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El pasado martes, la mayoría legislativa conformada por diputados del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y un sector del Partido Acción Nacional, dieron luz verde a los vales de medicina canjeables en farmacias privadas en caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenga el medicamento que ha recetado.
Después de dos sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, protestas y reclamos, el dictamen —que no pasó por comisiones legislativas— logró 302 votos a favor, 95 en contra y 23 abstenciones. Con esto, se dijo, se cumple con una de las principales y reiteradas propuestas de campaña, que tantos beneficios electorales le ha redituado al instituto político que defiende las causas ecológicas y ambientales en los últimos procesos comiciales.
Aunque el gobierno federal, a través tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Hacienda, han asegurado que la aprobación de esta medida no rompe con los esquemas económicos, ni representa una sangría para la nación, y mucho menos una aceptación de la falta de capacidad de los servicios de seguridad social que presta el Estado, diversas voces se han alzado en inconformidad por tal situación.
A favor de la propuesta, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, adelantó su apoyo a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, para otorgar vales cuando no haya medicamentos en IMSS, con el fin de surtir a los derechohabientes del país.
Cordero Arroyo rechazó que se trate del inicio de la privatización del IMSS, e incluso dijo que están convencidos de que todas las instituciones en México están sujetas a revisión continua, “y, por supuesto, todo lo que sea en beneficio de nuestro país estamos dispuestos”.
A pregunta expresa, Ernesto Cordero recordó que el Seguro Social abastece 96% de los medicamentos que se recetan, y si hay un porcentaje, por muy pequeño que sea, que no pueda distribuir, “está muy bien que busquemos las medidas de abastecimiento para que todos tengan sus medicamentos”.
A pesar de que tales argumentos parecen irrebatibles, lo que provoca incomodidad no es el qué, sino el cómo de esa medida. Es decir, que no parece negativo, ni para el IMSS ni para las finanzas públicas, y mucho menos para los derechohabientes al Seguro Social, que se legisle un esquema de subrogación de medicamentos para que los particulares puedan tener acceso a ellos en farmacias particulares, aún cuando las clínicas u hospitales no los puedan entregar directamente.
Lo que no es correcto, es que bajo este esquema social, se pueda estar impulsando la compra a negocios particulares, afines a quienes son los dueños del Partido Verde, que se dedican precisamente a la compra-venta de medicamentos genéricos, similares a los que otorgan los servicios de salud pública a sus derechohabientes.
Parece casualidad. Pero el Partido Verde, que es dirigido por Jorge Emilio González Martínez, ha encabezado esta bandera en los procesos electorales recientes. Resulta que el actual Presidente del PVEM, es hijo de Jorge González Torres, quien a su vez es hermano de Víctor González Torres, presidente de la cadena de farmacias más grande del país, que comercializa medicamentos genéricos intercambiables. Éste último, incluso, pretendió ser candidato presidencial valiéndose de la popularidad que tiene la marca de sus productos. Era identificado como “El doctor Simi”. Y es ahora éste quien podría resultar ser el mayor beneficiado de esta disposición.
DESATENCIÓN SOCIAL
Es importante contextualizar el asunto. Por lo menos en los últimos tres lustros, una de las instituciones más grandes e importantes de nuestro país, como lo es el IMSS, ha sufrido un proceso acelerado de desatención por parte del Estado. Aunque presta servicio a más de 15 millones de trabajadores mexicanos y sus familias, y tiene una inversión millonaria derivada de las cuotas obrero patronales, y de las aportaciones que anualmente recibe del Presupuesto de Egresos de la Federación, éste no ha podido superar su condición de rezago, que en algunos momentos lo ha llevado al riesgo de la quiebra.
Aunque por momentos se diga lo contrario, es cierto que ni los hospitales privados más importantes del país, pueden tener el nivel de atención médica, equipamiento e infraestructura, que los hospitales de la Secretaría de Salud, y los del Seguro Social.
Sólo que a diferencia de los primeros, en los que se han realizado grandísimas inversiones para equiparlos y modernizarlos tanto en su planta de trabajadores como en el equipo, tecnología e investigación que ofrecen, el IMSS ha ido perdiendo importancia. Más bien, el mismo gobierno federal se la ha ido quitando, para trasladarla a esquemas que, si bien son mucho más básicos y menos especializados que el IMSS, sí tienen posibilidad de brindar cobertura a más personas.
