+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Frontera sur: los claroscuros de la migración en México

Date:

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La noche del pasado 16 de diciembre, en el paraje conocido como La Toma, en el municipio istmeño de Chahuites, Oaxaca, un grupo armado secuestró a alrededor de cuarenta indocumentados procedentes de naciones centroamericanas, que viajaban a bordo del tren que corre de Arriaga a Ciudad Ixtepec. Ese hecho, que ha sido documentado y denunciado por diversas instancias civiles nacionales e internacionales, dejó ver en toda su magnitud un problema transmigratorio que hasta ahora ha sido sistemáticamente negado y desatendido por el gobierno mexicano.

El tren conocido como La Bestia, tiene varias escalas, y su andar es a una velocidad no mayor a unos 30 kilómetros por hora. La primera de ellas, es la que cruza los límites entre los estados de Oaxaca y Chiapas, en un recorrido que, de día o de noche, dura alrededor de 13 horas. Al llegar a Ciudad Ixtepec, el furgón principal es removido y los vagones de carga son enganchados a otra máquina que los lleva, en un andar de las mismas características, hasta la comunidad de Medias Aguas, en el estado de Veracruz. Ahí, La Bestia, toma diferentes rutas: una corre rumbo a Tierra Blanca; otra va directamente a la estación Lechería, en la capital del país, y otra se enfila rumbo a territorio tamaulipeco. Todas, de uno u otro modo, llegan a la frontera norte de la República Mexicana.

El recorrido, en cualquiera de las rutas, dura entre tres y siete días más, luego de haber abandonado el territorio oaxaqueño. En el mejor de los casos, el tránsito entre una frontera y otra podría durar alrededor de 10 días para un transmigrante con suerte. Sin embargo, en ese camino debe sortear no sólo el hambre, la deshidratación, los riesgos propios del viaje a la intemperie, y las inclemencias del tiempo, sino que, sobre todo, debe soportar y esquivar las múltiples amenazas de la actividad criminal de grupos organizados, los abusos que cometen las autoridades, las amenazas de los grupos criminales que los secuestran, roban y extorsionan, y las redadas de los agentes del Instituto Nacional de Migración. Es un viaje aventurado y riesgoso, que no tiene garantía de un final feliz.

 

CHAHUITES,

EL PUNTO CLAVE

Los habitantes de la comunidad de Chahuites —municipio colindante con el vecino estado de Chiapas, y el primero al que se llega por carretera y tren desde el municipio chiapaneco de Arriaga— se notan molestos cuando el reportero increpa al presidente Municipal, Ahuizotl Castillo, sobre el evidente desentendimiento de la autoridad municipal respecto a la seguridad en su demarcación.

Aunque en un primer momento el Alcalde había asegurado no tener conocimiento directo de ningún hecho delictivo en la zona relacionado con los migrantes, éste asegura que los chahuitenses son gente solidaria y protectora con los migrantes. Éste asegura que los ilícitos cometidos contra los migrantes son más bien hechos aislados, que no siempre ocurren en Chahuites; y los pobladores denuncian que los abusos y secuestros son perpetrados por personas vestidas con uniformes de la Policía Federal, a quienes atribuyen la desaparición de los 40 indocumentados.

Incluso, una vecina del lugar señala que “por ahí, en El Silbato, una madrugada de julio que llovía, los federales tenían a los indocumentados en el lodo. Avisamos al Ejército y se los quitó. Hubo balazos, pero los militares desarmaron a los policías”. También asegura que en varias ocasiones, cuando la Policía Municipal de Chahuites tiene conocimiento de robos o secuestros cometidos contra transmigrantes, los criminales resuelven el problema “cruzando al otro municipio” (Tapanatepec), para evitar que continúe la persecución.

LA ESPERA

EN ARRIAGA

Desde las primeras horas de la noche, el Centro de Inmigrantes de la localidad de Arriaga, Chiapas, a cargo del padre Eiman Vázquez, comienza a vaciarse. Los centroamericanos que pretenden llegar a los Estados Unidos, necesariamente arriban a esa localidad, procedentes de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y, en menor grado, de Nicaragua. Arriaga es el punto de arranque de La Bestia. Y si el tren inicia su recorrido en las primeras horas del día, las cientos de personas que cada día viajan como polizones deben prepararse desde la noche previa.

A simple vista, las vías del tren parecen solitarias. Sin embargo, al caminar cerca de la zona de rieles, uno puede comenzar a distinguir, entre la oscuridad de la noche, a docenas de personas que, agazapadas, se encuentran entre los vagones o ya encima de ellos; otras más, muchas, esperan alertas en las bocacalles, las banquetas, o la maleza, a que alumbren los primeros rayos de sol para iniciar el viaje.

Al acercarse y mostrar algunos botes con agua purificada, los centroamericanos comienzan a salir de sus escondites y se acercan para recibir la ayuda. Ya visibles, comienzan a relatar las peripecias de un viaje que, para ellos, lleva ya varias semanas, varios cientos de dólares gastados, e innumerables precauciones para continuar burlando los cercos y la vigilancia de la autoridad migratoria.

Llaman la atención dos cuestiones en particular. La primera, que entre los migrantes que se acercan existen dos que no tienen las mismas características, lenguaje e incluso vestimenta de los demás; y segundo, que entre ellos no se encuentra una sola mujer.

