Persecución a funcionarios: rencor mal encaminado

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En Oaxaca, el Gobierno del Estado la principal fuente de empleo para la población. Sólo en la estructura administrativa, cuenta con unos ocho mil empleados de base, y unos doce mil de contrato y confianza. Esto, sin contar a quienes integran los llamados mandos medios y superiores, que ejercen las funciones de responsabilidad, mando y coordinación en la administración estatal. Ahora, con el cambio de gobierno, comenzó un proceso natural de relevo en esas estructuras. Sólo que, en este caso en particular, el enfrentamiento entre los gobiernos saliente y entrante está llevando a generar un cierto tipo de rencor mal encaminado, que finalmente podría hacer víctimas a los trabajadores equivocados.

Desde hace algunos días, circulan en Internet innumerables mensajes de odio hacia los trabajadores de confianza del Gobierno del Estado. En ellos, se les pretende responsabilizar por el despilfarro que, dicen no sin razón, cometió la administración estatal anterior; los ubican como los flojos y prepotentes que le hicieron daño a Oaxaca. E incluso los ubican, a todos, como activistas del Partido Revolucionario Institucional que deben ser despedidos de inmediato, para dar paso a una nueva clase burocrática. En la más dura de todas las acusaciones, se dice que éstos fueron quienes llevaron a la ruina a nuestro estado.

Por ejemplo, uno de los tantos mensajes sobre el particular que han llegado al correo personal del autor de esta columna, dice textualmente —incluidos todos los errores ortográficos y de sintaxis— lo siguiente: “El 15 de diciembre de 2010, un diputado local, priista (Francisco García López), se manifestó en contra del despido de funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz, aduciendo que es un acto ilegal, pero sobre todo que se deja en el desamparo a miles de familias porque es el único sustento de ellos. Que (sic) desvergüenza de este diputado y su bancada, ya se les olvidó que estos funcionarios pertenecen a un estrato gubernamental culpable del despilfarro, la opulencia y la corrupción”.

Y va más allá: “¿Defiende usted a los funcionarios? ¿Que no se les “despida”? ¿pobrecitos? No olvide señor diputado priista que fueron esos funcionarios los que llevaron a la ruina a nuestro estado, que empobrecieron a la gente, que medraron con la necesidad de los campesinos, que incumplieron con sus obligaciones o que para realizar sus actividades exigían ‘mordidas’. Vea usted alrededor seño diputado priista, vea las calles bachudas, vea las carreteras abandonadas, vea las banquetas inservibles, las obras inconclusas, los desordenes en el transporte, la venta de plazas, la venta de concesiones, la venta de medicamentos gratuitos, las compra a precios inflados… eso es lo que usted defiende… que escasa probidad tiene usted, que escasa vergüenza tiene usted, si es que aun tiene algo.”

Luego de todo eso, asegura que el cese de esos miles de funcionarios es indispensable para “el cambio de rumbo con nuevos rostros y nuevas actitudes”, y para desterrar a los aviadores y corruptos. Y por si eso fuera poco, termina exigiendo al diputado en cuestión que mejor investigue gastos como el del techado del Auditorio Guelaguetza, o la procedencia de los recursos con los que la familia del ex gobernador Ruiz Ortiz construyó un lujoso hospital privado en la ciudad de México.

Ese correo que, como varios otros, circula ampliamente en Internet, es una muestra clara de rencor y manipulación que, además, confunde a los verdaderos responsables de todos los señalamientos que se hacen y, por si fuera poco, les permite quedar en la impunidad para que otros, inocentes, paguen por sus culpas.

UBICAR AL ADVERSARIO

No son errados muchos de los señalamientos que se hacen al anterior gobierno. No se equivocan, ni difaman, cuando aseguran que la anterior administración estuvo marcada por una adictiva tendencia hacia la corrupción, la opacidad y la manipulación. Sin embargo, habría que ver hasta dónde eso fue responsabilidad de los empleados de confianza (que constituyen, junto con los empleados de base, los de menor nivel jerárquico en la administración pública); hasta dónde deben de ser llamados a cuentas tanto los titulares y funcionarios de responsabilidad en las entidades estatales, y hasta qué punto les deben ser cobradas las cuentas a sus subordinados.

Suponer que los trabajadores de confianza fueron los responsables del saqueo, la corrupción y los errores que cometió la anterior administración, es tanto como negar la potestad de mando de los titulares de las dependencias estatales. Fueron los Secretarios y Directores de las entidades públicas locales, quienes encabezaron los trabajos que —bien o mal— se realizaron en la anterior gestión; fueron quienes manejaron los recursos económicos; y fueron quienes finalmente dispusieron todo lo que luego resultó en éxitos y fracasos para el gobierno estatal.

Lo más grave de todo esto, es que están pagando, o pretenden que paguen, justos por pecadores. Suponiendo que despidieran a todos los empleados de confianza, ¿sólo con eso la administración pública cambiaría y, lo que es aún más incierto, mejoraría? ¿Ya no sería entonces necesario llamar a cuentas a todos esos ex funcionarios sobre quienes pesan acusaciones de corrupción, ineptitud y enriquecimiento inexplicable? ¿Con eso quedarían saldadas las fortunas ofensivas que se amasaron en un sexenio? ¿Despedir a varios miles de trabajadores equivaldría a castigar a quienes sí despilfarraron los recursos y llevaron la gestión pública a su estado actual?

A los empleados de menor jerarquía deben exigirles, a partir de ahora, honestidad probada, compromiso y trabajo constante; a los ex titulares de las dependencias en las que existen dudas sobre el manejo de los recursos, se les debe llamar a cuentas. Debe ser a éstos, y no a aquellos, a quienes se debe revisar. Creer que todo el peso de la venganza y el rencor deben caer sobre los empleados, es tanto como permitir que los verdaderos responsables se desentiendan y sigan gozando de impunidad.

CONFLICTO, ¿POR QUÉ?

Hay quienes aseguran, respecto al enfrentamiento ocurrido el pasado lunes en el Centro Histórico entre priistas de Nopala y la Policía Estatal, que fue una forma en que el PRI quiso presionar al gobierno estatal, para evitar que haga públicas investigaciones sobre corrupción que involucrarían a ex funcionarios. Dicen incluso que casos como el de Ciudad Administrativa, están a punto de reventar. Es lo que se dice.