Juicio Político vs URO: la exoneración estaba anunciada

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+ Artilugios legalistas, no legítimos, fueron más eficaces

Ayer jueves, en el Congreso del Estado se discutió y resolvió el polémico procedimiento de juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El resultado final fue el esperado: tras una deliberación aparentemente acuciosa, se determinó que no existía responsabilidad alguna en el Primer Mandatario, respecto a los hechos violentos ocurridos durante el conflicto magisterial y popular de 2006 y 2007. Nada se salió del argumento legal, limitativamente legalista, e incluso ilegítimo, que desde un principio trazaron los diputados para librar al actual régimen de cuestionamientos y procedimientos futuros.

Hace un par de semanas, en nuestras entregas del pasado 1 y 2 de agosto, en este espacio establecimos que aún cuando la Constitución Política del Estado no contempla la posibilidad ni causas específicas por las que quien ostenta el cargo de Gobernador, pueda ser procesado en Juicio Político, la Constitución General de la República sí establece ciertos criterios para la procedencia de dicho procedimiento, y que incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte refuerza la esta posibilidad, además de reprochar que algunas Constituciones locales no establezcan expresamente la procedencia del Juicio Político en contra de los titulares respectivos del Poder Ejecutivo de las entidades federativas.

Atendiendo a estos criterios, pudo establecerse que sí era posible la procedencia de dicho juicio en contra del gobernador Ruiz, pero que habría que revisar a detalle las causas y los argumentos que habrían motivado tal solicitud ante la Cámara de Diputados. En nuestra entrega del 2 de agosto, establecimos que dicho juicio se había solicitado en base a las responsabilidades que se habían señalado en la investigación sobre presuntas violaciones graves, que había realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la revuelta magisterial de 2006 y el año siguiente.

También señalamos que en el dictamen final de esa investigación, los ministros de la Suprema Corte se limitaron a enunciar las violaciones, pero se abstuvieron de señalar responsabilidades expresas porque eso rebasaba el límite de esa atribución. Sin señalamiento no podría haber acusación sustentada, y mucho menos la posibilidad de que hubiera una sentencia condenatoria. Preverlo no era cuestión de gurús ni de dotes adivinatorias, sino del uso de la simple lógica relativa a los preceptos jurídicos.

Por eso, el 2 de agosto apuntamos, expresamente, que “si en realidad el Congreso del Estado tomó como base lo establecido en el engrose del dictamen sobre el llamado Caso Oaxaca, entonces no hay mucho qué esperar. El asunto, para el Gobernador y los demás involucrados, pareciera ser mucho menos grave y complejo de lo que parece. Y por eso mismo, el final de toda esta historia podría ser que, además de dejar cancelada toda posibilidad de reabrir otro procedimiento de esa naturaleza por los hechos del 2006, los procesados en juicio político por el Congreso del Estado tuvieran una sentencia favorable a sus intereses.”

Ahora se sabe, como también se previó desde entonces, que el fondo de este asunto era el de solventar aquel principio constitucional denominado “non bis in idem” (“no dos veces lo mismo”), que establece, en el artículo 23 de la Constitución federal, que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.

Así, pues, había que apresurar el trámite y resolución de este juicio político relativo a los hechos violentos de 2006 y 2007 no para llegar a un acto de justicia, sino para utilizar a su favor un precepto legal que impidiera una posible reapertura de dicho procedimiento en el futuro, y que por tanto brindara certidumbre de que el actual Mandatario no fuese molestado después, al menos políticamente, por ese asunto.

EFECTO CONTRARIO

Todo esto parece demasiado pedestre como para ser un simple asunto de blindaje en términos políticos. Tiene mucho de eso, pero bien podría no ser lo único. En realidad, este “procesamiento” y exoneración por parte del Congreso del Estado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz por los hechos violentos de 2006 y 2007, podría ser el inicio de una andanada de descalificaciones en contra de quienes, desde el bando contrario, también encabezaron los disturbios durante aquellos años.

Ayer, el diputado presidente del Congreso del Estado, Herminio Cuevas Chávez, asumiendo una posición de franca defensa del Mandatario procesado, cuando se le preguntó ayer en entrevista colectiva, si no existía responsabilidad en el Gobernador por no haber atendido las demandas presupuestales que dieron origen al conflicto magisterial, dijo textualmente lo siguiente:

“Lo que pasa es que sólo se han definido condiciones solamente para el gobernador, pero han olvidado la historia, cómo inicia el conflicto del 2006, con una demanda presupuestal que el Gobierno del estado no lo tiene, con una demanda que tenemos que acudir a la federación para resolverlo, con una participación tardía de la federación en el caso de Oaxaca; con una participación que cuando ellos llegaron a Oaxaca fueron los que comenzaron  a violentar. Eso ya se les olvidó, a las organizaciones sociales, al magisterio, a la APPO, que violaron los derechos de particulares. Vimos cómo saqueaban negocios, extorsionaban a la gente, asaltaban a la gente, eso se les ha olvidado y nada más están enjuiciando a una persona y la historia no va a juzgar a una persona, sino que los va a juzgar a ellos por los hechos del 2006, por todo lo que sucedió…”

¿Qué ahora sí el gobierno va en contra de sus antiguos adversarios? ¿Quedaron atr{as entonces los pactos oscuros a través de los cuales unos y otros se concedieron múltiples y recíprocas condiciones de impunidad, a cambio de la paz, la gobernabilidad y la permanencia del régimen en la entidad? Este podría ser el punto de inicio de una venganza. Si en el sector oficial ya son “legalmente” inocentes, entonces ahora sí podrían ir por sus contrarios. Ya nada los pone en riesgo.

¡FELICIDADES!

Hoy, TIEMPO cumple nueve años de existencia como publicación diaria. Gracias a usted lector por su amable preferencia. Gracias a los anunciantes por brindarnos su confianza. Es momento, pues, de enviar felicitaciones y un abrazo sincero a nuestro director, Wenceslao Añorve, y a todos nuestros compañeros, que con su mejor esfuerzo, todos los días hacen posible este diario. ¡Enhorabuena!

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