+ Funcionarios designados, sólo por obviedades
La designación de personajes como los diputados Héctor Pablo Ramírez Leyva y Martín Vásquez, o los funcionarios Miguel Ángel Ortega y Bulmaro Rito como “enlaces” para el proceso de transmisión de la administración estatal, de inmediato provocó una serie de especulaciones sobre un posible pacto, o acuerdo de impunidad, entre los gobernantes entrante y saliente de Oaxaca. Nada parece, sin embargo, más alejado de la realidad.
El pasado 23 de agosto, ocurrió finalmente una reunión entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo. En el comunicado que el gobierno estatal emitió al respecto, se dijo que ambos mandatarios acordaron trabajar conjuntamente en diversos temas relacionados con la entrega recepción, y se comprometieron a establecer canales de interlocución para llevar a cabo una transmisión civilizada del Poder Ejecutivo del Estado. Quedó claro, días después, que dicho acuerdo no había sido sólo una manifestación de buenas voluntades. ¿Por qué?
Porque en los principales círculos administrativos del gobierno estatal, de inmediato se notó un incremento en la presencia de personas que fungen, o fungirán, como puentes entre las dos administraciones. Hasta antes de dicha reunión, habían ya ocurrido algunos intentos de establecer contactos en otros niveles de menor jerarquía. Sólo que no había la manifestación expresa de que tales puentes de comunicación debían establecerse. Hasta ahí, todo parecía ser parte de una transmisión más o menos normal de las funciones públicas entre ambas administraciones.
Las especulaciones surgieron a raíz de la imprudencia de ciertos personajes. Desde el mismo día en que ocurrió la reunión entre los gobernadores Cué y Ruiz, se reseñó en diversos espacios informativos sobre la actitud triunfalista del titular del Coplade, Bulmaro Rito Salinas. Éste personaje, indeseable ya en la administración estatal para muchos, pareció haber tratado de agenciarse el “punto favorable” relativo a la reunión entre los mandatarios. Como si esa reunión no fuera un acto de civilidad de ambos gobernantes, Rito hizo creer a más de uno que con esa gestión —que además no fue cuestión suya— se había ganado privilegios para los próximos años.
Esta idea no clara ni correcta, se reforzó anteayer cuando el propio Gobernador electo informó que el gobierno actual había designado como enlaces con el nuevo gobierno, para el proceso de transmisión de poderes, al grupo de personajes antes mencionados, entre los que se incluían los nombres de personajes que, por razones políticas, administrativas o partidistas, están fuertemente confrontados con el gobierno entrante, o sobre los cuales pesan cuestionamientos abundantes. Nos referimos, en el primero de los casos, al diputado Ramírez; y en el segundo, al titular de Coplade, Rito Salinas.
Se creyó, por ejemplo, que esos cuatro personajes no sólo habrían sido los “elegidos” para encabezar un proceso de entrega recepción que, en realidad, es sólo un acto administrativo, en el que no tienen nada que ver personajes, como el diputado Ramírez, que ni siquiera son parte de la administración pública estatal; se especuló respecto a que los cuatro personajes antes mencionados, podrían aparecer como parte del gabinete del gobierno entrante. Esto, según, como parte de un “acuerdo” entre los dos Mandatarios para llevar a cabo una transición tranquila, sin persecuciones al gobierno saliente, pero tampoco con hostigamientos presupuestales o políticos para el gobierno entrante.
Más de uno se fue con la finta. No se reparó en dos cuestiones esenciales: primera, que los cuatro enlaces designados por el gobierno saliente, realizan, y realizarán, las funciones esenciales de la representación gubernamental priista: Ortega Habib, como encargado de las finanzas; Rito, como encargado de la política de desarrollo; y los diputados Ramírez y Vásquez Villanueva, como representantes del priismo en los congresos local y federal.
Más allá de las especulaciones, lo que parece que se trató de cubrir fueron los flancos a través de los cuales tendrán que interactuar, les guste o no, ambos gobiernos para poder cumplir con esa finalidad, a veces poco comprensible, del bien común. Y segunda, que las mismas circunstancias no del gobierno saliente, sino del entrante, hacen prácticamente imposible un acuerdo del tipo o el contenido, del que tanto se especuló en los últimos días.
CUÉ, ¿SE ARRIESGARÁ?
La imposibilidad de un acuerdo, o pacto de impunidad, que incluyera una posible no persecución a funcionarios priistas por el nuevo gobierno, o incluso la inclusión de algunos en el gabinete del gobernador Cué, parte de un hecho lógico: el próximo gobierno, difícilmente se prestaría a ser parte de un proceso de desgaste que le traería más daños que beneficios.
Expliquémonos: si el gobernador Cué incluye a cualquiera de los personajes priistas antes mencionados, estaría enviando mensajes contrapuestos a los ciudadanos y grupos políticos que lo apoyaron para llegar al poder. Sería tanto como aceptar que el cambio sirvió para nada, y que las altas expectativas ciudadanas se diluyeron frente a un acuerdo político vacío de contenido democrático.
Difícilmente el gobierno de Cué se prestaría a eso. De entrada provocaría fuertes rupturas entre sus grupos de apoyo. Y, evidentemente, no sacrificaría tanto por tan poco. Así, Ortega, Rito, Vásquez y Ramírez, son simples enlaces. Y nada más.
MAL, MAL, MAL
La semana pasada, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, fue blanco de una turba enardecida en Huautla de Jiménez. ¿La razón? Que, a última hora, y en un simple aviso telefónico, la directora de Participación y Vinculación Social, Claudia Martínez Sánchez, canceló una feria de prevención del delito en esa localidad, argumentando que no había condiciones para llegar hasta la población. El problema fue que todos los participantes llegaron —aún después de hasta 15 horas de un viaje tortuoso— menos ellos. Exigieron al municipio la erogación de gastos que en esos momentos habrían servido para atender a los damnificados por las lluvias. Pero lo que más molestó a la autoridad y los habitantes de Huautla, es que esta es la tercera vez que la directora Martínez cancela, a última hora, y sin ninguna consideración, ese mismo evento. El caso es que pagaron justos por pecadores. ¿Y así quieren prevenir el delito? Vaya eficiencia.
