Nueva tarifa: todo estaba previamente pactado

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+ Gobierno demuestra burdo nivel de negociación

Desde la noche del martes, quedó claro que todo era consecuencia de un pacto previamente construido. A pesar de que anteayer los concesionarios del transporte público decretaron un sitio completo de la capital oaxaqueña, y sus zonas conurbadas, y que la autoridad hizo como que aplicó la ley, e hizo como que negoció, para luego hacer como que entendió, y luego como que cedió, todo pareció ser un plan perfectamente elaborado para legitimar un incremento a la tarifa del pasaje que, en realidad, no tiene justificación económica, legal o política alguna.

No es nueva la queja de los concesionarios del transporte público, respecto al alto costo que, según, para ellos significa el mantenimiento y costeo de las unidades. Aunque ellos se dicen consecuencia de la cultura del esfuerzo, es evidente que por lo menos en el transporte urbano, la gran mayoría de las unidades —que circulan a través de las dos grandes líneas camioneras, y sus subdivisiones— es propiedad de no más de 20 personas, que han amasado fortunas inmensas al amparo no sólo de su trabajo, sino de los privilegios que le ha dado la autoridad a lo largo de los años a cambio de colaboración política y partidista, y del incumplimiento a las contraprestaciones que reiteradamente le ofrece al usuario a cambio de los incrementos a la tarifa.

Vayamos a lo objetivo. En lo que va del año, ha habido ocho incrementos de alrededor de ocho centavos, cada uno, al precio del litro de diesel. Es, exactamente, la misma proporción en que ha subido la gasolina Magna, que es la que ocupa la gran mayoría de la población en sus vehículos de motor. En el caso de un autobús de pasajeros, que consume diariamente entre 100 y 150 litros de diesel, el incremento del gasto —que no pagan los concesionarios— resulta ser de menos de cien pesos diarios. Cualquiera puede hacer una operación aritmética simple, para corroborar lo anterior.

Ahora bien, otro de los argumentos que sistemáticamente utilizan los concesionarios para justificar su voracidad, se encuentra en el, dicen, constante incremento a los precios de las refacciones e insumos de las unidades. Esto resulta paradójico, en un primer momento, porque si la renovación de la flota camionera fue uno de los compromisos iniciales a cambio de los cuales se les autorizó el incremento anterior, y se presupone que una unidad nueva tiene menos fallas y necesidades técnicas que una unidad con una década de uso diario, entonces significa que los camioneros se quejan por un incumplimiento, u omisión, propio. Es decir, que se quejan por los altos costos de reparación y refacciones de unidades viejas, que ellos mismos se habían comprometido a sustituir por vehículos nuevos.

Lo peor de todo, que además resulta ser lo más vergonzante para los concesionarios, y que revela de cuerpo entero su voracidad, es que en la mayoría de los casos no son ellos quienes pagan todos los costos que hemos enumerado, sino directamente los usuarios, e indirectamente los conductores de las unidades que, para efectos prácticos, no son sus empleados sino simples comisionistas.

En efecto, cualquier conductor de una unidad de transporte público puede dar cuenta de lo siguiente: que, todos los días, el dueño de la unidad, le exige que al final de la jornada, éste entregue una “cuenta” —consistente entre 5 y 7 mil pesos—, en la que no se incluya el diesel de la unidad. Y todas las reparaciones y refacciones de la unidad, normalmente, son pagadas tanto por el dueño como por el conductor, en partes iguales (50 por ciento del costo, cada uno).

Así, lo que puede verse es que el conductor debe trabajar para sacar una cuenta que, íntegramente, ingresa en los bolsillos del concesionario; que es él quien paga el combustible, sin importar que éste se incremente cada semana; y que además es quien carga con el costo de las reparaciones. Por eso, a los concesionarios no les interesa ni prestar un buen servicio, ni renovar las unidades, ni proteger al usuario: pase lo que pase, ellos tienen su ingreso asegurado, a través de trabajadores a los que tratan como esclavos, y de usuarios que no tienen otra alternativa, más que utilizar ese servicio, así sea en pésimas condiciones, porque es el único.

PACTOS INMORALES

Todas esas, sin embargo, son razones intrascendentes tanto para el gobierno como para los concesionarios. Las razones que para ellos valen, son las que sistemáticamente utilizan para justificar sus pactos inconfesables. ¿Por qué hablar de pactos?

Porque, según parece, toda esta fue una acción concertada. Es decir, algo así como una farsa en la que, al final, todos saldrían ganando. A pesar de que el gobierno estatal había dicho que no autorizaría un incremento desproporcionado al costo del pasaje, la tarde de ayer se anunció que éste se incrementaría en un peso, para fijarse en $5.50; su incremento “moderado”, fue de nada menos que de un 22 por ciento. A cambio de nada.

El problema, según parece, es que nadie quiso cargar con el costo político completo de la decisión. Por eso, en una aparente actitud de fuerza, los concesionarios se rebelaron en contra de la autoridad que, curiosamente, se mostró tímida ante una de las afrentas más importantes que se hayan visto en los últimos años en la entidad. La imposición unilateral de nuevas tarifas, un día de sitio, y otro de amenazas, fueron suficientes para que el gobierno tomara la decisión de apartarse de sus posiciones iniciales, y ceder en el incremento al costo del pasaje en transporte público.

En el fondo, esa es una muestra del decadente nivel de diálogo y concertación que existe hoy entre el gobierno estatal y los poderes fácticos. La simulación y la “colaboración” mafiosa entre unos y otros, para tratar de engañar a la población —que recibe un pésimo servicio, que de todos modos no va a mejorar… y eso es lo más grave de todo esto— e imponerle, o asestarle, un nuevo precio a un servicio básico, que también representa un golpe certero para la economía familiar.

¿EFICIENCIA?

Seguramente, luego de “pactar” formalmente el incremento que previamente había sido acordado, y luego de la “legitimación” de fuerza habido en los días previos, los concesionarios “reconocerán” a la autoridad, y éstas se felicitarán por haber conducido exitosamente una negociación. El pueblo se va a acordar, de unos y de otros, cada vez que utilice esas unidades que son, como dice Juan Diego, auténticos “ataúdes rodantes”.

1 COMMENT

  1. le doy toda la razón,pero desgraciadamente nada cambia en el estado en cuanto a transporte,los mismos apellidos de dueños de transporte,el mismo servicio pésimo,las carreras de autobuses por las calles…que digo calles autopistas de oaxaca peleándose la tarima,el pasaje, el mismo acuerdo $$$$ entre políticos y dueños del transporte que ven al pueblo con el signo de $ y si como comenta usted que no es novedad auténticos “ATAUDES RODANTES”.

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