+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Seguridad: resultados, no en función de la inversión

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+ Reemplacamiento: ¿era para abatir criminalidad?

Desde hace unos días, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, reiteradamente ha cuestionado el estado en que se encuentran algunas tareas relacionadas con la seguridad pública, que dependen del Gobierno del Estado. Primero acusó un supuesto subejercicio presupuestal, y luego denunció rezagos importantes en el proceso de certificación de la confiabilidad de los agentes policiacos estatales. Tal parece que más allá de esos señalamientos, existen otros que el gobierno saliente debería responder sobre su posible falta de resultados, no a la nueva administración, sino a los oaxaqueños.

Es claro que en Oaxaca el problema no es sólo de seguridad, o de inseguridad, sino sobre todo de cuánto se invierte en ese rubro, y cuál es el destino que han tenido esos recursos económicos. Independientemente de que sea el adecuado o no, el actual modelo de seguridad pública que se aplica en Oaxaca tuvo el aval del gobierno federal, y uno de sus principales avances fue el de establecer mecanismos de control de confianza, tanto para los mandos como para el personal de tropa de las corporaciones estatales. Ese proceso inició desde cero, pues hasta 2008 no había mecanismo alguno de confiabilidad en las policías estatales.

Desde el principio, la puesta en marcha tanto del modelo policiaco, como de los procesos de control de confianza, fueron cuestionados por el alto costo económico y la poca claridad que existía en cuanto a su aplicación. Independientemente de lo que costara el establecimiento del Centro de Control de Confianza, y la reorganización administrativa y operativa de las corporaciones estatales, así como la conversión de la Secretaría de Protección Ciudadana en Secretaría de Seguridad Pública, todo el actual esquema policiaco fue comprado a un despacho particular, propiedad del ahora director de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo, a un costo que nunca fue revelado —y que también implicó los cargos de primer nivel que hoy ocupan tanto el secretario Javier Rueda Velázquez, como el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, y el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alan Loren Peña Argueta, entre varios otros funcionarios que fueron enviados a Oaxaca desde ese despacho de asesores.

Independientemente de que ese punto inicial tuviera o no una explicación posible, el nuevo esquema policiaco comenzó a aplicarse justo cuando se desató el escándalo por el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, junto con la corrupción policiaca y la impunidad que, ante ese artero crimen, se revelaron. Cuando el gobierno federal llamó a todos los actores políticos nacionales a firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a finales de agosto de 2008, el gobierno de Oaxaca ya tomaba ciertas medidas y reformas legales para emprender sus procesos de control de confianza.

De entonces a la fecha, el gobierno de Oaxaca siempre ha dicho que se están cumpliendo en tiempo y forma las tareas de control y supervisión de la confiabilidad de sus agentes. Un problema serio, sin embargo, surge ante el cuestionamiento de la falta de depuración de las corporaciones policiacas, y los resabios que aún quedan sobre la doble función de policías y ladrones que ejercían algunos agentes, lo cual que quedó demostrado con hechos particulares, como el asalto a una terminal camionera en mayo del año pasado, el cual fue perpetrado por dos elementos —Juan Armando Medina Gutiérrez, placa 356, y Javier Martínez López, o Alejandro Lázaro, el primero armado con una subametralladora R 15 y el segundo con una pistola 9 milímetros, ambas propiedad de la corporación—, adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones, y que tenían a su cargo la custodia del subprocurador Netolín Chávez Gallegos.

Hasta hoy, es prácticamente nada lo que se sabe hacia fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a una posible “limpia” de malos elementos en las corporaciones policiacas. Todo eso deja ver que, en efecto, o no se ha realizado un proceso eficiente de selección y saneamiento entre quienes integran las fuerzas policiacas estatales; o que aún teniendo conocimiento de quiénes son los agentes con posibles vínculos criminales, o que no cumplen con los parámetros para permanecer en las corporaciones, deliberadamente se les ha mantenido en las filas policiacas estatales.

¿Y EL REEMPLACAMIENTO?

Justamente el año pasado, el Gobierno del Estado determinó que era momento de llevar a cabo un nuevo reemplacamiento del parque vehicular que circula y tiene registro en el Estado.

Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar. Y frente a todos los argumentos ciudadanos de que esta medida no tenía fundamento en asuntos de seguridad, sino que era una mera estrategia de fines alevosamente recaudatorios, la administración estatal —a través justamente de la Secretaría de Seguridad Pública— defendió tal decisión, primero argumentando que la renovación de placas para los vehículos de motor formaba parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Luego dijeron, justamente, que los recursos recaudados servirían para financiar algunas medidas de fomento a la economía y el empleo, pero que también servirían para redoblar los esfuerzos en materia de seguridad pública. Se supone que si existen aportaciones federales y recursos estatales, éstos debieron nutrirse con los fondos extraordinarios obtenidos con esa medida.

Ante ello, hoy tendríamos que preguntarnos qué ocurrió con esos recursos. Es cierto que volver al tema del reemplacamiento es tanto como querer machacar el pasado. Sin embargo, todo eso adquiere legitimidad, cuando lo que se pone en juego son recursos que los ciudadanos entregaron a las arcas públicas para, según, ser bien utilizados y repercutir en el fomento al bien común, que resulta ser el fin último de todo Estado democrático.

QUE EXPLIQUEN

Si el Gobernador Electo asegura que existen rezagos, debe también decir, con datos duros, cuáles son y, lo que es lógico, cómo los va a corregir. En tanto, la administración saliente —no sólo el Secretario de Seguridad Pública, sino también los involucrados en las decisiones políticas y el manejo de las finanzas— deben informar puntualmente cómo fueron utilizados esos recursos que, sin otra explicación más que la avidez de dinero fresco, le arrancaron a la ciudadanía.

 

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