Oaxaca: la atención social es lo que de verdad urge

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+ Títulos, una discusión estéril frente a los rezagos

 

Ojalá que, por el bien de Oaxaca, pronto termine la polémica sobre los títulos y cédulas profesionales que deben ostentar todos los miembros del gabinete del gobierno estatal, y todos se pongan a trabajar.

Aún cuando ese es un asunto importante —no sólo por la calidad de profesionistas que deben tener quienes integran los cargos de responsabilidad en la administración estatal, sino también por un asunto de legalidad y demostración de existencia del Estado de Derecho—,  es evidente que la entidad enfrenta problemas mucho peores que deben ser atendidos de inmediato. En esa lógica, el Gobierno del Estado debe abandonar cuanto antes ese estado de pasmo que aún hoy aparenta, y tomar las riendas de todas sus responsabilidades y compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Oaxaca enfrenta problemas esencialmente graves por todos lados. Sólo en el aspecto meramente relacionado con la atención y labor social, el nuevo gobierno se encontró con problemas gravísimos que deben ser atendidos de inmediato. El problema, en ese sentido, es que en instancias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, los nuevos funcionarios apenas si comienzan a entender el funcionamiento de una entidad burocrática gigantesca, compleja y llena de rezagos, que necesita de atención urgente no sólo en lo administrativo, sino en los programas y asuntos que deben atender relacionados con los grupos vulnerables que en los últimos años fueron invisibles, o de poca importancia, para el anterior gobierno.

La sola situación en que se encuentran los dos albergues infantiles del DIF estatal, debía ser motivo de alarma y atención inmediata para todas las autoridades relacionadas. En los últimos años, todos los rezagos (desde la falta de alimento, medicamentos, cuidados y atención médica suficientes, hasta los abusos y omisiones deliberadas de las autoridades anteriores) no fueron resueltos sino únicamente ocultados.

Para la administración anterior, era práctica común en esos sitios que a los bebés, niños y adolescentes únicamente se les vistiera y atendiera dignamente, cuando iba a realizar algún recorrido la Presidenta Honoraria del Patronato (es decir, la esposa del Gobernador), o cuando asistirían representantes de los medios de información a algún evento o actividad pública que allí se realizara.

Por supuestos “motivos de seguridad” (que no era sino el miedo a que se reflejara la situación real de abandono en que se encontraban los infantes), nunca le fue permitido el acceso a medio informativo alguno (ni siquiera a entrevistas con cualquier funcionario del Sistema, cuando el tema era la situación de los niños que ahí habitaban), incluso ni siquiera cuando, en más de tres momentos en los últimos seis años, murieron varios infantes por causa de descuidos, mala higiene e, incluso, por la negativa de los funcionarios encargados de adquirir los medicamentos para que éstos fueran suministrados en tiempo y forma, de acuerdo a la indicación médica, a los menores.

Esos funcionarios encargados de las adquisiciones y los recursos materiales del DIF, que son moralmente responsables de muchas de las oscuridades financieras que prevalecen en esa institución, sorprendentemente continúan en funciones hasta el día de hoy.

No obstante, los dos albergues del DIF Estatal son sólo un ejemplo de todo lo que ahí se encuentra en estado de abandono, y que debe ser atendido de inmediato. Los nuevos funcionarios de esa dependencia, deben mostrar de inmediato un verdadero compromiso de trabajo y eficiencia con la labor social, y la atención a la población vulnerable, que motiva la existencia de esa institución.

Además de los albergues, ahora sí al DIF debería comenzar a preocuparle la existencia de cientos de niños de la calle, que lo mismo son malabaristas, payasos, limosneros o chicleros de semáforo, que víctimas de diversas formas de explotación, que van desde la venta de dulces en cajitas colgadas de los hombros, hasta infantes de menos de diez años de edad que son obligados a lustrar zapatos, a limpiar parabrisas y a otras actividades, por personas sin escrúpulos que los maltratan y obligan a trabajar a plena luz del día.

Todo eso es fácilmente palpable. Todos los oaxaqueños, de uno u otro modo, somos testigos de esa realidad que ha sido largamente negada. Ojalá que quienes llegaron ahora a trabajar al DIF aduciendo la defensa de los derechos humanos, honren de verdad esa noble denominación atendiendo a los grupos vulnerables.

 

DESARROLLO SOCIAL

Están a punto de pasar los primeros treinta días de la actual administración, y de la Secretaría de Desarrollo Social, aún no se sabe nada. Para cualquier gobierno, e incluso para cualquier proyecto político, una instancia de esa naturaleza debería ser esencial, pues de ahí es de donde tendrían que salir los más importantes esquemas que, en programas concretos, y basados en datos duros, pudieran demostrar que se atendió eficazmente a la población con mayor grado de pobreza y marginación, y que de ese modo se contribuyó a materializar el fin último de cualquier Estado, que es el bien común.

El problema, en este caso, es que en casi 30 días el titular de la nueva Sedesol estatal no ha aparecido públicamente en una sola ocasión; y según se sabe, la dependencia aún no tiene definido ni el organigrama, ni la estructura administrativa, ni los órganos técnicos que tendrá a su cargo provenientes de otras dependencias que desaparecieron a partir de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; incluso, pareciera que aún hoy esa dependencia no tiene materia de trabajo.

AQUÍ TODO URGE

Oaxaca tiene asuntos importantísimos en ese aspecto, que deben ser atendidos de inmediato. El tema de la atención social a los rezagos debe ser atendido no sólo por programas federales —que solamente han sido administrados y capitalizados electoralmente por los gobiernos estatales o municipales, pero que difícilmente han demostrado haber cumplido con los fines últimos para los que fueron concebidos. En todo caso, una instancia como esta tendría que servir para “tropicalizar” —es decir, adaptar a la realidad estatal— los programas de combate a la pobreza, y hacerlos más eficaces. Pero deben comenzar a apurar el paso, antes de que parezca que esas nuevas instancias sólo fueron creadas para dar empleo y pagar cuotas, y no para atender de mejor modo los problemas que tiene Oaxaca.

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