+ El problema: un pago, a cambio de nada
La ciudadanía paga impuestos para recibir del Estado un conjunto de servicios públicos y beneficios colectivos. A partir de ese planteamiento, debemos preguntarnos por qué aún cuando el impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, es un gravamen legal, éste es ilegítimo. Y, entonces, habría que preguntarse por qué la ciudadanía ya no quiere cumplir con ese deber tributario.
Todos nos sabemos a la perfección aquella historia de que el impuesto sobre la tenencia fue creado para solventar el gasto que hizo el gobierno de México, cuando organizó los Juegos Olímpicos en el año de 1968. Sabemos también que el imponer y cobrar anualmente ese gravamen, le reportó a las arcas federales un ingreso extraordinario, del cual ya no se quiso desprender.
Fueron motivos eminentemente electorales (el marcado rechazo que la ciudadanía tenía hacia un impuesto que ya no justificaba su existencia, y la capitalización electoral que se hizo del asunto) los que llevaron al gobierno del presidente Felipe Calderón a abrogar, en 2007, la Ley respectiva; aunque posponiendo los efectos de esa determinación hasta el año 2012.
Una de las razones por las que la ciudadanía rechazaba tajantemente dicho impuesto, era por la alta erogación económica que éste representaba. Otra razón, menos visible, apuntaba a que el gobierno federal hizo distribuible este impuesto entre las entidades federativas que integran la Federación Mexicana.
Es decir, que lo recaudado era repartido a las entidades federativas para cumplir fines no determinados previamente. Así, aunque el producto del impuesto sobre la tenencia fue utilizado para muchos fines benéficos para el bien común, lo cierto es que al contribuyente nunca se le dijo exactamente en qué se aplicaban sus impuestos, y mucho menos se tomaron decisiones pertinentes para legitimarlo frente a los automovilistas. ¿De qué hablamos?
De que el gobierno federal nunca destinó los recursos obtenidos por la tenencia vehicular, para atender todo el universo de asuntos públicos que se encuentran relacionados con los vehículos de motor.
Al menos en el caso de la Federación, ésta nunca reinvirtió específicamente esos recursos en temas como caminos y carreteras, seguridad pública, medio ambiente, energéticos, y todo aquello que pudiera dar la idea a quienes estaban obligados al pago de ese impuesto, de que verdaderamente los recursos entregados al Estado le estaban siendo retribuidos en obras útiles y benéficas directamente para ellos.
Así, cuando inicialmente el gobierno federal pudo tomar una decisión de ese tipo (porque aún eran los tiempos del partido hegemónico, y de la sumisión del Poder Legislativo a la potestad presidencial), no lo hizo; y después, cuando pudo haberlo sostenido, los partidos políticos lo convirtieron en un tema de proselitismo electoral.
Y finalmente, como nadie quiso esforzarse ni cargar con el costo político de emprender su sostenimiento, y como al gobierno federal ya no le provocaba mayor afectación su permanencia o derogación, mejor decidió eliminarlo.
¿Por qué desde hace algunos años, el cobro de ese impuesto dejó de interesarle al gobierno federal? Porque por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal, aunque éste gravamen seguía siendo federal, era aprovechado por la entidad federativa donde se hiciera el pago.
Y al desaparecer como impuesto federal, quedó tanto la puerta abierta para estatalizarlo; pero también quedó el hueco económico por la anulación de ese concepto de recaudación, que el gobierno de cada entidad federativa debía ver cómo enfrentar a través de medidas alternativas de cobro o austeridad, o simplemente reproduciendo el patrón federal de la tenencia vehicular.
¿POR QUÉ QUITARLA?
Sería inaudito pensar que, siendo la tenencia vehicular un cobro federal, la disposición o rechazo al pago de ese gravamen varíe de estado a estado. Si todos fuimos sujetos de dicho gravamen, y la gran mayoría mostró siempre rechazo hacia él, es claro que entonces inconformes existen lo mismo en Oaxaca, que en Nuevo León.
Si esto es así, si está perfectamente comprobado que el común de la sociedad mexicana rechaza ese impuesto, y si incluso varias entidades de la República han puesto el ejemplo de que sí se puede eliminar encontrando formas alternativas de austeridad o captación de recursos económicos, ¿entonces por qué aferrarse a seguirlo cobrando?
La respuesta es muy simple: porque el gobierno estatal tiene una capacidad de operación y planteamiento de soluciones, bastante reducidas. Hasta hoy, el Gobierno del Estado, considera que con mandar a diseñar unos carteles y distribuirlos masivamente por el territorio estatal, logrará convencer a la ciudadanía de algo que se ha resistido a hacer sistemáticamente.
En su planteamiento, el gobierno estatal simplemente dice que con los recursos captados por el impuesto sobre la tenencia de vehículos “Oaxaca seguirá avanzando”. Y dice que con ello construirán más escuelas, caminos, hospitales e infraestructura. El problema es que, en medio de una entidad federativa que se caracteriza por tener calles y carreteras francamente destruidas, eso es lo que siempre le han prometido a los oaxaqueños, y nunca les han cumplido.
Nadie tiene certeza de en qué, específicamente, se ha gastado el dinero captado por impuestos de este tipo. De ahí, repetimos, nace la deslegitimación y la desconfianza hacia dicho gravamen. Lo más lamentable, es que el Gobierno del Estado ni siquiera ha sido capaz de comprender, que quizá etiquetando esos recursos para ciertas acciones específicas, y retribuyendo a quienes pagan ese impuesto al menos con vías de comunicación más decorosas, podría hacer algo para legitimarlo.
Para política del “te cobro y no te digo para qué” está desfasada desde hace mucho. Al darle un destino específico, y ofrecer facilidades de pago reales, podrían honrar la transparencia y revertir estos cuestionamientos que pueden ser todo, menos algo infundado.
ASUNTOS INDÍGENAS
Cobrando una más de las afrentas internas del priismo, ayer fue destituido el diputado federal Manuel García Corpus de la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara baja. Ésta, dicen, la ocupaba como instrumento discrecional de negociación con el gobierno estatal. La titularidad de la misma, pasó a manos de otro oaxaqueño, el diputado federal también priista, Jorge González Ilescas, quien ahora sí debe trabajar por Oaxaca y no por sus intereses particulares.
