuevo incremento que, dicen, podría llegar hasta a los 7.50 pesos.

TRANSACCIÓN POLÍTICA

El colmo: en una entrevista concedida a un portal web, el concesionario Erasmo Medina aseguró que ellos exigirán el incremento a la tarifa, a cambio del apoyo político que dieron a las campañas priistas. Están cobrando el favor. Que sostengan su palabra quienes prometieron. Pero que paguen ellos, no los usuarios. Sería lo justo.

2 COMMENTS

  1. MI COMENTARIO es que si se tomamos al estado de oaxaca como un laboratorio político es por que tomamos un partido como nuestro como todo,tomamos sus colores como lo que nos “DIFERENCIA”esa pienso yo es lo que HACE TANTO “DESMADRE”Y NUESTRO NIVEL ACADEMICO por eso digo que la política en oaxaca esta “COMPLEJA”.

  2. EN MI COMENTARIO A TRANSASION POLITICA,la representan en parte Erasmo medina y el gobierno saliente por eso digo que para salir adelante necesitamos QUE SEPONGA ATRABAJAR ALOS POLITICOS (sin distinción de partido o de colores) y al gobierno DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO. Y SI NECECITAN PAGAR LOS POLITICOS QUE PROMETIERON PUES QUE PAGEN Y QUE DEJEN DE CHINGAR AL PUEBLO QUE YA SUFICIENTE QUE PAGAR TENEMOS.

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