Gobierno: cómo replantear su relación con la Sección 22

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+ Destituir a funcionarios: ¿cuándo y para qué?

Es claramente perceptible el escollo real que provocó la trifulca del martes entre elementos de la Policía Federal, y los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se enfrentaron con ellos, durante la visita del presidente Felipe Calderón Hinojosa a Oaxaca: lo que verdaderamente resultó golpeado, vapuleado y lesionado no fueron personas o policías, sino la legitimidad e imagen de “alianza democrática” que tenía el gobierno de Gabino Cué, justamente por su identidad con el magisterio oaxaqueño.

Sólo quienes no entienden la lógica del poder podría suponer que el enfrentamiento del pasado martes fue consecuencia de una confabulación. Esta apreciación peca de inexacta y aventurada, precisamente porque –como lo hemos asegurado en otros momentos– nadie en su sano juicio estaría dispuesto a darse un disparo en el pie, sólo para parecer muy templado y valiente. Más bien, todo parece ser consecuencia de una desafortunada imprudencia que, sin embargo, parece que tendrá altos costos, y retos, para el Gobierno de Oaxaca. ¿Por qué?

Porque dicho enfrentamiento va más allá de los solos abusos e intolerancia que demostraron las fuerzas federales al momento de actuar, o de la beligerancia o radicalismo de los profesores de la Sección 22. En el fondo, lo que resultó seriamente abollada es la imagen del Gobernador de Oaxaca, por haber desatado un conflicto con quienes se supone que eran uno de sus principales aliados, y precisamente por la misma razón que, en el pasado, hizo que el abuso de la fuerza se convirtiera en una de sus banderas más productivas de repudio.

En todo esto, la que sorprende no es la reacción de la Sección 22 ante los hechos, sino la del gobierno de Oaxaca. Primero, porque como fuerza del Estado debían saber elegir de mejor modo sus batallas y a sus adversarios, y no dilapidar capital político valioso en reyertas estériles que, como se ha visto, sólo le dejan ganancias a quienes tienen un mejor cálculo de ellas.

Segundo, porque asombra que los mandos policiacos estatales carecieran de la capacidad de interactuar con las fuerzas federales, y exigir que de la agresión inferida por el magisterio no se hiciera una batalla campal, como la que finalmente sucedió.

Incluso, llama la atención que ante la ausencia de un diagnóstico real que pudiera ser presentado ante la sociedad (que piensa y discierne, y que exige y necesita cuando menos una explicación) sobre lo ocurrido, el gobierno de Oaxaca haya optado por pedir disculpas y, al mismo tiempo, (¡también de manera sorprendente!) trataran de responsabilizar a la administración anterior por los hechos ocurridos a casi 80 días de iniciado el nuevo gobierno.

Dicha actitud pareciera revelar una ausencia total de estrategia para enfrentar este problema generado innecesaria e inoportunamente. En este sentido, la Sección 22 estableció como condiciones previas a la posibilidad de entablar diálogo, que el primer cuadro de la capital oaxaqueña no tuviera ocupación policiaca; y que pusiera en la mesa de diálogo, para iniciarlo, las destituciones de la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Guzmán, y del secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla.

Ante ello, la gran incógnita es —no por hacer señalamientos infundados o gratuitos, sino por la ausencia de estrategia y rumbo político que es claramente perceptible en la administración estatal—, ¿cómo abordará el gobernador Gabino Cué el dilema de sostener los equilibrios de su equipo de trabajo, cómo podrá hacerlo más funcional; y, al mismo tiempo, cómo podrá combinar esos factores con la urgencia de funcionarios destituidos, que tiene el magisterio para comenzar a dialogar?

¿ESTRATEGIA REAL?

Para un ciudadano cualquiera, que ocupa una lógica común, el ofrecimiento de una disculpa es sinónimo de humildad, de reconocimiento de errores, e incluso de escrúpulos y de arrepentimiento por alguna conducta indebida. Empero, para un ente radicalizado y totalizante como la Sección 22, esto más bien es un sinónimo de empoderamiento, de ventaja, y de puertas abiertas para hacerse dueño de la situación.

En este sentido algo es claro: si lo que se desea es hacer llevadera esta relación iniciática con el factor real de poder que es la Sección 22, cuando menos un funcionario del Gobierno del Estado debe ser destituido. No obstante, la pregunta que queda en el aire tendría que ser qué funcionario debe ser el separado de su cargo, y cuándo.

Estos dos cuestionamientos no son menores. La elección entre la Secretaria de Gobierno, el Director del IEEPO o el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, radicará no solamente en la gravedad de la posible responsabilidad que cada uno de ellos pudiera tener respecto a los hechos del pasado martes, o en la particular ascendencia política de cada uno de ellos. En el fondo, tal decisión habrá de tomarse por el grado de trascendencia que tenga cada uno de ellos respecto a los grupos de poder respecto a los que fue repartida la administración estatal.

La siguiente pregunta es no menos importante. El Gobierno del Estado debe valorar con prudencia y firmeza en qué momento debe hacer movimientos, y qué tipo de mensaje tratará de enviar con ese posible movimiento en el gabinete. Ya en este tramo inicial de gobierno, el gobernador Cué dio algunas muestras de ello solicitando la renuncia a funcionarios que no cumplían con las características requeridas para sus encargos, luego de señalamientos hechos por la prensa oaxaqueña.

Frente a todo esto, sin embargo, algo debemos comprender con claridad: la Sección 22 no es la opinión pública; la Sección 22 no reacciona del mismo modo a otros entes, y por esa razón, a la 22 se le debe tratar a partir de una lógica distinta.

¿QUÉ HACER?

Disponer cambios en el corto plazo no hará sino continuar el proceso de empoderamiento que ya inició el magisterio oaxaqueño en relación al gobierno estatal. En contraparte, sostener a todos los funcionarios equivaldrá a dejar intactos tanto los elementos que enturbiarán su relación con la Sección 22, como también los riesgos de que nuevas imprudencias pongan en riesgo la estabilidad del naciente régimen. De ahí que tendrán que usar toda la prudencia, estrategia y visión a su alcance para tomar la decisión correcta. Ahora más que nunca, el Gobierno del Estado debe demostrar que ya entendió cuál es la lógica del poder en Oaxaca.

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