Política local: la praxis se resiste a nuevos tiempos

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+ Gobernador no es el Rey; deberían entenderlo ahora

En Oaxaca tanto el oficialismo, como las fuerzas de oposición, deberían comenzar a entender que la llamada “transición a la democracia” no se encuentra sólo en el fondo, sino también, y esencialmente, en las formas.

Aunque desde las trincheras opositoras se exigen la transparencia y los cambios prometidos, y desde las fuerzas partidistas que ganaron los comicios se promete a la ciudadanía llevar a cabo todas las reformas al poder que plantearon, es claro que a unos y a otros les gana esa especie de propensión innata de asumir al Gobernador como un Emperador, y sus pretensiones como órdenes. Digan lo que digan, en descargo, lo cierto es que ese es el modo en que han actuado prácticamente todos los que ya se dicen instalados en “los nuevos tiempos”.

La resistencia al cambio de forma y práctica política en Oaxaca, quedó clara desde el primer día de la presente administración, que fue también el momento en el que el nuevo Gobernador del Estado comenzó a interactuar con el Congreso local —que formalmente no tiene una mayoría definida—. Aunque hubo una primera muestra de aparente resistencia, cuando un diputado de la fracción del PRI detectó irregularidades en la integración del expediente de la Secretaria General de Gobierno, que solicitaba su ratificación, al final todo fue resuelto al modo tradicional del pasado: es decir, a través de los arreglos políticos, que luego fueran legitimados a través de alguna forma jurídica moldeable.

¿Qué ocurrió entonces? Que la recién nombrada secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, no cumplía el ahora famoso requisito de contar con título o cédula profesional, que exige la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Para ejercer plenamente su cargo, la Constitución del Estado establece la necesidad de que dicho funcionario sea ratificado por el pleno del Poder Legislativo.

Independientemente de que unos y otros lograran el objetivo de que la secretaria Piñeyro fuera ratificada, lo verdaderamente cuestionable fue el modo en que lo hicieron. ¿Por qué? Porque tanto oficialistas como opositores evocaron las formas del pasado. ¿Cuáles? Aquellas en las que, luego del dictado de la oficina del Gobernador, buscaron enmendar el error a través de la interpretación legislativa, los acuerdos entre fracciones, e incluso la voluntad oficiosa de algunos que trataron, a pesar de su posición opositora, de atemperar los ánimos y conseguir que finalmente el acuerdo fuera alcanzado a través de los llamados a la moderación o disciplina a sus compañeros de bancada.

En ese sentido, Irma Piñeyro alcanzó la ratificación gracias a la figura de la dispensa, que fue impulsada desde las fuerzas coaligadas para tratar de apagar los señalamientos en su contra, que afectaban de manera importante la imagen del Gobernador del Estado. Era parte de su posición hacerlo. No obstante, lo que no deja de ser cuestionable es el modo en cómo unos y otros omitieron por completo la posibilidad de entablar una verdadera discusión de altura, que permitiera la formación de un criterio, antes que el apabullamiento de las órdenes terminantemente dictadas, o asumidas como terminantemente obligatorias.

Y aún cuando eso pareciera un tema ya de sí grave para un Estado democrático, plural y con fuerzas equilibradas, tal parece que ese ejemplo ha sido el menos revelador de la permanencia de esas supuestas viejas prácticas, en estos supuestos nuevos tiempos.

VIEJOS TIEMPOS

Todo quedó perfectamente claro cuando hace apenas unos días ocurrió la elección del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Aunque se supone que la designación de quien funge como Titular del Poder Judicial del Estado es un acto colegiado, independiente y autónomo de cualquier otro factor real o formal de poder, en Oaxaca se convirtió en una práctica tradicional que éste fuera nombrado según la conveniencia del Gobernador del Estado. En estos “nuevos tiempos”, aquella práctica del pasado se hizo fielmente presente.

¿De qué hablamos? De que, como ocurre “tradicionalmente”, fue desde la oficina del Gobernador de donde salió la “recomendación” para que el magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera fuera favorecido por la mayoría de votos de los demás togados. Así ocurrió. Y el problema, contrario a lo que pareciera, no es sólo respecto a lo que el Gobernador quiere, sino al modo tan obediente y disciplinado en que los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, asumieron esa recomendación como una orden.

Es claro que en la lógica del poder no existen espacios vacíos. Es decir, que siempre un poder buscará abarcar los mayores espacios posibles, hasta que otro poder se le interponga y, por la vía de la ley o de la fuerza, lo obligue a detener su paso o a respetar los límites. Ello es lo que explica que, particularmente en este caso, el problema no sea sólo del Gobernador (que manda), sino también de los magistrados, porque son quienes indebidamente se asumen como dependientes del poder, y obedecen.

Eso fue exactamente lo que pasó en el TSJE, hace apenas unos días, y es lo que estaría a punto de ocurrir respecto a la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, que ahora se encuentra en manos del Poder Legislativo. Independientemente del modo en cómo se resuelva (o ya se haya resuelto el asunto), de todos modos ello se resolvió “democráticamente” de acuerdo a las reglas del pasado.

Desde hace ya algunos días, se sabía de manera casi confirmada, los nombres de quiénes integrarían dicho Tribunal jurisdiccional en materia electoral; también se sabía quién lo presidiría, e incluso cuál sería su conformación administrativa. Todo salió, como siempre, de los corrillos administrativos del Poder Ejecutivo, y habría sido ejecutado fielmente por el Legislativo.

 

NADA CAMBIA

¿Esos son los supuestos nuevos tiempos? La transición democrática, en realidad, no significa reformar un montón de leyes para luego presentarlas como innovaciones jurídicas que —como se dice en el argot legal— son vigentes, pero no positivas. Incluso no modificando norma alguna, sería más fácil de lograr una verdadera transformación democrática modificando sustancialmente las formas en cómo se desarrolla la política y cómo se lucha desde el poder, por el poder e incluso contra el poder. Pero esos, entre muchos otros, son signos claros de que poco será lo que verdaderamente cambie.

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