Migrantes: lo que no ha hecho Oaxaca

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+ Frontera porosa y segura, el gran reto

TALISMÁN, Chiapas.- Oaxaca tiene mucho que aprender del gobierno de Chiapas en materia de preservación de los derechos humanos de los migrantes que llegan desde los países vecinos de Centroamérica. A pesar de las limitaciones económicas que podrían alegarse, e incluso de la posible negativa a involucrarse en un tema que legalmente no le corresponde, el gobierno de esa entidad federativa ha tomado una serie de medidas que deberían hacer eco en nuestro estado para —más allá de la pose y la foto— verdaderamente hacer algo por los migrantes.

Sólo al estar aquí en la frontera sur del país, uno puede tomar la dimensión real del problema migratorio, y de todas las demás situaciones periféricas que acompañan a este asunto. El flujo de inmigrantes desde el sur de continente hacia nuestro país, no sólo está determinado por la afluencia migratoria natural entre dos naciones, sino fundamentalmente por las agraviantes condiciones de pobreza, marginación y falta de oportunidades que prevalece en los países sureños vecinos, y el hecho de que la frontera chiapaneca tiene amplias posibilidades de ser atravesada al margen de cualquier forma de revisión y control por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El resultado, es que este cruce tiene una actividad migratoria constante, en la que lo mismo convive lo legal con lo ilegal.

¿Por qué hablar de esa doble situación de legalidad e ilegalidad? Porque, en el primero de los planos, tal parece que tanto el gobierno del estado de Chiapas, como el gobierno federal, están haciendo grandes esfuerzos por promover que los centroamericanos que desean realizar alguna actividad en México, lo hagan previa tramitación de documentos migratorios válidos en nuestro país, los cuales no tienen costo y que, al contrario, les brindan una serie de garantías mínimas para tener una estancia relativamente segura en territorio nacional.

Sin embargo, junto a ello convive la ilegalidad que, en realidad, no proviene más que del hecho de que todos los días cruzan la frontera sur de México miles de personas que literalmente vienen huyendo —de condiciones de pobreza, marginación, etcétera— desde naciones que se encuentran al sur de Guatemala, y que por esa razón no se encuentran en condiciones de tramitar documentos migratorios, que les permitan una estancia temporal en nuestro país. A partir de ello es que se crea ese tránsito migratorio no cuantificado por la autoridad, el cual, por esa misma razón, se convierte en presa altamente vulnerable de los abusos que ya todos conocemos.

Aquí en Chiapas, claramente pueden percibirse esos dos tipos de migrantes: los guatemaltecos que cruzan cotidianamente la frontera para realizar alguna actividad dentro de nuestro país, y quienes escondidamente lo hacen para tratar de llegar al límite fronterizo con los Estados Unidos de Norteamérica. Los primeros se encuentran perfectamente salvaguardados por leyes y condiciones importantes de seguridad; pero los segundos son todos aquellos a los que el gobierno federal se niega a reconocer, y que en varias entidades de la República Mexicana se convierten en el blanco perfecto para todo tipo de actividades delictivas.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Independientemente de cuál sea la condición migratoria, procedencia o destino, el gobierno de Chiapas ha invertido importantes recursos para que los centroamericanos, y todas las personas que cruzan la frontera y se internan en su territorio, tengan garantías mínimas de acceso a la salud, a la protección de sus derechos laborales, e incluso algunas otras relativas a educación, y a la preservación de su integridad como personas.

En ese sentido, pareciera que lo que se hace no es mucho y que, al contrario, se podría estar incurriendo en una posible apología del delito, al pasar por alto la condición migratoria de las personas con tal de brindarles la protección a esas garantías mínimas. En aras de que esas personas tengan la posibilidad de regularizar su situación migratoria, el Instituto Nacional de Migración ha acompañado y facilitado todas esas tareas. La idea, según lo que se puede percibir, es que los migrantes no sólo puedan alcanzar, en el mejor de los casos, una situación legal regular, sino que también se internen en nuestro país bajo condiciones básicas de preservación de sus garantías fundamentales.

Algo de eso debería ya de comenzar a hacer el gobierno de Oaxaca, en toda la amplísima franja del Istmo de Tehuantepec que, al igual que innumerables zonas de Chiapas —cifras oficiales dicen que son siete cruces carreteros entre Guatemala y México a través de territorio chiapaneco, pero datos de organismos civiles revelan que son alrededor de 54, y que la mayoría de ellos no tienen control y ni siquiera vigilancia por parte de las autoridades migratorias— tiene un altísimo flujo de migrantes a los que, independientemente de su situación legal, se les debería otorgar una serie de garantías mínimas para su subsistencia.

En Oaxaca, en realidad, no existe nada de eso por parte de autoridad alguna. La administración anterior simplemente hizo como que ese problema no existía, y toda la responsabilidad por la situación de los migrantes y transmigrantes la trasladó al gobierno federal que, para variar, tampoco ha hecho mucho para abonar al respeto a los derechos humanos de los centroamericanos ilegales que pretenden cruzar el país, o quedarse en él para realizar aquí alguna actividad de subsistencia.

Hace dos semanas, el gobernador Gabino Cué Monteagudo fue hasta la zona del Istmo de Tehuantepec para ahí manifestar su voluntad por proteger y garantizar la seguridad de los migrantes. Sería bueno que, en ese sentido, comenzara a tomar la pauta del gobierno chiapaneco para “tropicalizar” algunas de las medidas que se han tomado para preservar los derechos fundamentales de los migrantes, y aplicarlas en nuestro territorio. Finalmente, la mejor contribución que pueda hacerse, deberá ser en cuanto a la protección de la integridad de quienes hoy se encuentran en una auténtica situación de vulnerabilidad no sólo respecto a los criminales o corruptos, sino a todo un entorno que en sí mismo les es hostil.


1 COMMENT

  1. Valla que si oaxaca tiene mucho que aprender de chiapas sobre migrantes de otros paises,pero tanbien de sus propios paisanos oaxaquenos que emigran fuera del estado,sobre todo ya que gabino tomo la iniciativa espero no sea por pura estrategia politica y realmente trabaje en especial para sus propios paisanos que emigran y cuando regresen encuentren trabajos y oportunidades en el estado pienso que el gobierno del estado de oaxaca no solo se deve acordar de sus paisanos cuando mandan remesas para el desarrollo del estado o cuando bienen elecciones.

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