Plagios e impunidad: Combinaci贸n letal para la sociedad

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La noche del pasado 14 de mayo, un grupo de sujetos secuestr贸 al ex candidato presidencial del Partido Acci贸n Nacional, Diego Fern谩ndez de Cevallos, en dentro de su domicilio, en el estado de Quer茅taro. A pesar de ser uno de los hombres m谩s importantes, conocidos y de mayor influencia pol铆tica en nuestro pa铆s, luego de m谩s de 130 d铆as de cautiverio, las autoridades federales siguen sin tener pistas claras sobre su paradero, y el proceso de negociaci贸n entre los familiares de la v铆ctima y los plagiarios no ha rendido fruto, aunque se sabe que el monto que se exige por su rescate, es de unos 50 millones de d贸lares. Este es un ejemplo paradigm谩tico de c贸mo la industria del secuestro es una de las m谩s boyantes,聽 impunes, y redituables, que existen en el pa铆s.

Hoy, M茅xico es un para铆so para el crimen organizado. Si bien es cierto que en tal denominaci贸n se identifica de modo caracter铆stico a todos aquellos individuos que sistem谩ticamente se dedican a actividades relacionadas con el narcotr谩fico, es tambi茅n claro que la ley federal que tipifica ese tipo de delitos, tambi茅n incluye a quienes se ponen de acuerdo para privar de la libertad a personas, a cambio de un rescate econ贸mico.

En la misma medida que ha crecido la actividad criminal relacionada con el tr谩fico, venta, recepci贸n y env铆o de sustancias prohibidas, han tambi茅n proliferado otras actividades perif茅ricas que han aprovechado el nivel de organizaci贸n de los grupos criminales, y la imposibilidad del Estado para hacerles frente, y frenarlos en茅rgicamente, como se deber铆a. Una de esas industrias perif茅ricas del crimen organizado, radica en el secuestro.

Hace m谩s de una d茅cada, algunas entidades federativas eran caracter铆sticas por la existencia de ese tipo de delitos. En 1998, las autoridades federales detuvieron a Daniel Arizmendi L贸pez, alias 鈥淓l Mochaorejas鈥; un sanguinario secuestrador, que hab铆a cometido varios cientos de plagios, y hab铆a matado a varias decenas de sus v铆ctimas, cuando la familia se ve铆a imposibilitada a pagar el rescate exigido. Dos a帽os despu茅s, en febrero del a帽o 2000, fue aprehendido Nicol谩s Andr茅s Caletri, otro temido personaje del mundo del secuestro, que se hab铆a 鈥渄estacado鈥 por la forma implacable en que comet铆a esos delitos, torturaba y cercenaba a sus v铆ctimas, y las privaba de la vida cuando las negociaciones del rescate fracasaban.

Ambos cabecillas, cuando fueron aprehendidos, dejaron ver que tras ellos hab铆a, respectivamente, una red de complicidades gubernamentales, pol铆ticas y policiacas, que los proteg铆an, colaboraban con ellos para la comisi贸n de delitos, e incluso compart铆an las ganancias econ贸micas que se obten铆a de los plagios. Cuando esas dos bandas criminales fueron desarticuladas, y sus integrantes procesados judicialmente, se pens贸 que M茅xico se hab铆a librado de los dos personajes m谩s temibles e indeseables que hab铆an existido en los 煤ltimos tiempos, y que los secuestros nunca m谩s volver铆an a ser temor para la sociedad mexicana.

VAC脥O DE PODER

Y CIFRAS NEGRAS

Si todo parec铆a erradicado, 驴qu茅 pas贸 entonces? La respuesta est谩 en el vac铆o de poder. M谩s de la mitad de la presente d茅cada, el gobierno federal, y de las entidades federativas, decidieron abandonar sus responsabilidades relacionadas con el combate al crimen en todas sus vertientes, y prefirieron mostrar las debilidades que, evidentemente, fueron aprovechadas por los criminales.

Por eso, la industria del secuestro fue una de las que m谩s floreci贸. Al comparar las cifras, podemos darnos cuenta, de manera escalofriante, c贸mo ha escalado la incidencia delictiva en este rubro. En 2001, un estudio sobre esta actividad il铆cita, aseguraba que en 1997 hab铆an sido denunciados mil 47 secuestros; en 1998, 754; en 1999, 590; y que en el a帽o 2000, se ten铆a noticia oficial de que hab铆an ocurrido 548 plagios en todo el pa铆s. En ese mismo a帽o, por un lado, la organizaci贸n M茅xico Unido contra la Delincuencia, aseguraba que la llamada 鈥渃ifra negra鈥 de la incidencia en el secuestro, era que por cada secuestro denunciado, hay dos m谩s que no se notifican a las autoridades; en el otro extremo, en aquellos a帽os el peri贸dico estadounidense The New York Times aseguraba que en materia de secuestros, M茅xico ocupaba el tercer lugar, despu茅s de Colombia y Brasil.

Hagamos un contraste con la actualidad. Estudios realizados por la C谩mara de Diputados del Congreso de la Uni贸n, basados en cifras oficiales tanto de las 32 procuradur铆as estatales como de la General de la Rep煤blica, revelaron en septiembre pasado que los secuestros en el pa铆s aumentaron聽 un 317 por ciento desde el a帽o 2005 hasta la actualidad, sin contar que un 75 por ciento de los casos no son denunciados por los ciudadanos.

