+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Más deuda pública: ¿Y el fondo de reconstrucción?

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+ Estropeada, interlocución entre Federación y GCM

El pasado 30 de marzo, el Congreso del Estado aprobó al Gobierno del Estado la contratación de créditos hasta por 3 mil 690 millones de pesos con Banobras, instituciones de crédito o el mercado de valores para atender a la población afectada por desastres naturales y refinanciar y bursatilizar la deuda pública.

Esta decisión, que enfrentó a las distintas fuerzas y actores políticos en Oaxaca, más bien debería unirlos para protestar por lo que constituye una enorme tomadura de pelo del gobierno federal a los mexicanos, que se supone que pagamos más impuestos para evitar este tipo de deudas, y para permitir que las arcas federales tuvieran recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos climatológicos.

La autorización del Congreso al gobernador Gabino Cué para la contratación de más deuda pública, tiene íntima relación con los desastres provocados por fenómenos naturales el año pasado, y con los acuerdos tomados en la Cámara baja para sostener la tasa del Impuesto al Valor Agregado en 16 por ciento. Hagamos un sencillo ejercicio de memoria para corroborarlo.

Volvamos en el tiempo al momento en que ocurrió la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011. Motivados por cuestiones de la agenda pública, de sus promesas de campaña, y de los cuestionamientos ciudadanos por haber avalado, el año previo, el incremento al IVA, a finales de 2010 un sector del Partido Revolucionario Institucional anunció que pugnarían porque dicho gravamen volviera a su tasa original del 15 por ciento.

Ante tal anuncio, el gobierno federal —que no estaba de acuerdo con dicho planteamiento— entabló negociación con la dirigencia nacional del tricolor, para evitar que fuera aprobada tal medida que afectaría la recaudación, en alrededor de 30 mil millones de pesos por cada punto porcentual que se le redujera a dicho impuesto al consumo.

Finalmente, luego de varios días de debate, se dijo que el PRI aceptaba sostener la tasa del IVA en 16 por ciento, a cambio de que se creara un fondo de reconstrucción que beneficiara a las entidades federativas —entre ellas Oaxaca— que habían resultado seriamente dañadas por los intensos fenómenos climatológicos ocurridos el año pasado. Incluso, diputados como el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Leyva, fueron doblegados por la dirigencia de su partido, en su resistencia de impulsar una reducción de dicho gravamen.

La creación de dicho fondo de reconstrucción no fue gratuita. El mismo PRI —que ya había negociado con el gobierno federal la negativa a la reducción del IVA— necesitaba del apoyo de las fracciones parlamentarias de varias entidades federativas de mayoría tricolor que inicialmente pretendían ir por la reducción del gravamen. Por eso fueron incluidas entidades como Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, y Tabasco, entre otros.

La gran pregunta, hoy, radica en qué ocurrió con dicho fondo. Y, sobre todo, por qué el gobierno federal modificó unilateralmente el destino de recursos que ya habían sido pactados no para beneficio de los gobernadores o de los grupos políticos, sino de los habitantes de las entidades federativas beneficiadas con dicho esquema.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

De acuerdo con un documento interno de la Cámara de Diputados, del cual obra copia en poder de esta columna, El 30 de septiembre de 2010, el Grupo Parlamentario del PRI presentó la propuesta de creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, para apoyar a estados del país que sufrieron desastres naturales por la temporada de lluvias, huracanes y ciclones.

Según el documento, en esa misma fecha se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados, y se estableció que el Fondo sería etiquetado para el Presupuesto de Egresos del presente año. Y fue para la etiquetación del Fondo de Reconstrucción, que se presionó a la fracción priista para que mantuviera el IVA en 16 por ciento y así obtener recursos para financiar dicho fondo.

Finalmente, se aprobó un presupuesto para dicho fondo de 4 mil 500 millones de pesos, etiquetado en el Presupuesto 2011. A pesar de ello, el 26 de enero fueron aprobadas las reglas de operación en Banobras y ahí se estableció que sería a través de un Fideicomiso de número 2186, y no seria el apoyo directo a las entidades federativas, sino a través de contratación de deuda por parte de los estados mediante el término de “apoyos financieros”.

El documento establece que dicho fondo había sido concebido sin “pari passu” ni reglas de operación, justamente para que no hubiera trabas burocráticas. Sin embargo, estás trabas ya están contempladas en el Fondo por parte de Hacienda y Banobras. Incluso, se establece que en conversaciones que tuvo el actual Subsecretario de Egresos de la SHCP con diputados, aseguró que “ya no había recursos de este Fondo dada la emergencia que hubo”.

Frente a todo esto, no sólo resulta mezquino e innecesario, sino hasta tonto ver el asunto desde una perspectiva partidista o de grupo, como parecen tomarlo algunos funcionarios del Gobierno del Estado. En realidad, por esta cuestión resultamos afectados todos los que somos contribuyentes, pues de nuestros impuestos se prometió la creación de un fondo que ayudaría a las entidades afectadas por los fenómenos climatológicos, y ahora el gobierno federal está tratando de convertir en deuda lo que todos los mexicanos estamos ya pagando a través de impuestos.

¿Qué no un asunto como este debía unir a quienes son adversarios cotidianos, desde el Gobierno del Estado y el PRI? Finalmente, todos resultan afectados. Unos por estar teniendo que contratar deuda —con el costo político que esto conlleva—, y los otros por haber sido abiertamente timados en cuanto al sostenimiento del IVA en su tasa actual.

TIENEN MIEDO…

Es lamentable que Oaxaca tenga que echar mano de deuda para acceder a este tipo de recursos que debían suministrarse por un simple asunto de interés general. ¿Qué el Gobierno del Estado no le puede hacer frente a la administración de Felipe Calderón? ¿Qué le tiene miedo? ¿O prefiere endeudar las arcas públicas con tal de no hermanar una causa, una sola, con los priistas? Tal parece que la mezquindad, que la visión de corto plazo, y los partidismos, le están ganando todo el terreno a una batalla que finalmente, quieran o no entenderlo, no es ni por el PRI ni por Convergencia o el PRD, sino que es por Oaxaca.

 

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