Concesionarios: espejo de este gobierno

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+ Autoridad, desacreditada y deslegitimada

Lo que ocurre en Oaxaca es digno del Ripley: una autoridad estatal, autoriza infundadamente un incremento a las tarifas del transporte público, para resarcir a los concesionarios de las mismas, por las pérdidas económicas sufridas durante un conflicto social que, en buena medida, fue ocasionado por la ineptitud y la soberbia de los funcionarios que integran ese gobierno. Es decir, que los quebrantos de unos, y las insuficiencias de los otros, fueron cargados a los bolsillos del pueblo, a través de una serie de argumentos y justificaciones que, ingenuamente, los particulares creímos. Y si eso era digno de la más vodevilesca Galería de Horrores, lo que ocurre ahora no tiene nombre.

¿Qué ocurre hoy? Que, seguramente, la autoridad gubernamental estatal, afiliada y estrechamente ligada —como debe de ser— a un partido político, buscó todos los apoyos políticos posibles para el impulso a su candidato a Gobernador, y a su proyecto político. Dentro de los apoyos que consiguieron, fue el del sector del transporte público. ¿En qué consistía ese apoyo? En servir de instrumento para la movilización; en ser un elemento más para la propaganda política, y en servir como una demostración del más anquilosado corporativismo político que, en otras épocas, representaba carretadas de votos a favor de un partido determinado.

Hubo, en esa comedia ligera y frívola, una serie de pactos recíprocos a cambio de ese apoyo, que fue sólo de una parte del sector. Aquella autoridad estatal, propuso que a todos aquellos que se vieron dispuestos, u orillados, a prestar ese apoyo político, que una vez ganada la elección, se podría negociar un incremento a las tarifas del transporte urbano. Con la otra parte del sector, hubo un rompimiento estruendoso, cuando una de las principales concesionarias de una de las líneas camioneras —y en otros tiempos amplia beneficiaria del sistema— rompió políticamente con ese partido, para anunciar su apoyo total e incondicional, a la causa política contraria a la de quienes buscaban repetir en el poder gubernamental.

El resultado fue ampliamente abrumador, a favor de la causa opositora al régimen gobernante. Aún con todos los apoyos conseguidos, y su apoyo firme, no fue suficiente como para repetir en las más importantes responsabilidades públicas. Ante la derrota, todos los pactos se rompieron, o cuando menos dejó de importarles si éstos se cumplían o no.

Entonces, uno de esos tantos agraviados, los concesionarios, intensificaron los llamados a cumplir esos pactos. Primero utilizaron aquel viejo argumento de que la crisis económica, y la inflación, hacían imposible seguir costeando una actividad económica lucrativa, en la que los servicios, el combustible y las refacciones incrementan sus precios todos los días. Nadie les creyó.

Luego se valieron de otro. Dijeron que la flota camionera necesitaba ser renovada, para adquirir unidades menos contaminantes; y que del mismo modo, era apremiante dar capacitación a todos aquellos conductores que no tenían nociones claras del servicio que prestaban; y que, incluso, el incremento era necesario para garantizar la adquisición de seguros de viajero, que dieran certeza al usuario de que sería resarcido ante cualquier eventualidad que ocurriese mientras viajaba en una unidad del transporte público. Pero como en diciembre de 2007 dijeron y prometieron lo mismo, sin cumplir, tampoco nadie les creyó.

Así, como ninguna de sus estrategias anteriores funcionó, ahora decidieron lograr sus objetivos “a la brava”. Esta no parece ser una cuestión de golpeteo mediático, sino una acción concreta, que no es más que consecuencia de lo que este gobierno se dedicó a sembrar durante toda su gestión: el descrédito a su propia autoridad, y el incumplimiento de los pactos que ellos mismos proponen.

TODOS, MUY MAL…

Sólo los concesionarios saben si, de verdad, el problema de fondo en sus exigencias, radica en los incrementos constantes a los insumos y servicios que requieren las unidades. Si es así, entonces no parece. Esto porque en una declaración de ingenuidad o franqueza, hace unos días uno de los concesionarios (Erasmo Medina Ángeles) exigió que ahora el gobierno estatal cumpliera con la palabra empeñada a los transportistas, porque el incremento a la tarifa había sido un pacto a través del cual, ellos aceptaron impulsar la candidatura a Gobernador del diputado federal del PRI, Eviel Pérez Magaña.

El gobierno estatal negó cualquier tipo de pactos (era obvio que no podría aceptarlo), y anunció que la tarifa no se incrementaría. Los transportistas —que, con empresas distintas, apoyaron a ambos candidatos— continuaron insistiendo en que era urgente el incremento, ante la imposibilidad de continuar costeando sus operaciones. Ante la presión ciudadana, de nuevo la autoridad dijo que no. Y entonces el golpe que dieron los concesionarios a la economía familiar, fue directamente proporcional a la burla pública a la que sometieron a la autoridad.

La Coordinación de Transporte, ayer, quedó reducida a su tamaño natural. Si durante los últimos años, sus funcionarios actuaron como agentes de los concesionarios, y como legitimadores y justificadores de sus necesidades y decisiones (nunca las de los usuarios), ahora los dueños de las unidades de transporte los hicieron ver como unos auténticos buenos para nada, que tienen la misma autoridad que una estampita con imágenes de súper héroes o luchadores:

Sin siquiera ofrecer alguna contraprestación al usuario, ayer decretaron unilateralmente un incremento a la tarifa del transporte. No les importó no contar con el aval de la autoridad. A la hora que Tránsito del Estado, y la Cotran, iniciaron la detención de las unidades que cobraban ya 7 pesos al usuario, ¡Fueron los mismos transportistas quienes iniciaron sendos bloqueos en prácticamente todas las vialidades importantes de la capital oaxaqueña y municipios conurbados!

UN MUNDO RARO

¿Qué no eran antes los estudiantes quienes tomaban los camiones, para protestar por los incrementos? ¿Qué no el transporte público era también parte eso que algunos llaman “pueblo de Oaxaca”? ¿Y será que nos gobierna una autoridad, o el payaso de las hamburguesas? Caramba. Este bien puede ser el mundo al revés. Quizá luego resulte que Gonzalo Ruiz Cerón llame a colocar barricadas, e iniciar una insurrección popular, para impedir el paso de los tiranos autobuses que cobran más de lo que deben. Qué desgracia.

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