Usos y costumbres: debe hallarse el equilibrio

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+ Desaparecerlos o santificarlos, un grave error

Bien dice el refranero que todos los excesos son malos. En este sentido, tanto daño ha provocado al sistema de elecciones por usos y costumbres su reiterada pontificación, como ahora los señalamientos que apuntan a desaparecerlo. En la pérdida de los equilibrios, y la equivocación del discurso, los supuestos defensores del indigenismo y las formas alternas de organización política en Oaxaca, podrían provocar un daño irreparable a la democracia.

En la década de los noventas, nuestra entidad se convirtió en vanguardia nacional al reconocer a cientos de comunidades indígenas, un sistema de elección de sus autoridades a través de vías distintas a los partidos políticos. Esto incluyó el reconocimiento a las asambleas comunitarias, a las formas tradicionales de organización, y a las particularidades de cada comunidad para elegir a sus representantes políticos.

No obstante, en esa reforma constitucional y legal en materia electoral, también quedó establecido —como era obligación por la simple jerarquía de leyes y bienes jurídicos a proteger— que el sistema de elección por usos y costumbres debía tener como único límite, el respeto a los derechos políticos que otorgan las Constituciones federal y estatal a los ciudadanos de la República, para votar y ser votado.

¿Qué significaba eso? Que independientemente de la forma particular de elegir a sus autoridades, debía respetarse, entre otros derechos, la igualdad como ciudadanos del hombre y la mujer para emitir su sufragio o aparecer como candidato a cargos de elección popular; y el gozar de las garantías mínimas para que el sentido de su voto estuviera libre de toda coacción, cuestionamiento o recriminación. Son principios que, aunque en apariencia son sencillos, a la larga evidenciaron algunas de las grietas más importantes que tiene este sistema electoral costumbrista.

Una de esas grietas, fue justamente la que evidenció el caso de la ahora diputada local por el PAN, Eufrosina Cruz Mendoza. En su comunidad (Santa María Quiegolani), se acostumbra que las mujeres no tienen acceso —y mucho menos derecho a voz y voto— en las asambleas comunitarias para elegir a sus autoridades.

Ello, que ocurre en innumerables pueblos oaxaqueños regidos por ese sistema, le impidió ejercer el derecho constitucional que tiene como ciudadana de la República, de aspirar a ocupar un cargo de elección popular en su municipio. A partir de ello, Cruz Mendoza inició una verdadera cruzada, para exigir que dentro del sistema de usos y costumbres fueran respetados todos los derechos y garantías que la Constitución otorga, pero que los pueblos, basados en el costumbrismo, niegan.

La denuncia de ese hecho, fue lo que la llevó a ser reconocida en el ámbito nacional e internacional, como una verdadera luchadora por los derechos políticos de las mujeres indígenas, e incluso, fue lo que le permitió el acceso a un partido político, que finalmente la postuló —por la vía de la representación proporcional— para ocupar un cargo legislativo aquí en Oaxaca.

Sólo que, una vez que tomó posesión de su cargo, y que incluso fue impulsada para ocupar la titularidad de la Mesa Directiva del Congreso del Estado —y tomando en cuenta que su principal bandera había sido la de la defensa de los derechos políticos consagrados en la Constitución frente al sistema de usos y costumbres—, aquí nos cuestionamos:

¿Cuál será la ruta que seguirá la diputada Cruz Mendoza, para tratar de armonizar el sistema con el respeto a los derechos constitucionales? Ese punto continúa siendo el quid de esta discusión. Y debía ser el punto central de una discusión mucho más importante y profunda que la simple propuesta de seguir santificando los usos y costumbres o, por el contrario, eliminarlos.

HALLAR EQUILIBRIOS

De entrada, una cosa debíamos entender y asumir cabalmente: Que ni la Constitución General de nuestro país está equivocada al señalar que los derechos políticos de los ciudadanos no son renunciables ni potestativos; y que, tampoco, el sistema de elección de autoridades por usos y costumbres, es esencialmente malo o dañino para la democracia.

¿Si no es ni uno ni otro punto, entonces dónde se encuentra el principal escollo? Todo radica, en el fondo, en el hecho de que en la práctica no ha habido la voluntad, de nadie, para lograr que los usos y costumbres sean ejercidos —e incluso perfeccionados— dentro del marco de libertades y derechos establecidas por las leyes vigentes. Es decir, que se garantice la subsistencia de las formas “milenarias” de organización política, pero respetando los derechos de las personas establecidos en la ley.

Esta ha sido una tarea no atendida por todos los involucrados. Las autoridades electorales locales, asumieron que al haber un sistema electoral basado en el costumbrismo, entonces los pueblos podían hacer lo que quisieran; éstos mismos, también asumiendo una posición incorrecta de ese reconocimiento, asumieron que en nombre de los usos y costumbres se podían transgredir los derechos de terceros (mujeres, avecindados, grupos minoritarios, etcétera) a la hora de concretar las definiciones políticas de sus comunidades.

Por esa razón, están equivocados quienes erróneamente creen que sólo con cambios a la ley, se podrá perfeccionar un sistema que esencialmente no es malo, pero que se ejerce en un marco evidente de falta de información y de conocimiento por parte de las comunidades indígenas, pero también de una ausencia total de limitación por parte de las autoridades que los han dejado hacer y entender ese sistema a modo de cada persona, y no como marcan las leyes.

La cuestión de fondo se encuentra en lograr la armonización de los usos y costumbres con las garantías fundamentales. Una “democratización” sólo de papel, será tan intrascendente e inútil, como lo fueron todas las previsiones hechas a la norma vigente para proteger los derechos políticos de las personas, los cuales han sido violados sistemáticamente. Habrá que tomar en cuenta otras vertientes. La sola vía de las reformas legislativas, será insuficiente. Y pensar en eliminar este sistema, será por demás más dañino para la democracia.

¿DEMOCRACIA?

Está “cantado” que Jorge Carlos García Revilla será el nuevo consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral. ¿Qué no éste debía ser electo por el Congreso? Esta “democracia” del pasado, en los nuevos tiempos de la “transición”, sí que está padrísima.

 

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