Ante ello, la cónsul de El Salvador con sede en Arriaga, Vilma Mendoza, ofrece una explicación: que comúnmente entre los migrantes también viajan mujeres y niños, pero que ellos mismos han comenzado a tomar todas las medidas para que éstas no sean vistas o detectadas por los delincuentes sino hasta el momento en que suben al tren. Con esto, dicen, disminuyen los riesgos de secuestros y ataques sexuales en su contra. Y respecto a los dos individuos sospechosos, asegura que uno de ellos puede ser un agente encubierto de la fiscalía de protección a migrantes del estado de Chiapas; y el otro puede ser o un “enganchador” de alguna banda criminal, o una persona que recientemente habría sido deportada de los Estados Unidos y estuviera intentando reingresar a territorio norteamericano.

 

LA BESTIA

Al día siguiente, después del mediodía, el convoy de reporteros se encuentra con La Bestia, ya en territorio oaxaqueño, unos diez kilómetros antes de la zona poblada de Chahuites. Ahí, la Cónsul salvadoreña exige al conductor que detenga la marcha, para poder acercarse al tren y proporcionar agua a los migrantes. Después de unos diez minutos de espera, la Máquina se acerca y entonces preparan unos 50 botellines de agua de medio litro cada uno, para arrojárselos a los polizones.

Al pasar justo enfrente, los cálculos arrojan que sólo ese día viajan unas 150 personas en los techos de los vagones. La temperatura, a esa hora, rebasa los 30 grados Celsius. Y al tren, que ya lleva por lo menos cuatro horas de recorrido, por lo menos le hacen falta otras ocho o nueve para llegar hasta Ciudad Ixtepec.

Eso justamente es lo que le preocupa a la cónsul Mendoza: que el recorrido de La Bestia es altamente deshidratante para quienes viajan un día completo de sol, recibiendo a plomo todo su calor y sus efectos. De ahí su determinación por detener la marcha, y proporcionar agua a todos aquellos niños, hombres y mujeres —ahora sí visibles— que agradecen el líquido proporcionado.

Casi dos horas después, el tren pasa por la zona poblada de Chahuites. Tal y como aseguraba la autoridad municipal, varias mujeres se acercan a las vías del tren para aventarles algo de comida y agua. El ferrocarril, por ser de día, en ningún momento detiene la marcha.

 

MIGRANTES: ¿ATENDERLOS O IGNORARLOS?

México se encuentra en la disyuntiva entre atender los problemas que enfrenta derivados de los procesos internacionales de migración, o simplemente seguir excluyéndose de un asunto que no sólo es de seguridad interior, sino que requiere atención y una eficaz política de Estado. La frontera sur del país, representa no sólo una puerta legal de entrada al territorio nacional sino que, por su porosidad y franca ingobernabilidad, es también polo de atracción para quienes ilegalmente pretenden cruzar el país, en su intento por llegar a los Estados Unidos de Norteamérica.

El Instituto Nacional de Migración tiene detectados siete puntos de cruce fronterizo entre México y Guatemala, en territorio chiapaneco. La población, sin embargo, asegura que en la franja fronteriza, existen casi sesenta cruces carreteros, por los que libremente transitan personas de uno a otro país, sin necesidad de documentos o autorizaciones migratorias. Eso hace que la frontera sea imposible de cubrir y regular. Y es lo que da la pauta para asegurar que ésta es un límite territorial ingobernable.

Ante ese problema, del que no es responsable pero del que sí resiente las consecuencias, el gobierno del estado de Chiapas creó ya una serie de instancias para garantizar ciertas condiciones mínimas a la integridad de los transmigrantes. Aseguran que del total de los centroamericanos que se internan en su territorio, sólo es un número muy reducido el que decide quedarse en territorio nacional más del tiempo indispensable para alcanzar la siguiente frontera. Prácticamente todos van de paso, rumbo a los Estados Unidos.

El gobierno de Chiapas entendió, desde hace tiempo, que existen problemas que no se resuelven culpando al gobierno federal por su incapacidad de regular el flujo migratorio. Temas como la inseguridad, la integridad, la salud y la protección de algunos derechos de los migrantes, para ellos son una prioridad. Por ello, alejados de los debates sobre la legalidad de sus acciones, asumieron una posición garantista de los derechos humanos para brindar ciertas condiciones mínimas a los transmigrantes, independientemente de que éstos tengan una legal estancia, o no, en territorio nacional.

No es curioso que, en función de eso, desde hace algún tiempo la mayoría de los abusos contra los transmigrantes inicien a partir de que éstos se internan en territorio oaxaqueño a través del tren, de vehículos de motor e incluso a pie. El problema que hoy es visible, es que el gobierno de Oaxaca no ha tomado con seriedad un asunto que ya debía ameritar su más elevada preocupación.

Por eso, aunque no se equivocan del todo cuando señalan al gobierno federal por no atender el tema migrante de la frontera sur, sí son indudablemente responsables por toda la criminalidad, los abusos y el desentendimiento oficial en que éstos se encuentran desde el momento en que se internan en territorio oaxaqueño. Éste último, ya no es un asunto de migración, sino de humanidad y garantismo, que al gobierno de Oaxaca urgentemente le hace falta comprender.

 

 

 

 

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