鈥淓n 2005 鈥攄ice el estudio鈥 se denunciaron menos de un secuestro por d铆a (0,89); durante los primeros seis meses de 2010 se han denunciado, diariamente, 3,72 delitos de este tipo (unos 1350 al a帽o, aproximadamente). Esto significa un crecimiento de 317 por ciento鈥. La alarmante cifra es a煤n mayor, pues seg煤n la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el secuestro tiene una tasa de no denuncia, o 鈥渃ifra negra鈥 de 75 por ciento, lo que se traduce en que por cada secuestro denunciado existen otros tres. Es decir, que la incidencia real de secuestro en el pa铆s, actualmente, podr铆a ser de unos cinco mil 500 por a帽o. Algo que, como es evidente, no podr铆a ocurrir en una naci贸n que se jacta de brindar seguridad y certeza a sus ciudadanos sobre la seguridad p煤blica que se les ofrece.

LUCHA CIUDADANA

El 11 de julio de 2005 fue secuestrado el empresario Hugo Alberto Wallace Miranda. A partir de entonces, su madre, do帽a Isabel Miranda de Wallace, se convirti贸 en una de las figuras con mayor influencia y peso pol铆tico en nuestro pa铆s, en su lucha no s贸lo por exigir a la autoridad mayores resultados en las investigaciones para aprehender a las bandas de secuestradores; acaso, uno de sus m茅ritos mayores, es haber sido ella quien entreg贸 a las autoridades federales a quienes plagiaron, asesinaron a golpes y luego destazaron a su hijo, demostrando con ello que desde las trincheras ciudadanas se puede superar y corregir, en aras de la justicia, a la desidia, las complicidades y la ineptitud de las autoridades que dicen combatir a la delincuencia y no lo hacen.

El relato sobre el secuestro de Hugo Wallace 鈥攓ue est谩 disponible en el sitio web altoalsecuestro.com.mx鈥 es escalofriante. En 茅l se relata c贸mo desapareci贸, c贸mo fue privado de la libertad con enga帽os, y la forma en que fue asesinado a golpes para luego ser desmembrado con una sierra el茅ctrica, mientras los mismos secuestradores exig铆an a la familia el rescate por esa v铆ctima que ya hab铆a sido ultimada.

Desde entonces, Miranda de Wallace se convirti贸 en un icono del dolor que sufren las familias de una v铆ctima del secuestro; de la tragedia que significa, en cualquier circunstancia, el que los plagiarios ultimen a su v铆ctima; y la impunidad que profesa la autoridad cuando, por incapacidad, por complicidad o por desidia, tiene la posibilidad de aprehender a sus v铆ctimas y no lo hace.

AUTORIDAD REBASADA

Personajes como Alejandro Mart铆 y Nelson Vargas, son otros que han vivido en carne propia esa desgracia, y ahora luchan para exigir al Estado que cumpla con el deber de brindar seguridad, y detener a quienes se dedican a esta pr贸spera industria il铆cita.

A trav茅s de organizaciones como M茅xico SOS, han logrado poner en la mesa de discusi贸n nacional, temas como el de la necesidad de impulsar reformas que endurecieran las penas a los secuestradores; la corrupci贸n y complicidad que existe, alrededor del pa铆s, entre las bandas criminales y las autoridades pol铆ticas que los protegen; y la urgencia de tomar medidas dr谩sticas para frenar esta ola imparable de delitos que lastiman en lo m谩s profundo a quienes son v铆ctimas directas y a sus familias.

Esto, lamentablemente, no es lo peor. Pues en M茅xico, de acuerdo con Luis de la Barreda Sol贸rzano, presidente del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), 鈥渘o existen cifras oficiales confiables sobre la incidencia del secuestro鈥 e incluso las 32 procuradur铆as del pa铆s, ofrecen 鈥渄atos diferentes鈥 al Sistema Nacional de Seguridad P煤blica; eso es inconcebible, dice, porque ese il铆cito es el m谩s grave y ha detonado las crisis de inseguridad.

En Oaxaca, por ejemplo, no existen cifras actualizadas sobre el n煤mero de secuestros que han ocurrido en el a帽o; e, incluso, de ser p煤blicas, de todos modos no ser铆an del todo aceptables porque, como ocurre en todo el pa铆s, la 鈥渃ifra negra鈥 de secuestros no denunciados contin煤a siendo creciente, y en una proporci贸n de tres a uno respecto a los il铆citos s铆 denunciados.

Hace apenas unos d铆as, la C谩mara de Diputados aprob贸 un incremento de penas en la tipificaci贸n del delito de secuestro. 脡ste pas贸 a tener una pena privativa de libertad de m谩s de setenta a帽os, con lo que, materialmente, se convierte en cadena perpetua.

Sin embargo, es evidente que eso no es suficiente: falta que la autoridad de las entidades federativas, y la federal, decidan hacer frente a la incidencia de ese delito, y demuestren que el Estado tiene mayor capacidad que las bandas criminales, y que por eso tuvieran que existir m谩s riesgos que impunidad, en cuanto a la posibilidad de ser aprehendido ante la ejecuci贸n de un secuestro.

Esa es la labor que falta; la autoridad est谩 tratando de articular una defensa s贸lida a los criminales, a trav茅s de una estrategia policiaca y de seguridad que se articula pacientemente. Lo que queda claro, es que esa respuesta del Estado est谩 tardando demasiado en hacerse real.

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