+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Motín en Cereso de Tuxtepec: la SSPE se evidencia

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+ Orden en Penales, más allá de revanchas de grupo

El pasado martes ocurrió un motín en el Reclusorio Regional de San Juan Bautista, Tuxtepec. Luego de tres horas de amotinamiento, y de la retención de cinco custodios, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, determinó destituir al director del centro penitenciario, el mayor Manuel José Lázcares, al acusarlo de presuntos malos manejos, y nombrar como directora provisional a quien hasta entonces fungía como directora de Ejecución de Sanciones y Medidas Sancionatorias, Josefina Jaime Quiroz. Aunque la solución a ese motín pareciera ser un mero asunto de rutina, en realidad esto revela el poco conocimiento y entendimiento que tienen las nuevas autoridades de seguridad respecto al manejo y control penitenciario en la entidad.

Es claro que remedios como el dado a éste motín, constituyen todo menos una solución real al asunto. Aunque en un primer momento pudiera asegurarse que todo fue arreglado porque los reos amotinados decidieron entregar pacíficamente las instalaciones y a las personas retenidas, y porque los nuevos mandos destituyeron a un funcionario que presuntamente había cometido excesos y posibles delitos en el desempeño de sus funciones, en realidad todo esto parece ser el foco de incubación de vicios y problemas mayores para el ya de por sí oscuro sistema penitenciario en la entidad.

En las cárceles estatales, existen una serie de vicios, desde hace tiempo, respecto a los cuales las diversas autoridades encargadas de la seguridad pública se han negado a ver o atender, e incluso existe la posibilidad de que se hayan convertido en sus cómplices. En centros de reclusión como el de Santa María Ixcotel, y también en el de San Juan Bautista Tuxtepec, existen organizaciones internas de reos que son quienes han ejercido el autogobierno dentro de las instalaciones, solapados por las autoridades penitenciarias. Todos los vicios que esto conlleva, aún con los amotinamientos, con los cateos e incluso con las posibles “soluciones” que dizque le han dado las autoridades penitenciarias, ha sobrevivido e incluso, con decisiones como las del secretario López Escamilla, se han fortalecido. ¿De qué hablamos?

De que esos órganos de autogobierno —conocidos coloquialmente como “mesas directivas”— han promovido y fomentado todos los vicios posibles dentro de los centros de reclusión estatales. Las llamadas mesas directivas, son organizaciones conformadas y dirigidas nada menos que por reos, para poder sostener el control y la “gobernabilidad” interna en los penales estatales. Ellos son quienes regulan el orden, las jerarquías, las actividades económicas, e incluso también otras relacionadas con el tráfico de estupefacientes, prostitución y demás vicios que se anidan entre los internos.

Las mesas directivas son ampliamente conocidas entre todos aquellos que han sido huéspedes de algún penal estatal. Aunque son organizaciones prohibidas por la ley, éstas han subsistido sin ningún problema a pesar de que, como ocurrió por única vez en enero de 2009, las entonces autoridades al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, han decidido realizar operativos de cateo, traslado de reos peligrosos, y decomiso de artefactos (armas de fuego, cartuchos y punzones, entre un enorme cúmulo de objetos) para según restablecer el control interno y el orden entre los reclusos.

Ese tipo de organizaciones han sobrevivido a todos los supuestos intentos de saneamiento; y de acuerdo con lo hecho el pasado martes en el penal de San Juan Bautista, Tuxtepec, esta ocasión no será la excepción.

 

¿SOLUCIÓN O DAÑO?

Pareciera que ante el motín de reos en el penal de la Cuenca del Papaloapan, la SSPE dio la mejor solución posible. Luego de alrededor de tres horas de amotinamiento, el secretario López Escamilla decidió destituir al director del Centro Penitenciario, y acusarlo precipitadamente de diversos excesos, únicamente para lograr el restablecimiento del orden en el penal, pero no para extinguir los vicios que ahí se fomentan, y de los cuales son también responsables los reos.

En ese sentido, es claro que el secretario López Escamilla confundió la solución operativa que era necesaria y correcta, con una innecesaria y desafortunada decisión que más bien tenía que ver con la sustitución de las autoridades del anterior régimen, por las del actual, y que dejó intactos, y aún más, fortalecidos, todos los vicios de corrupción interna del centro penitenciario. Expliquémonos.

El secretario López Escamilla decidió la destitución del director Lázcares, como la medida inmediata para retomar el control del penal. Lo cesó, acusándolo de cometer excesos y tropelías contra los internos, pero para esto no hubo investigación ni observación alguna. Es decir, que los señalamientos de los internos, y tres horas de amotinamiento, fueron suficientes para que les fueran cumplidas todas sus demandas a los reos, y para que se detuviera la insurrección sin verdaderamente poner remedios de fondo.

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque la mesa directiva que existe en ese penal no fue desarticulada. Al contrario: lograr la separación del cargo del director Lázcares fue un objetivo que ellos se pusieron y que les fue satisfecho por la SSPE; no hubo requisa alguna a las instalaciones, como tampoco revisión personal a los reos que se habían amotinado.

Es decir, que la autoridad se replegó por completo a las exigencias de los internos, y si bien desactivó el amotinamiento, con esa decisión lo que hicieron fue fortalecer la organización interna del penal —junto con todos los vicios y corrupción que ello implica—, además de alentar a que en otros reclusorios donde también existen mesas directivas, asimismo se amotinen para lograr los objetivos que se proponen.

CONSOLIDAR LOS VICIOS

Lo más grave del asunto, en este sentido, es que por si todo eso fuera poco, nombraron como directora provisional del Penal de Tuxtepec a Josefina Jaime Quiroz, quien hasta ahora había sido la encargada de todos los reclusorios estatales, y quien sí ha tenido fuertes cuestionamientos en su desempeño como servidora pública en el gobierno de Oaxaca. Todo eso, pero particularmente ese nombramiento, lejos de significar cualquier tipo de reconocimiento, más bien parece ser el preludio de más problemas, y sobre todo de una destitución de la forma menos digna posible. En cualquier momento.

Twitter: @aortizromero

 

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