+ Sociedad… y gobierno, mal informados
Es preocupante que mientras el gobierno federal desdeña la importancia que tiene la reforma constitucional federal en materia penal, en Oaxaca la puesta en marcha del sistema de justicia de tipo acusatorio adversarial esté atravesando por tantas interrupciones, inconsistencias y complicaciones. Tal pareciera que en los dos ámbitos de gobierno se desestima un asunto que es, sin duda, esencial para una sociedad democrática como la que aspiramos a ser.
Es evidente que el primero de los problemas que se enfrenta, tiene que ver con la falta de credibilidad que se profesa, desde el gobierno federal, en contra de los llamados juicios orales. La reforma constitucional federal en la materia, ocurrió apenas hace dos años en medio de importantes presiones internacionales sobre la subsistencia en nuestro país, de un sistema penal inquisitivo, que fomentaba abusos, corrupción, injusticias y retrasos en la impartición de justicia, y que además tenía importantes desfases respecto a los tratados internacionales en la materia de los que México se había hecho parte.
Así, a pesar de que existe ya la experiencia en otros países sobre la eficacia de este sistema de justicia penal, en México su nacimiento ocurrió en medio de importantes limitaciones y cuestionamientos que provenían desde el mismo gobierno, y que, por su mala aplicación, luego se extendieron a la sociedad. ¿Cuál ha sido el problema? Que tal pareciera que dicha reforma se asumió como una obligación política, pero que nadie cree que esto pueda o deba funcionar en México.
En el ámbito federal, por ejemplo, la reforma al artículo 20 constitucional —que estipuló el sistema acusatorio y oral para los juicios en materia penal— ocurrió en junio de 2008, y estableció un periodo de ocho años para la entrada en vigor de todas las disposiciones constitucionales y legales respectivas, tanto en el ámbito federal como para todas las entidades federativas. A pesar de que ocho años pareciera un periodo demasiado prolongado, lo cierto es que ese tiempo es mínimo y, para variar, ha sido alarmantemente mal aprovechado.
¿Por qué? Porque no se trata sólo de hacer una modificación constitucional para luego convertirla en letra muerta. De hecho, el cambio de sistema tiene no sólo que ver con el cambio de la práctica profesional de los abogados, y de los empleados de los poderes judiciales federal, locales y del Distrito Federal, sino también con la rectificación del modo en que el ciudadano observa, interpreta y razona sus nociones particulares sobre el sistema de justicia.
Es decir, que junto con la capacitación de empleados judiciales, jueces y agentes del Ministerio Público locales y federales, y las inversiones que se tienen que hacer al sistema educativo para instruir en este sistema a los abogados defensores, también se debió pensar en hacer una fuerte inversión para explicar a la población —y lograr que el ciudadano común entienda con sencillez y practicidad— los cambios que implica esta modificación al sistema de justicia, y por qué los juicios orales no fomentan, como muchos lo creen, la impunidad. Para eso eran apenas suficientes, los ochos años que se le dio de vacatio legis —el periodo que existe entre la publicación de una ley y su entrada en vigor— a la reforma legal.
Tal parece que no se pensó en todo esto. Y de hecho, desde el mismo gobierno federal se ha profesado desconfianza y desinterés no sólo por invertir lo suficiente para todas esas tareas que van más allá de la sola capacitación de los servidores públicos involucrados. Cada que puede, el Presidente de la República habla y se asume como un impartidor de justicia; y con sus actitudes de desdén da la idea a la población de que tal sistema no tendrá utilidad para combatir delitos como los relacionados con el crimen organizado.
PROBLEMAS LOCALES
Oaxaca fue punta de lanza en la estipulación constitucional y puesta en marcha de los juicios orales. Esta disposición, políticamente hablando, fue parte de los arreglos constitucionales y legales que se hicieron luego del conflicto magisterial y popular de 2006, para que los poderes estatales dieran una idea a la comunidad nacional e internacional, de que estaban atravesando por un verdadero proceso de democratización y modernización en ciertos aspectos por los que eran fuertemente cuestionados.
El problema, en esto, no ha sido la modificación constitucional y legal en sí, sino su aplicación. Inicialmente, se estableció un calendario multianual en el que se asentó el proceso de puesta en marcha de los juicios orales en las regiones del Estado. Se suponía que a partir de 2008, anualmente entraría en vigor dicha reforma en cada una de las ocho regiones del Estado. Y así, se inició su aplicación en la región del Istmo, y posteriormente en la Mixteca.
¿Dónde surgió el problema? Primero, en que, como en el ámbito federal, los juicios orales se pusieron en marcha pero sin procurar incidir en la idea que el ciudadano tiene en su sistema de justicia. Son reiterados los señalamientos, en las regiones donde ya se aplica, de que tal sistema fomenta la impunidad; esto se debe, a que el sistema acusatorio adversarial pondera, como una de sus condiciones esenciales, la presunción de inocencia, y aplica otros elementos como los criterios de oportunidad, a través de los cuales el Ministerio Público puede procurar arreglos extrajudiciales entre las partes.
Esto, ciertamente, se ha prestado a corrupción. Pero también ha sido un problema de mala interpretación del ciudadano, que está acostumbrado al sistema inquisitivo tradicional en el que un presunto delincuente primero es encarcelado y señalado como culpable, para que luego, en prisión, tenga que demostrar su inocencia y recuperar su libertad.
DESDÉN OFICIAL
El problema más grave que esto enfrenta, sin embargo, es la falta de atención oficial al asunto. Son ya reiterativas las ocasiones en que el Poder Judicial del Estado solicita al Congreso la autorización para prorrogar la aplicación del sistema acusatorio adversarial en las regiones en las que ya debería existir, aduciendo carencias y recortes presupuestales aplicados desde el Poder Ejecutivo. Independientemente de quién sea el responsable de no invertir esos recursos en el sistema de justicia, lo cierto es que ese desprecio a su importancia no afecta a un gobierno o a un funcionario, sino que incide directamente sobre la credibilidad, confianza y eficacia de un asunto tan delicado y esencial como éste.
