+ Ver el ejemplo federal: sólo cuotas e inmovilismo
Aunque las promesas de campaña de la coalición ganadora de la gubernatura, y de la mayoría en el Congreso del Estado en Oaxaca, fueron en el sentido de velar por el interés general, la democracia y la inclusión de toda sociedad en el ejercicio del poder, hoy queda claro que sólo están repitiendo los mismos esquemas de siempre para repartirse el poder. Es cada vez más claro que el cambio fue sólo rotativo, pero no cualitativo.
Hoy las contradicciones son claramente visibles. La Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca —como conjunto de partidos que postularon al Candidato a Gobernador, y a los aspirantes a las curules estatales— abanderó las causas no sólo contrarias al partido en el poder, sino que también pugnaba porque hubiera inclusión de la sociedad, democracia y claridad en los procesos democráticos y en las decisiones políticas que se tomaran. ¿De qué hablamos?
De que, como fuerza de oposición, se dedicaron a captar a todos aquellos sectores sociales, económicos e incluso políticos, que habían sido desplazados por lo que ellos mismos denominaban “el autoritarismo”. En ello encasillaban todas las decisiones tomadas con sentido faccioso, partidista o de grupo, desde el poder. En su visión —ahora sabemos que bastante maniquea— asumían como “malo” todo lo ejercido o decidido por el priismo, y como “buenas” todas las promesas de democracia que ellos hacían a la ciudadanía.
Los ofrecimientos, en el fondo, tenían como base la posibilidad de que la sociedad participara en ciertos rubros de la democracia, se empoderara, y ahora sí pudiera convertirse en un factor efectivo de equilibrio entre el poder público y los gobernados. Esa demanda de inclusión ciudadana, encontraba como puerto de arribo la integración —ahora sí ciudadana— de los órganos autónomos, como el encargado del acceso a la información, el de la fiscalización, y el que tiene como función el organizar los procesos electorales.
Para fundamentar dicho planteamiento, y exigir una verdadera integración ciudadana de esos órganos, se aseguraba que en los tiempos del autoritarismo priista, la integración de esas instancias estaba determinada por la filiación partidista, o la pertenencia al grupo político gobernante de esos supuestos “ciudadanos apartidistas” que tenían bajo su control esos órganos equilibradotes del ejercicio del poder.
Y seguramente no les faltaba razón. En sus tiempos de esplendor, el priismo gobernante nunca tuvo empachos en aceptar que su función no era la de la democratización, sino la de ejercer y conservar el poder que entonces tenían en las manos. Aún hoy, nadie duda que los órganos autónomos fueron integrados en función no de la democracia, sino del interés faccioso del ahora ex gobernador Ulises Ruiz.
Sólo que es tanto o más grave que en estos “nuevos tiempos” de Oaxaca, en los que se supone que reina la democracia, la inclusión y el desmantelamiento del aparato autoritario del pasado, los representantes de los partidos políticos (¿y de la sociedad?) en el Poder Legislativo decidieron, sin ningún pudor, un reparto meramente partidista del órgano ciudadano por excelencia, como lo debería ser el Instituto Electoral.
Esto significa no sólo una grave decisión que, según la experiencia federal, podría desacreditar más de lo que pudiera ayudar a la democracia electoral en Oaxaca, sino también una grosera repetición de los esquemas de reparto del poder, que las entonces fuerzas de oposición tanto criticaban en la entidad hace apenas unos meses.
¿CIUDADANIZACIÓN?
Uno de los mayores triunfos de la democracia obtenido por los mexicanos gracias al accionar institucional y democrático, y no de la convulsión, la agitación o las armas, fue la completa ciudadanización, a principios de la década de los 90’s, del Instituto Federal Electoral.
Si se recuerda, hasta entonces esa institución estaba en manos del gobierno federal —era, particularmente, un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, que era quien organizaba los procesos electorales, contaba los votos y declaraba al ganador (siempre militante del PRI) de las jornadas electorales—, y esa era la razón fundamental por la que toda la sociedad mexicana desconfiaba de ellos. El punto “cúspide” de aquella Comisión Federal Electoral, ocurrió en 1988 al darse la tristemente célebre “caída del sistema” que, dicen, le dio el triunfo al candidato presidencial priista, Carlos Salinas de Gortari.
Así, luego de una compleja lucha los partidos consiguieron no la partidización, sino la ciudadanización del órgano electoral federal. Y entonces, ya como Instituto Federal Electoral, esa instancia vivió su época de mayor credibilidad, aceptación ciudadana, y fuerza moral como árbitro en los procesos electorales.
Sólo que la experiencia, en sí misma, no siempre ha sido buena. De hecho, luego de un exitoso periodo en el que el IFE fue integrado por personas de reconocida calidad profesional, académica, e incluso política (con José Woldenberg a la cabeza), pero sin una marcada tendencia partidista, las fuerzas políticas decidieron “partidizar” ese órgano. Y con eso asestaron un duro golpe a ese, que era el más exitoso ejercicio democrático que había ocurrido con las instituciones democráticas del país. ¿Por qué?
Porque por tratar de repartirse “democráticamente”, entre ellos, los asientos del Consejo General del IFE, abandonaron la vocación eminentemente ciudadana de ese Instituto, y lo sujetaron ya no al interés general, sino a la conveniencia de las dirigencias partidistas y sus respectivos grupos parlamentarios. El resultado fue que el primer sacrificado de la elección presidencial de 2006, fuera precisamente el IFE.
REPETIR ERRORES
En Oaxaca queda claro que los partidos coalicionistas están dispuestos a repartirse, en nombre de la democracia, la integración del IEE. El resultado, desde hoy, podemos preverlo: tachándolos de “priistas” y de servir al régimen del ex gobernador Ruiz, eliminarán a todos los integrantes del Consejo General encabezados por José Luis Echeverría Morales, para luego nombrar a otros consejeros que, evidentemente, ya no defenderán el interés priista, pero sí el de ellos y el del Gobernador del Estado. Y así, ¿qué cambia entonces? Es claro que nada. Los ciudadanos habrán sido nuevamente desdeñados. Sólo que ahora no en nombre del autoritarismo, sino de la “democracia” de los aliancistas. Qué desgracia.
