Carmen Aristegui: la censura y el efecto boomerang

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+ Censura: Acallar, provoca el efecto contrario

El pasado 3 de febrero, un grupo de diputados federales de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, colocaron en la Cámara de Diputados una manta en la que hacían alusión al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Al día siguiente, al dar cuenta de esa información, la periodista Carmen Aristegui dijo en su noticiario radiofónico de la cadena MVS que era necesario que la Presidencia de la República aclarara el punto.

La supuesta difusión de un rumor, el despido de la presentadora de noticias por parte de la empresa, la posible molestia del gobierno federal por el cuestionamiento, e incluso el posible acto de censura, más que un potencial (e ilegal) control de la libertad de expresión por parte del gobierno federal, más bien parece una medida a todas luces errónea que, por donde se le vea, consiguió el efecto exactamente contrario al buscado.

Como si fuera una analogía perfecta, está demostrado que cualquier transgresión a la libertad de expresión resulta ser particularmente estruendosa. Ya en otras ocasiones, cuando algún medio informativo de la capital de la República decidió no publicar información u opinión de algún columnista, reportero o articulista, los cuestionamientos no se hicieron esperar, y mucho menos cuando en algo dicha decisión tuvo que ver, o fue “recomendada” o “sugerida” desde el poder público.

Si el gobierno federal tiene hoy la sensibilidad e inteligencia suficientes como para entender cómo debe ser una estrategia de medios efectiva, debe de saber que una lección primordial tiene que ver con evitar a toda costa interferir de manera visible en la estabilidad de los medios informativos, y de quienes trabajan en él. Todas las lecciones, en todos los lugares del país, indican que cuando se intenta aplicar censura por parte de un gobierno a la prensa, lo que termina ocurriendo es siempre un enorme estruendo que deja mal parados a todos, y santifica a trabajadores de la información que no necesariamente lo merecen.

Si volteamos a Oaxaca veremos muestras tangibles de ello. Hace seis años, el gobierno del entonces recién asumido gobernador Ulises Ruiz Ortiz decidió estallar una huelga en un medio informativo impreso de la capital oaxaqueña.

El objetivo, desde el poder, era el de acallar a un grupo político que tenía en su poder un diario; la inconformidad oficial radicaba en el constante cuestionamiento y señalamiento que hacía dicho medio al régimen gobernante, y a que su oposición no alineado y antioficialista le daba, naturalmente, ascendencia entre el público lector y le brindaba una credibilidad que en realidad no se basaba en otra cosa, más que su imagen de mártir y de perseguido por el poder.

En aquella ocasión, el pleito era eminentemente político, y no necesariamente por la libertad de expresión. En realidad, ésta era el vehículo, y la gasolina, de aquella disputa que tenía una naturaleza distinta. Finalmente, luego de meses de hostigamiento, de argucias legales, e incluso de un conflicto social en el que esa huelga fue uno de los ingredientes indiscutibles, el gobierno de Oaxaca entendió que tratar de acallar, así, cualquier forma de expresión a través de la prensa, no sólo era aventurado, ilegal, antidemocrático y antiético: también entendió que el saldo le era descomunalmente adverso, y que lejos de haber logrado cualquier “control” de la libertad de expresión, lo único que se había ganado era el repudio y la reprobación de la opinión pública nacional e internacional, que sin ver el pleito político de fondo, juzgaron todo como una afrenta abierta a la libertad de expresión. El medio informativo aludido finalmente ganó desde todos los frentes. Y los censores terminaron dependiendo de ellos.

 

EL CASO ARISTEGUI

Dos factores se contraponen de manera profunda en cuanto a la libertad de un periodista para expresar sus ideas: esa, la de la libre expresión, es una garantía consagrada por el Texto Constitucional vigente, por todas las leyes nacionales e internacionales y, sobre todo, convalidada y defendida por la sociedad misma.

No obstante, ésta se ejerce a través de empresas de medios que, aunque tienen la función pública fundamental de informar, en el fondo no son más que eso: empresas que se encuentran siempre sujetas a intereses, a conveniencias, a presiones económicas, apremios y también compromisos que, regularmente, algo tienen que ver con el poder.

Eso es lo que parece quedar en la base del pleito entre Carmen Aristegui y la empresa MVS. Si bien es cierto que la periodista debía tener garantizada su libertad de actuar y decir lo que deseara, en el marco de su ejercicio periodístico y la libertad de expresión, también lo es que todo esto se encuentra sujeto no sólo al arbitrio de la empresa y a sus conveniencias, sino también a sus normas internas y el contrato que firmó con la periodista.

Hasta hoy, nadie conoce el contrato laboral que firmó Aristegui con MVS, como tampoco existe dato preciso alguno que dé cuenta de cuál es el contenido del código de ética del que tanto se ha hablado, y que se ha dicho que fue la base para determinar su despido. Por si fuera poco, en base a esos dos elementos, nadie sabe cuál fue el criterio o el argumento para poder decidir que ésta se separara de sus funciones.

Si el gobierno orilló a su despido, lejos de ser una demostración de autoritarismo, lo que queda claro es que esa decisión no fue sino una soberana estupidez. Si lo que querían era acallar y neutralizar a Aristegui, consiguieron todo lo contrario porque no hicieron sino empoderarla.

Del mismo modo, si lo que trató MVS de quedar bien con el gobierno, consiguió todo lo contrario. Si finalmente el régimen del presidente Felipe Calderón no hizo nada para censurarla, y más bien fue una decisión particular u oficiosa de la empresa de medios, entonces el gobierno federal está pagando erróneamente un alto costo por el señalamiento de censura que hoy generalmente se le endilga.

 

PREOCUPANTE

En efecto, preocupa lo que ocurre en el Gobierno del Estado, que no encuentran ni la pauta indispensable para echar a andar su estrategia de medios. Si lo que pretenden es creer que con la “grilla” y el acaparamiento van a ganar, están equivocados. El “bono de credibilidad” del medio oficial, se desgasta rápida e irremediablemente. Y al estarle apostando todo a esa vertiente pronto los dejará solos, y más vulnerables de lo que ya son frente a las cotidianas fallas del llamado “gobierno de transición”.

 

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