+ Ante falta de imaginación, cobrar es la opción
El Gobierno del Estado no sólo no comprende que el impuesto a la tenencia y uso de vehículos es uno de los gravámenes más impopulares que existen en Oaxaca y el país; tampoco comprende que la ciudadanía no es responsable por los excesos o errores presupuestales cometidos por los gobernantes del pasado; y que justamente fue esa una de esas razones por las que el pasado 4 de julio, la mayoría de los oaxaqueños los eligió como la opción democrática para gobernar.
Pareciera que desde hace unos días, el gobierno estatal decidió “darle juego” al secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, para que comenzara a “sensibilizar” a la ciudadanía oaxaqueña sobre la necesidad de pagar el impuesto a la tenencia vehicular, ahora como gravamen estatal.
Para fundamentar sus requerimientos de pago, ha desplegado un abanico de argumentos, aunque todos ellos no parecen más que meros pretextos para justificar la falta de imaginación y compromiso de cambio del Gobierno del Estado. ¿Qué ha dicho al respecto el Secretario de Finanzas?
Cajiga Estrada ha reconocido que aún cuando Oaxaca es una de las seis entidades federativas en las que son más altos los impuestos vehiculares, ha también dicho que sólo para 2011 las arcas estatales deberán erogar alrededor de 550 millones de pesos para los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios; ha dicho que la entidad es una de las que menos recaudación fiscal tiene; que los anteriores gobiernos dejaron “hipotecado” el presupuesto estatal. Y que por todo eso es importante que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones tributarias.
La primera cuestión que salta a la vista, es que el secretario Cajiga Estrada está tratando de justificar la permanencia de impuestos ilegales y rechazados a partir del manejo presupuestal del pasado. Y puede ser que tenga razón en decirlo. Porque no es un secreto que la administración anterior se valió de mecanismos como el de la bursatilización de ingresos futuros para obtener recursos económicos frescos para inversión, y que en esos procesos uno de los impuestos que dejó precisamente en garantía fue el relativo al parque vehicular.
Sin embargo, los argumentos que hasta el momento ha esgrimido el Titular de la Secretaría de Finanzas, parecen tendientes a “castigar” a la ciudadanía por los manejos presupuestales incorrectos ocurridos en el pasado, como si los particulares que tienen vehículos de motor hubieran sido los directamente responsables de los mecanismos utilizados por el gobierno de Ulises Ruiz y anteriores, y como si los contribuyentes fueran los finalmente obligados a cubrir el costo de esos posibles excesos al contratar compromisos ligados a temas presupuestales.
Hasta el momento, son nulas las opciones que el Gobierno Estatal ha explorado en relación a la búsqueda de mecanismos de recaudación alternativos a la tenencia vehicular. Esta debía ser una obligación de un gobierno que, en buena medida, llegó al poder gracias a la firme oposición de la ciudadanía hacia medidas impopulares, que ellos supieron canalizar como capitales y ganancias electorales directas. Debían de ser más cuidadosos al respecto.
INSENSIBILIDAD
Hace dos años, en 2009, cuando la administración del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz determinó que hubiera un reemplazamiento, la oposición ciudadana fue similar a la que hoy existe. La inconformidad de fondo no radicaba en que fuera el gobierno de Ruiz quien dispusiera la medida, o que ésta implicara molestias a los particulares: independientemente de los colores partidistas, la ciudadanía se opuso a lo que consideraba como un atropello y un abuso reiterado, para un sector que era un fiel contribuyente cautivo.
El gobierno de Ruiz trató, como ahora lo hace el secretario Cajiga Estrada, de justificar esa medida que era eminentemente recaudatoria. Dijo que era por motivos de seguridad; aseguró que el reemplacamiento era uno de los compromisos signados en el Pacto Nacional por la Legalidad, la Justicia y la Legalidad; e incluso aseguró que disponía el reemplacamiento porque era necesario contar con un padrón vehicular actualizado. Como debe recordarse, nadie le creyó.
Ahí fue donde surgió un sector de la oposición que llevó a Gabino Cué a la gubernatura del Estado, el pasado 4 de julio. Los electores que lo favorecieron con su voto, lo hicieron no para que repitiera los mismos esquemas del pasado, sino justamente para que buscara todos los mecanismos al alcance para que no se cometieran los mismos abusos que entonces. En un primer momento el Gobernador pareció entender tal cuestión. Pero es claro que ante manifestaciones implacables, como la voluntad del secretario Cajiga por cobrar la tenencia a como dé lugar, revelan que no se comprendió cuáles fueron las razones de fondo por las que la ciudadanía votó por ellos.
Es muy fácil culpar a otros, o al pasado, por los hechos presentes. Sin embargo, si la ciudadanía quiso cambio fue precisamente para que se hallaran las soluciones posibles y viables para innumerables problemas, entre los cuales se encontraban los abusos fiscales de que era objeto la ciudadanía.
Es claro que, en todo esto, no ha habido disposición para iniciar una búsqueda de opciones, y que más bien se pretenden imponer los criterios poco imaginativos, a través de los cuales se le cobra más a quienes ya pagan (porque es más fácil ir sobre los cautivos que conseguir contribuyentes nuevos), y se sigue privilegiando a quienes producen algún bien y no pagan un solo peso por concepto de impuestos.
Nadie debía de sorprenderse, así, por hallar cada vez más vehículos emplacados en otras entidades federativas. Pues así como es tarea del Estado cobrar impuestos, también lo es la de los ciudadanos ver de qué modo cuida más su economía.
Y contrario a lo que dice el secretario Cajiga, quien emplaque fuera de Oaxaca no incurre en falta alguna. ¿O qué acaso instruirán a los agentes de tránsito para que, en este estado eminentemente turístico, se pongan a revisar y a hostigar a todos aquellos que tienen pinta de foráneos y desean no emplacar en Oaxaca?
OPOSICIÓN
DE LA OPOSICIÓN
Con estas medidas, no tardará mucho antes de que emerjan ciertas organizaciones ciudadanas que se opongan a los opositores que hoy están en el gobierno, y busquen mecanismos legales para evadir el cobro de la tenencia. Qué paradoja, y qué burla, ¿no?