Títulos en la ley: lo que sigue es la regresión

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+ Adecuación y retroceso: el dilema de Gabino

Como si se tratara de una legislación abominable, cercanos y no tanto del gobierno estatal, comienzan a manifestarse a favor de modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo relativo al requerimiento de título y cédula profesional para ostentar el cargo de secretario o director general de alguna dependencia estatal. Con ello el gobierno de Gabino Cué tendrá que decidir si decide dar pasos hacia adelante, o si privilegia el continuar anclado a los atavismos que históricamente han predominado —e incluso llegado a hacer daño— en el Gobierno del Estado.

Ayer mismo se manifestaron en ese sentido tanto el recién separado ex secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, así como el ex presidente Municipal de Juchitán, Leopoldo De Gyves. E incluso la vocera oficial, María de los Ángeles Abad Santibáñez dejó ver, en declaraciones a la prensa, la posibilidad de someter a revisión dicho precepto legal para eliminar el requisito de la patente profesional.

Por un lado, el ex secretario Regino Montes dijo que los indígenas padecen continuamente la opresión de quienes ostentan todo género de diplomas, pero carecen de los conocimientos sobre la realidad. Aseguró que su renuncia fue una expresión de compromiso con la ley, e incluso sostiene que el título, no lo hará ni más, ni menos competente en los temas indígenas, y lo mismo ocurrirá con cualquier otro que ocupe esta función pública, pues no existe Universidad que haya asumido en su plan de estudios el tema indígena.

Al lado de éste, De Gyves también pidió a Cué modificar los criterios para nombrar a los integrantes de su gabinete. Consideró como “un cisma” lo ocurrido con los ahora ex Secretarios de Economía y Turismo, y Asuntos Indígenas, e incluso dijo que esto constituye una “precrisis institucional”, por lo que dijo que los integrantes del gabinete deben tener “honestidad probada, más que un título profesional”.

Ante ese panorama cabe preguntarse si esas voces y esos señalamientos, juntos o separados, son, o deben ser suficientes, para modificar la ley. Porque en ambos sentidos, parece que las ideas tendientes a promover un nuevo cambio a la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo están bastante bien encaminadas a “sensibilizar” a la nueva clase política gobernante, y a presionar las fuerzas coalicionistas representadas en el Congreso del Estado, para que eventualmente impulsen una reforma que “adecuara” la norma a la realidad que vive Oaxaca.

Eso está bastante claro, aunque en ambos casos lo que se está haciendo es más un ejercicio de autolamentaciones, que de verdadera visión de avanzada sobre lo que debe ser el gobierno, y lo que deben ser las tareas del Estado. ¿De qué hablamos? De que es poco más que excesivo y engañoso, asegurar que esto constituye el preludio de una crisis institucional en Oaxaca o, mucho peor, que dicha norma es discriminatoria para las clases oprimidas o marginadas, o que con ello se excluye a los indígenas de las tareas de gobierno.

ARGUMENTOS ENGAÑOSOS

Asumir como cierto lo que asegura Leopoldo De Gyves, es tanto como querer suponer que ninguno de los hombres o mujeres que acompaña a Gabino Cué en las tareas de gobierno, tiene la preparación académica suficiente como para superar la prueba de la cédula profesional, y que por tanto en un momento dado el gobierno estatal podría quedarse sin operadores, o carente de personas eficaces y experimentadas, que lo mismo tuvieran antecedentes en las labores públicas, como también un poco de dedicación para haber asistido a la escuela y haber obtenido un título universitario.

Incluso, lo que dice Adelfo Regino es peor. Suponer que para atender a los pueblos indígenas, se necesita a una persona capaz y sensible, pero no necesariamente a un indígena, porque ni la condición de profesionista es sinónimo total de eficacia y eficiencia como, por sí sola, la calidad de indígena tampoco lo es. Suponer, en esa lógica, que la Ley Orgánica discrimina, es tanto como aceptar y resignarse a que ningún indígena puede tener un título profesional, y que por tanto no debe expectativas ascendentes tanto en ellos, como en quienes tienen el deber constitucional y legal de desempeñar las tareas públicas para atender sus necesidades.

En ese sentido, es necesario diferenciar los cargos de representación popular, de los que son meramente administrativos. Para los primeros no se exige ningún tipo de calidad profesional, sino simplemente los requisitos de nacionalidad, residencia y modo honesto de vivir; pero, idealmente, para los segundos sí deben existir mayores requisitos, ya que no es la representación del pueblo la que se deposita en ellos, sino labores más especializadas que están encaminadas a lograr objetivos relacionados con las tareas de gobierno.

En razón de ello, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo deberá dirimir serenamente esta controversia entre la búsqueda de elevar gradualmente las expectativas profesionales de quienes desempeñan tareas de gobierno, y los que de manera simplista aseguran dicen que como la ley no se ajusta “a la realidad”, debe ser modificada para continuar coexistiendo en los mismos niveles y calidad de siempre.

Dar marcha atrás a la ley, será, ese sí, un abominable acto de regresión administrativa para el gobierno estatal, que además alimentará y consolidará las visiones fatalistas o de victimización de quienes se asumen como minorías oprimidas, o que consideran que el no contar con cierta calidad profesional, es el común denominador en una entidad como la nuestra.

 

SI JUÁREZ NO

HUBIERA MUERTO…

Particularmente, Adelfo Regino debería comenzar a considerar también fríamente, si sus señalamientos son producto de un asunto personal de baja autoestima, o si él considera que, en general, indígena es sinónimo de marginación; cuando lo haga, y voltee a su entorno, verá que existen, por todos lados, centenares de indígenas que han emergido de la más dolorosa de las pobrezas, para brillar y ser respetados a nivel mundial por su tesón y esfuerzo como profesionales de la rama en que se desempeñan. Verá que el más ilustre de esos personajes, fue un indígena zapoteco, que hace casi doscientos años llegó de Guelatao, para convertirse en el más grande estadista que ha tenido México. Don Benito Juárez García nunca se lamentó: al contrario, siempre hizo todo por superar su condición, y porque lo consideraran no como un gran indígena, sino simplemente como un mexicano patriota.

1 COMMENT

  1. si se hace la modificacion a la ley orgánica seria de verdad lamentable, se concluiria entonces que;en esa tesitura de ideas, laas universidades no deben existir ya que la preparación profesional de nada sirve y menos aún para la loable tarea de la administracion publica en sus tres ramas de gobierno. imagino estudiante con estudios truncos ananlizando formulas, o peor otro estidante con preparatoria haciendo los planos de una mega construcción. veremos que pasa. buen apunte Adrián y saludos

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