+ Presupuesto 2011 será un factor determinante
A Mónica Cervantes, con
todo mi amor. ¡Bienvenida!
Nos encontramos a, escasamente, un mes de que tome posesión la LXI Legislatura del Congreso del Estado, y a escasos 45 días de que ocurra la transmisión de poderes respecto al Ejecutivo del Estado. Ante la inminencia de los tiempos, el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo, ha comenzado a impulsar la discusión sobre las reformas políticas, democratizadoras y de la administración de los poderes del Estado que son más apremiantes. Debe establecerse una agenda, real y posible, de las necesidades del nuevo gobierno, y de las exigencias de la sociedad. Llevar a cabo la llamada “Reforma del Estado” será un elemento altamente legitimador para el nuevo régimen. Pero, en esta tarea, no se deben generar expectativas que son, política, social o presupuestalmente, imposibles de cumplir en el corto plazo.
Oaxaca ha pagado un costo muy alto a cambio de reformas que no han logrado, o que el mismo poder público no ha permitido que se materialicen. Si nos remontamos al pasado reciente, podremos encontrar que esa fue una de las principales exigencias que derivaron del conflicto magisterial y popular de 2006, y que ese fue uno de los puntos clave que permitió y legitimó la permanencia de la administración que el próximo 30 de noviembre concluirá su gestión. ¿Por qué?
Porque si algo logró el conflicto magisterial de 2006, fue “subir” a la discusión nacional, la necesidad de reformas profundas al andamiaje jurídico y de organización política en nuestro estado. En ese sentido, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y la Sección 22 del SNTE, demostraron sobrada eficacia para demostrar que aquí la forma en que se ejercía el poder, desde los Poderes del Estado, era desproporcionada, abusiva, excesiva y antidemocrática.
El problema fue una vez que habían sensibilizado al país sobre la apremiante necesidad de impulsar una reforma integral que estableciera nuevos equilibrios y formas democráticas de ejercer el poder, ni la APPO ni la Sección 22 tuvieron el sustento y la visión suficiente como para plantear, específicamente, qué reformas eran las que ellos, como representantes de los grupos y ciudadanos inconformes, habrían de querer ver materializadas tanto para la administración como para los poderes Legislativo y Judicial del Estado. En pocas palabras, los grupos que encabezaron el conflicto de 2006 nunca pudieron plantear, del modo que fuera, su proyecto de Reforma del Estado.
Así, ante el vacío y la necesidad de legitimación frente al descrédito que le provocó el conflicto magisterial, fue el Gobierno del Estado quien tomó esa bandera, y formó una Comisión para la Reforma del Estado que, a la postre, cumplió una función más testimonial que verdaderamente impulsora de cambios democráticos.
Independientemente de que se consideraran algunas propuestas de esa Comisión, para convertirlas en ley, es evidente que el régimen gobernante (que abarca a los tres poderes, y del que depende la Comisión de la Reforma del Estado) sólo sentó algunas bases para consolidar una verdadera reforma política, y se resistió a discutir algunas otras modificaciones constitucionales para democratizar el ejercicio del poder y las funciones públicas.
Nunca hubo voluntad política para verdaderamente lograr una reconfiguración de las funciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que al menos diera certidumbre de un ejercicio menos avasallante del poder. No se eliminaron las atribuciones excesivas que aún hoy continúan marcando una preponderancia indiscutible del Gobernador del Estado sobre los titulares, la organización y el funcionamiento, de los Poderes Legislativo y Judicial.
Las reformas relativas a la participación ciudadana no pasaron del establecimiento de bases que nunca se reglamentaron. Y quizá el avance más importante fue en la creación de algunos órganos autónomos o fiscalizadores, tales como el Instituto de Acceso a la Información o la ASE. Pero aún así, esas reformas parciales sirvieron más para legitimar al régimen gobernante, que para verdaderamente generar nuevos equilibrios democráticos en el poder público.
¿QUÉ SIGUE?
Una verdadera convicción por la democratización del poder, debía llevar al gobierno de Gabino Cué a plantear, desde el inicio, no sólo las reformas que ellos desean o necesitan para legitimarse, sino también algunas otras que la sociedad demanda con insistencia, y que necesitan ser adecuadas y acotadas para darles viabilidad democrática. Con ello, habría demostraciones tangibles de un cambio real de visión, y del establecimiento de bases más firmes y perfeccionadas del ejercicio democrático de avanzada, que lograra ver más allá del mero aspecto electoral.
El gobierno de Cué, junto con las bancadas que lo respalden al instalarse la nueva Legislatura del Congreso local, e incluso a quienes él considere para encabezar el Poder Judicial del Estado, deben hacer cuanto antes planteamientos serios al respecto. Dedicarse a maquillar el ejercicio público con reformas parciales o decorativas, sólo los llevará a una situación de descrédito que será proporcional a la expectativa que generaron entre los ciudadanos.
Pero también, en contraparte, deben tener los pies en la tierra. La posibilidad de plantear cambios a las estructuras del gobierno y la administración, debe estar sustentada por las posibilidades de acuerdo político, de aceptación social y, sobre todo, de financiamiento presupuestal. De nada servirán reformas monumentales —en cualquier rubro—, que luego no se puedan llevar a cabo por falta de dinero para materializarlas.
Por eso, la preservación de los equilibrios debe ser cuidada con detalle. Deben establecerse, para la discusión sobre la Reforma del Estado, parámetros reales y posibles. Ir a los extremos, entre pretender hacer sólo lo indispensable para cubrir las apariencias, o querer cambiar todo en un solo movimiento, será tanto como encaminar su trabajo, y la expectativa ciudadana, al fracaso.
JUVENTUD PRIISTA
Maritza Escarlett Vásquez Guerra es nueva líder del Organismo de Mujeres del PRI. Aún siendo joven, ha acumulado importante experiencia tanto en el ámbito profesional, como en la administración pública, y el trabajo partidista. El relevo no es sólo político: también es generacional, y de visión del tipo partido que los priistas jóvenes desean. Si logra convertir la adversidad en oportunidad, estará enfilada al éxito. Enhorabuena.
