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+ Preservar garantías y ley, dos premisas no peleadas
Es claro que ninguno de los tres ámbitos de gobierno quiere, ni remotamente, asumir su responsabilidad respecto a las constantes agresiones, abusos e inseguridad que viven los transmigrantes que se internan en nuestro país desde la frontera sur, en su intento por llegar al cruce con los Estados Unidos de Norteamérica. Más allá de las acusaciones mutuas, lo que los gobiernos federal, estatal y municipales deberían comenzar a hacer, con modestia y honestidad, es manifestar si tienen o no disposición para actuar a favor de los derechos humanos y la ley, y qué harán al respecto.
Aunque era por todos sabido, desde hace años, de los incontables abusos y violaciones a los derechos humanos de que son objeto —lo mismo a manos de policías municipales, elementos estatales, agentes federales o de migración, y ahora por parte de criminales— los centroamericanos que se internan a nuestro país, y que atraviesan los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y otras entidades del centro y norte de la República Mexicana, en busca de la frontera norte, no fue sino una enorme explosión de violencia, y una denuncia mediática, lo que hizo a la opinión pública —nacional e internacional— voltear la mirada a ese infierno que ha estado ahí, a la vista de todos, desde siempre.
Pareciera que, hasta agosto del año pasado, nadie nunca había visto a los cientos de miles de migrantes que cada año pasan por nuestro país, en su tránsito hacia Estados Unidos. Fue entonces, cuando un grupo de 72 migrantes fue ejecutado en el estado de Tamaulipas a manos de un grupo criminal que primero pretendió extorsionarlos, y la noticia le dio la vuelta al mundo por su incomparable grado de violencia y saña, que todas las organizaciones, grupos civiles —y disimulada y obligadamente el gobierno federal— parecieron darse cuenta que los transmigrantes padecían todo tipo de horrores lo mismo a manos de elementos del Estado que de grupos criminales que habían encontrado ellos un redituable y abierto negocio.
Fue hasta entonces que se supo en todo el país, que incontables grupos de transmigrantes que provenían del sur del continente, eran objeto de extorsiones, robos, secuestro, abusos, ataques sexuales e incluso prostitución, lenocinio y trata de personas en el caso de mujeres, lo mismo por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, que por elementos de corporaciones policiacas municipales de las demarcaciones por las que pasaban, e incluso en ciertos casos por elementos estatales.
No era, como pretende hacerse creer, un asunto de competencias o de “legalidad” lo que abría la puerta a todo ese tipo de abusos y de “actuaciones” por parte de policías o servidores públicos que también han lucrado con ellos, sino más bien el hecho de que todos, en los tres ámbitos de gobierno, se dedicaron a ver a los migrantes como una fuente inagotable de dinero fresco e ilícito que, además, a ningún poder del Estado le interesaba proteger.
En ese sentido, es bien sabido —por las cientos de denuncias que existen al respecto y que nadie ha hecho caso— que los agentes del Instituto Nacional de Migración, más se dedican a extorsionar a los transmigrantes ilegales, que a solamente capturarlos y deportarlos a sus países de origen por su irregular situación migratoria.
Asimismo, es bien sabido que, al menos en el caso de Oaxaca, los elementos de las policías municipales de las zonas del Istmo de Tehuantepec con altos índices de afluencia migratoria, así como la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones —dependientes del Gobierno del Estado— llevan a cabo operativos permanentes para identificar y capturar a migrantes, cuando éste ni es un asunto que esté dentro de su competencia, y mucho menos sea un tema directamente relacionado con la seguridad pública o la ejecución de órdenes judiciales o de investigación, que debía ser la función respectiva de cada una de esas corporaciones policiacas.
Por si fuera poco, los elementos de esas corporaciones que oficiosamente se dedican a “indagar” el tema migratorio en aquella región del Estado, lo hacen porque, al igual que los agentes federales de la materia, se dedican a extorsionar y a lucrar con las personas que por necesidad salen de sus países y deciden internarse en México para tratar de llegar a la Unión Americana.
ACLARAR COLABORACIÓN
Por todo ello, ninguna esfera de gobierno debía erigirse en juez o guía moral de movimiento alguno para defender los derechos humanos de los transmigrantes, ahora que las valientes y decididas acciones del sacerdote católico Alejandro Solalinde atrajeron la atención nacional e internacional para atacar este problema que todo tiempo lesiona la dignidad humana de los centroamericanos abusados; en mayor o menor medida, todos desoyeron y minimizaron los llamados a atender este asunto, cuando el grado de violencia y saña contra los migrantes no era tan alto como ahora.
Más allá de la foto y los intentos de quedar bien ante la opinión pública nacional e internacional (es decir, más allá del oportunismo del que todos están siendo hoy objeto), lo que los tres ámbitos de gobierno, coordinadamente, ya deberían comenzar a establecer, es qué tipo de acciones tomarán, primero, para preservar la integridad de los transmigrantes; luego, qué medidas tomarán para garantizar que independientemente de su calidad migratoria, sus derechos humanos sean respetados tal y como marca la Constitución General de la República; y, paralelamente a ello, qué harán para garantizar que se cumpla lo establecido por la Ley General de Población, y con ello puedan verdaderamente garantizar que los transmigrantes detenidos en su intento por llegar a la frontera norte, sean deportados a sus países de origen en un marco de verdadera legalidad y respeto a sus garantías fundamentales.
Los gobiernos municipales y estatales deberían establecer puntualmente un marco de prioridades para los primeros puntos; y el gobierno federal, más allá de boicotear la caravana del padre Solalinde, debería comenzar a revisar a esa institución tan podrida, cuestionada y repudiada, por corrupta, como lo es el Instituto Nacional de Migración.
EL GOBIERNO SABÍA
¿No recuerdan que hasta noviembre de 2008 era delegada del INM en Oaxaca María de las Mercedes Gómez Mont, hermana del ahora ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta? ¿A poco ella no sabía de este infierno? ¿Y si sí, a poco no se lo dijo a su hermano en algún momento? Por favor.
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