+ Atender y denunciar: un binomio poco útil
A estas alturas, ya nadie sabe bien a bien si la diputada Carmelina Cruz Silva ayuda o perjudica a los no pocos defraudados de las cajas de ahorro populares de Oaxaca. Desde que tomó las riendas de ese asunto, y durante los meses que se ha dedicado casi exclusivamente al tema, ha sido lo mismo un signo de interlocución entre los quebrantados y el poder público, pero también un símbolo de imprudencia, desatinos y protagonismos con los que ha terminado haciéndole el favor a los defraudadores, pero con los que también ha provocado más incertidumbre que acciones positivas para quienes perdieron su patrimonio económico.
En efecto, desde hace alrededor de un año, existe una comisión especial de diputados locales, dedicados casi exclusivamente a atender un problema que ha crecido como la espuma, a partir de que en 2008 hizo crisis un primer problema de defraudación de ahorradores, con la tristemente célebre Caja Sacriputla, pero que luego fue haciendo caer en insolvencia a docenas más de cajas de ahorro populares, que por malos manejos, por manipulaciones políticas, o por un “efecto dominó”.
Las cajas de ahorro, como bien se sabe, pueden crearse al margen de las regulaciones del sistema bancario nacional. Es decir, que a diferencia de la banca comercial —que está sometida a rigurosos procedimientos de vigilancia y garantía por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—, las cajas de ahorro pueden constituirse como meras asociaciones entre particulares, que establecen ciertos fines en los que, aparentemente, nada tiene que ver el interés público o la regulación del Estado.
Ese ha sido, en realidad, sólo una parte del problema. Porque una laguna legal que impide la regulación a nivel federal, y la ausencia de una norma estatal —que sigue congelada por la falta de capacidades y voluntad política por parte del Congreso, y por los reiterados intentos comunes de manipulación del conflicto por parte de diversos grupos políticos—, no serían límite para que de todos modos esas organizaciones funcionaran correctamente y, como se dice coloquialmente, tuviera sus finanzas “en números negros”.
El problema es que esa falta de regulación y vigilancia, en buena medida fue aprovechada por vivales que buscaban beneficios económicos por la vía de la defraudación y la estafa, y que para lograrlo se valieron de la necesidad y el poco conocimiento del tema, por parte de miles de personas que ingenuamente confiaron en ellos.
La consecuencia de todo esto, es que, en los últimos años, cientos de miles de personas —aunque se habla de un millón de ahorradores potencialmente convertidos en defraudados, sólo en Oaxaca— invirtieron sus recursos en esas organizaciones populares, bajo la promesa de obtener rendimientos superiores a los que podrían obtener a través de la banca comercial. A través de ese gancho, la masa de dinero manejada por las cajas de ahorro se volvió inmensa. Éstas crecieron sin control y, ante el éxito inicial, se masificaron por todo el territorio estatal.
Sólo que del tamaño del “boom” y de los estratosféricos rendimientos iniciales, fue la caída y el fraude consiguiente para decenas de miles de personas. Solamente en la quiebra de una decena de cajas de ahorro importantes, resultaron más de diez mil defraudados. El problema fue que cuando esta quiebra comenzó a reproducirse, otras cajas de ahorro cayeron no por sus malos manejos ni por los potenciales fraudes cometidos por sus manejadores, sino por la incertidumbre que ciertas declaraciones de la diputada Cruz Silva, y de otros personajes involucrados, sembraron entre los ahorradores que aún tenían garantizados sus recursos en cajas de ahorro relativamente sanas.
IMPRUDENCIAS
Al analizar objetivamente este problema, se puede ver que no todas las cajas de ahorro que se han declarado insolventes, quebraron por malos manejos o por los fraudes cometidos por sus accionistas o propietarios. Más de las que se puede uno imaginar, cayeron en una masiva falta de recursos como consecuencia del efecto dominó que se creó a partir del interés de algunos grupos políticos, y de las menudas ayudas que les proporcionaron desde el propio Congreso del Estado.
En ese sentido, desde el pasado 30 de noviembre de 2009, en este espacio apuntamos que “existen denuncias serias, en el sentido de que muchas de las cajas de ahorro han quebrado por la manipulación de ciertos datos y la especulación de que las han hecho objeto. Señalan, por ejemplo, que ante el quiebre de algunas cajas, algunos personajes cercanos al Partido Convergencia o al ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tienen la tarea permanente de acudir a docenas de comunidades del interior del Estado, a “poner en alerta” a los pobladores para que retiren sus inversiones de las cajas de ahorro. Les dicen que éstas se encuentran en vías de quebrar, o que su dinero será utilizado para campañas políticas del PRI. En muchos de los casos, ese es motivo suficiente para que los ahorradores retiren sus inversiones en masa. Ante la descapitalización, las instituciones se quedan sin la posibilidad de garantizar las inversiones de quienes sí confían en ellas. Al final, esto se les vuelve un problema mayor que los lleva a la inestabilidad y a la quiebra.”
Esa ha sido una práctica común de ciertos grupos políticos opositores al PRI, que vieron a los defraudados como un arma política, y que no se sabe si voluntaria o involuntariamente, o por un protagonismo poco entendible, han sido ayudados por personas afines al sistema como la diputada Cruz Silva. ¿Cuántas veces, quizá para captar la atención de la prensa, ésta ha “alertado” a los ahorradores a que saquen su dinero de las cajas que gozan de salud financiera? Hasta la institución bancaria más sólida, o las finanzas de un país —y qué decir de una caja de ahorro, independientemente de sus condiciones—, colapsan ante una fuga masiva de dinero. Por eso, hoy ya no se sabe si la diputada Cruz está a favor o en contra de los defraudados.
POR LA TOLERANCIA
Ayer, la Corte dio un paso fundamental en cuanto a la preservación de los derechos y la tolerancia entre los mexicanos. Al validar constitucionalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo, y el derecho de éstas a la adopción, convalida la idea de un Estado laico regido por leyes, y no por atavismos, dogmas o moralidades. Abundaremos.
