+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Reforma a Ley Orgánica: no pretendan engañarnos

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+ Sólo patrañas, argumentos de Luis de Guadalupe

 

El diputado local por el PAN, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, presentó hace dos días al pleno del Congreso local, una propuesta de contrarreforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la cual se pudiera eliminar el requisito de contar con título y cédula profesional para todos aquellos que pretenden ocupar un cargo de responsabilidad en la Administración Pública estatal. Además de engañosos, los argumentos utilizados por el Legislador panista para fundamentar su propuesta, son un auténtico monumento a la patraña.

De acuerdo con información difundida el día previo por diversos medios informativos, el diputado Martínez Ramírez “propuso al pleno legislativo una modificación al artículo 14 fracción III de la Ley Orgánica (…) para hacer más preciso el contenido de las equivalencias de los títulos y cédulas profesionales necesarios para ostentar el cargo de titular de una secretaría de estado (sic) o de sus órganos auxiliares…”

“La adición establecería que el aspirante deberá contar al menos con título, cédula profesional o en su lugar que presente un equivalente que avale experiencia, honorabilidad, así como el correcto ejercicio del desempeño laboral por el cual ha adquirido los elementos necesarios para desempeñar el cargo conferido”.

Y por si todo ello fuera suficiente para justificar una propuesta tan inicua como esa para la administración pública estatal, el Diputado local de Acción Nacional “explicaba” que “así como está  redactada (la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente) no importan los conocimientos generales y las máximas de la experiencia obtenidas a lo largo de la vida de un funcionario, pues de manera limitativa y no enunciativa violan por completo el principio de igualdad, consagrado en el artículo 1 de la Carta Magna.” ¡Vaya desfachatez, astucia e irresponsabilidad la del señor diputado Martínez! Pues para justificar lo injustificable, recurre a innumerables engaños. Veamos por qué.

En primer término, asegura que para ocupar un cargo de primer nivel en la Administración Pública Estatal, debería suficiente con acreditar “experiencia, honorabilidad, así como el correcto ejercicio del desempeño laboral”, como un “equivalente” del título y cédula profesional que ahora se requiere, como comprobante de la preparación académica necesaria —“indispensable” sería el término correcto— para el desempeño de una función técnica o administrativa en el gobierno estatal.

Con ese argumento, o trata de confundir a la opinión pública, o se confunde él, o ignora por completo las razones que motivan el establecimiento de requisitos para el desempeño de cargos administrativos en general. Dice que es suficiente con comprobar la experiencia, la honorabilidad y el correcto desempeño, aunque no se presenten documentos que avalen estudios profesionales.

Se engaña, o pretende engañarnos, porque los requisitos de honorabilidad y de experiencia, deberán ser siempre adicionales a los de la preparación profesional. Dicho de otro modo: de bienintencionados están llenos los panteones. Pues se entiende que la honestidad (“Tener un modo honesto de vivir”, dice la fracción II del artículo 34 de la Constitución federal, por si no lo recuerda el diputado) es condición sine qua non de la ciudadanía; y como servidor público sólo puede ser quien es ciudadano de la República, entonces debería comprenderse que la honestidad o probidad, son prerrequisitos del servicio público.

En esas condiciones, dicho argumento resulta inadmisible, no porque la honestidad o probidad no sean necesarias, sino porque éstas son cuestiones previas que para un servidor público deberían ser de obvio requerimiento.

Y si se pretende asumir como que la experiencia es suficiente para desempeñar un cargo de responsabilidad en el gobierno, entonces de lo que se estaría hablando es de una administración arcaica, de hace varias décadas (En Oaxaca era urgente que se modificara la Ley Orgánica para superar las reminiscencias del pasado, que aún se encuentran presentes en la misma Constitución local en diversos preceptos) que ya no corresponde a lo mucho que se requiere de la administración pública estatal.

 

¿DISCRIMINACIÓN?

Pero eso no es todo. El diputado Martínez Ramírez aseguraba, por si lo anterior fuera poco, que al establecer ese tipo de requisitos también se quebranta la garantía de igualdad establecida en el artículo 1 de la Constitución General de la República. ¡Qué tamaño de patraña!

En su misma concepción, el principio de igualdad lo que busca preservar es que todas las personas gocen del mismo trato y de las mismas libertades y seguridades que otorga la Constitución. Es decir, que aún con sus diferencias, todas las personas sean tratadas como tales.

En razón de ello, podría suponerse que el diputado Martínez tiene razón en su argumento. Podría suponerse, engañosamente, que bajo el principio de igualdad cualquier persona podría tener acceso a cargos públicos de administración, y a cargos de representación popular.

Esto, en realidad, es incorrecto. Para los cargos de elección y representación popular, en efecto, no se establecen condiciones de profesionalización, sino únicamente de cumplimiento de los requerimientos mínimos para ser ciudadano de la República. ¿Por qué? Porque la representación popular, y el ejercicio de los derechos políticos va más allá de haber ido o no a la escuela. Por eso a un diputado, senador, gobernador o al mismo Presidente de México, no se le requiere que tenga estudios para ocupar esos cargos que son de naturaleza eminentemente política.

Sin embargo, ello no opera en los cargos administrativos. Porque éstos, en su esencia, son técnicos y operativos, y están encaminados a cumplir, a través del gobierno, con los fines del Estado. Es decir, que éstos cargos no son “democráticos”. Por eso no se quebranta principio de igualdad alguno, ni se discrimina a nadie, cuando se exige un título profesional para el desempeño de la responsabilidad.

Por todo esto, es inadmisible la propuesta del diputado Luis de Guadalupe. Se engaña, es ignorante, o pretende engañarnos a los oaxaqueños. Pero no cabe duda que hasta para esto último, hay que tener talento.

¡FELIZ NAVIDAD!

Es lo que deseamos a usted lector, y a todos nuestros amigos y compañeros. Que la paz y el amor se encuentre este día, y siempre, entre ustedes. Les enviamos un abrazo fuerte.

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