Este es un problema importante. Aunque en ciertos momentos muchos renegamos de los servicios prestados en el IMSS (por su alto grado de masificación, por la falta de atención adecuada, por los prolongados tiempos de espera, por algunas incomodidades, etcétera) nadie en su sano juicio querría no tener derecho a la seguridad social. Saben que en momentos de verdadera crisis, es decir, más allá de una gripa o un raspón en la rodilla, nadie respaldará de mejor modo que el IMSS.
No obstante, para poder llegar a ese nivel de atención plena, una institución del tamaño e importancia del Seguro Social, debería tener todas las posibilidades en sus manos. Es decir, debería de tener todas las posibilidades de proveer de todos los medicamentos a todos sus derechohabientes que lo necesitaran, así como de atención médica y los demás servicios que presta, sin necesidad de apoyarse de terceros, a quienes además del servicio les tiene que pagar ganancias. Eso es, justamente, lo que ocurre con los llamados “vales de medicina” que recientemente le acaba de imponer la Cámara de Diputados.
NEGOCIACIÓN POLÍTICA
Por si esto fuera poco, le afecta sobremanera al país que el gobierno federal tenga una afinidad imparable a emprender negociaciones de corto plazo, que hipotecan el gasto de la Nación. En otros años, ha cedido la entrega de recursos millonarios a entidades federativas, grupos políticos o partidos, a cambio de apoyos en la Cámara de Diputados; e incluso, en 2009, llegó a hacer tratos de tipo partidista a cambio de votos aprobatorios de fuerzas de oposición en la Cámara baja. Hoy, siguiendo esa lógica, no habría de extrañar que el gobierno federal haya negociado la aprobación de esa medida, a cambio de que el Verde apoye cierta propuesta presidencial que resulte polémica.
¿Por qué suponer eso? Porque recientemente, el gobierno federal logró convencer al PRI, no sabemos aún bien a bien a cambio de qué, de no impulsar la reforma que pretendía reducir en un punto porcentual el cobro del Impuesto al Valor Agregado. Y como el Verde es un apéndice del tricolor que se cuenta en votos, seguramente el gobierno federal ya habrá realizado algún tipo de intercambio, en el que se incluyó la aprobación de los vales de medicina en el IMSS, a cambio de apoyo en otras propuestas. Es lo que parece, de acuerdo con los antecedentes más recientes de esas negociaciones políticas.
REFORMA CUESTIONADA
En un artículo aparecido en el periódico El Universal, también el pasado martes, el diputado federal del PRD Alejandro Encinas Rodríguez, considera como una “falsa solución” la que se está dando a los problemas de desabasto de medicamentos dentro del IMSS, y además de enlistar los errores que tuvo el dictamen referido en cuanto al proceso legislativo seguido, también revela el posible negocio que se encubre con esta medida.
Textualmente, apunta que “la iniciativa, conocida ya como la ‘Ley Simi’, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular. Pues el ‘dictamen’ no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica. A lo que se suma el hecho de que el ‘dictamen’ omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.
“Y el segundo, el asunto de fondo que encubre esta iniciativa, es el gran negocio que se pretende desplegar a partir de la virtual renuncia del Estado mexicano a su obligación de garantizar la seguridad social; alentando la privatización de una institución precursora del Estado de bienestar y de los derechos sociales de los trabajadores, pues de aprobarse esta medida se creará un quebranto a las finanzas del IMSS, ya que si actualmente no hay recursos para garantizar en su totalidad el abasto de los medicamentos, al momento que se establezcan vales con un precio diferencial más alto, las finanzas del Instituto se verán comprometidas.”
¿AYUDA O PRIVATIZACIÓN?
Como lo apunta el diputado Encinas Rodríguez, hoy son las medicinas. ¿Luego vendrán los vales para la consulta médica, y mas adelante serán para la hospitalización externa, hasta dispensar los recursos a particulares y desmantelar al IMSS? Sin duda, siguiendo sus palabras, lejos de continuar por la senda privatizadora que ha mostrado su inviabilidad a lo largo de tres décadas, el Estado debería asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad social de los mexicanos, en lugar de continuar debilitando y desmantelando las instituciones públicas, únicas capaces de atemperar la profunda desigualdad que prevalece en el país. Esta medida, pues, implica tantos riesgos como los beneficios aparentes.
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