+ Guerrilla y delincuencia: el gobierno nos confunde
Con sus decisiones recientes, los funcionarios que encabezan el gobierno federal demuestran no tener voluntad para responder al llamado del Ejército Popular Revolucionario. Independientemente de los amagues sobre la reactivación de actos de sabotaje, es fundamental tomar en cuenta el contexto y el fondo de las demandas de ese grupo armado, así como de la forma en que, hasta ahora, le ha respondido el gobierno. Dejar este asunto de lado, es tanto como “garantizar” la apertura de batalla que no sería benéfico para el gobierno, pero que sobre todo pondría en riesgo la endeble estabilidad social del país.
Veamos el contexto. El pasado viernes, el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario, y la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario —órganos de dirección política y militar del EPR, respectivamente— emitieron un comunicado dirigido a la Comisión de Mediación, en la que le solicitan que informe al pueblo de México sobre los posibles avances en las labores de intermediación para localizar a sus compañeros desaparecidos en mayo de 2007 en Oaxaca.
En el comunicado, hacen esta solicitud, debido a que “en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular (…) el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.”
La ruptura, en efecto, se refiere a la tregua unilateral que ellos mismos decretaron, mientras la Comisión de Mediación realizara labores de interlocución con el gobierno federal, y que en un anterior comunicado amagaron con dar por terminada en cualquier momento, ante el desprecio oficial mostrado respecto a sus exigencias.
En este sentido, la actitud del gobierno federal ha sido ambigua respecto a los grupos armados. Incrustados en la dinámica de la guerra contra el crimen organizado, los funcionarios federales han demostrado un total desdén por las peticiones, y aún los amagues del EPR, respecto a sus militantes desaparecidos. Salvo las reuniones habidas entre la Comed y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no ha habido atención federal expresa al asunto, y sólo testimonialmente han manifestado su voluntad para que estas desapariciones sean resueltas.
Sin embargo, la actitud federal es ambigua porque al menospreciar las exigencias de un grupo armado, respecto a la posible comisión de un delito que bien puede ser tipificado como de lesa humanidad, también parece desdeñar su importancia política y su eficacia militar, así como los planteamientos políticos e ideológicos por los que estos grupos existen.
Empero, al mismo tiempo, desde los mismos sótanos del poder federal, se han filtrado versiones respecto a que fue un grupo armado —se habló en un principio del propio EPR— quienes habían perpetrado el secuestro del abogado, político y militante del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, ocurrido a mediados de mayo pasado, y sobre el cual no se tiene información clara al interior de los mismos órganos de inteligencia civiles y militares del gobierno federal.
Se ha tratado de hacer pasar como válida la idea de la responsabilidad guerrillera en este secuestro, a través de cierta exaltación sobre el alto grado de eficacia en el sostenimiento de su clandestinidad, en su resistencia y paciencia, y en la impermeabilidad que ha tenido el grupo responsable del secuestro del abogado Fernández, a cualquier investigación policiaca o militar del gobierno federal.
Con esta versión, o especie, que se construyó desde el mismo gobierno, se pretende dar una imagen de poder, a un grupo que ellos mismos desdeñan. Así, lo que parece, es que tratan de manipular a la opinión pública: desestiman a la guerrilla cuando exige que se aclare la investigación sobre la desaparición de sus militantes; pero se le exalta cuando al gobierno federal no le conviene reconocer que es un grupo criminal el que secuestró al abogado Fernández de Cevallos, y tiene la credibilidad federal en jaque, y no un grupo guerrillero, como pretende hacerlo creer a la ciudadanía.
RESPUESTA DE FUERZA
El EPR ha endurecido el tono de sus comunicaciones, obligado por las circunstancias. Desde el momento en que se supo del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, se les trató de involucrar, ante el eficiente modo de operación que mostró el grupo que lo privó de la libertad. En el mismo gobierno federal dejaron ver la posibilidad de que fuera un grupo guerrillero el responsable, porque la operación había sido quirúrgica, sin contratiempos, y dotada de un aura de misterio y sorpresa que, según ellos, no son propias del actuar burdo, estruendoso y nada cuidadoso del crimen organizado, sino de células bien organizadas como las de la guerrilla.
Se dijo entonces, casi de inmediato, que esto podría ser responsabilidad del EPR, o de alguna de sus organizaciones periféricas. Esto se fundamentó, en el hecho de que los antecesores armados de esos grupos, habían realizado secuestros de alto impacto como una forma de reivindicación política, para obtener sumas de dinero que les permitieran financiar sus operaciones, y para conseguir fines a través de la negociación política de la vida de un secuestrado que, a su vez, era para ellos un rehén.
Todo parecía encajar. Sólo que, en un primer momento, la dirección eperrista negó categóricamente cualquier relación con el hecho y, después, se esperó —como hasta ahora— la manifestación de una proclama o exigencia de orden político, como parte de la negociación para liberar al secuestrado. Esto, hasta ayer domingo, no había ocurrido.
RIESGO LATENTE
Por eso se desvanecen las posibilidades de que sea un grupo armado el responsable de ese secuestro, y se fortalece la tesis de que es un grupo delincuencial, perfectamente organizado y con un alto grado de eficiencia, el responsable de esta acción. El gobierno trató de achacar el plagio a la guerrilla, para evitar reconocer el tamaño del problema que significa el secuestro, y el modo tan perfeccionado en cómo éstos se pueden realizar libre e impunemente, aún en contra de los hombres más poderosos y emblemáticos del país. Pero en esto, dio pautas a la guerrilla para fortalecer una exigencia de primer orden que ahora tendrán que reconocer y atender. O encarar, como un tercer frente de guerra.
