+ Voluntad política rebasaría a la recomendación
Sin tener por qué hacerlo, hace unos días el Gobierno de Oaxaca, por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, aceptó la Recomendación 001/2010 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, presuntamente ocurrida en la capital oaxaqueña el 25 de mayo de 2007 a manos de posibles agentes estatales o federales. Parece claro que, más allá del cumplimiento de las medidas dictadas por el Ombudsman nacional, el gobierno estatal está tratando de evitar cualquier choque —así sea retórico— con el EPR.
Es necesario ver este asunto en una perspectiva más amplia que la de la sola lectura lineal de los hechos, y tomar en cuenta aspectos que ya son parte de la historia reciente de Oaxaca. Vayamos punto por punto.
Por un lado, es necesario recordar el hecho de que el gobierno actual, tiene una estrecha relación de ascendencia con el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano; y particularmente, que quien fuera el procurador de Justicia en aquella administración (Roberto Pedro Martínez Ortiz), fue quien tuvo preferencia en la recomendación de los funcionarios que hoy encabezan tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ambas dependencias, hoy, son indirectamente ocupadas por Martínez Ortiz.
¿Qué relación tiene todo esto con el eperrismo? Que al menos en Oaxaca, fue la administración del gobernador Carrasco Altamirano a la que le tocó enfrentar y combatir a los milicianos eperristas en 1996, cuando realizaron ataques armados tanto en la capital oaxaqueña como en varias demarcaciones de la región de la Costa.
Particularmente, fue el entonces procurador Martínez Ortiz quien cargó con los más pesados señalamientos por la brutalidad de la actuación de los agentes bajo su mando, por los presuntos actos de represión cometidos en contra de personas inocentes, y por la detención y encarcelamiento arbitrario de docenas de indígenas loxichas acusados de pertenecer a esa organización armada, quienes sólo obtuvieron su libertad cuando la administración estatal siguiente emitió una Ley de Amnistía.
Por otro lado, debía tomarse en cuenta que hace apenas unas semanas, el gobierno de Oaxaca anunció la creación de una fiscalía especializada en asuntos de trascendencia social; dicha instancia tendría justamente la facultad de investigar y esclarecer los acontecimientos delictivos que han lastimado el tejido social en la entidad. Y de hecho, al anunciar la aceptación de la Recomendación de la DNDH al respecto, dispuso que fuera esa instancia la encargada de dar seguimiento a las disposiciones contenidas en dicho documento.
Y es que aunque parece que el actual Gobierno de Oaxaca está particularmente comprometido con la defensa de los derechos humanos, y con la defensa de los activistas sociales, lo cierto es que este movimiento más bien parece estratégico para hermanarse con una causa relacionada con quienes podrían ser uno de sus principales detractores políticos.
¿ELIMINAR CUESTIONAMIENTOS?
Teniendo verdadera voluntad política, el gobierno de Oaxaca podría haber no sólo hecho promesas, sino también pudo haber entregado resultados concretos respecto a asuntos tan delicados como el de la desaparición de los eperristas, ocurrida en las postrimerías del conflicto magisterial, en mayo de 2007.
¿Por qué? Porque más allá de los efectos no vinculantes de la Recomendación de la CNDH, la administración anterior inició una investigación ministerial, a través de la PGJE, a la que nunca se le dio ni importancia ni seguimiento. Sin embargo, para efectos legales esa indagatoria continúa pendiente, y lo único que habría que hacer tanto para dar con el paradero de los dos eperristas, como también para determinar quién o quiénes fueron los responsables tanto de su aprehensión ilegal como de su desaparición, es reactivarla a través de la fiscalía especializada que ya se creó para investigar y esclarecer ese tipo de acontecimientos.
Si bien se recuerda, la administración anterior se negó a aceptar esa recomendación, argumentando que aquí las instancias estatales habían tomado todas las previsiones posibles para investigar el caso y deslindar responsabilidades, y que por tanto eran infundados e innecesarios los señalamientos hechos por el Ombudsman Nacional.
No obstante, era claro que la principal razón que hubo tanto en el gobierno estatal, como en el federal, no sólo para no cumplir con lo establecido en la Recomendación de la CNDH sino tampoco para investigar de verdad qué había ocurrido con esos personajes, radicaba en que ambas administraciones eran señaladas como las principales responsables de los hechos imputados.
Así, parece indiscutible que el cambio de administración estatal también significa un cambio de actitud y de compromisos, y que particularmente, este gobierno de Oaxaca tiene un compromiso particular con la defensa de las garantías fundamentales. Sólo que, junto a eso, se encuentran los resabios de gobiernos anteriores, los propios cuestionamientos que ellos están acumulando, y la duda latente por los espacios de poder que el actual gobierno entregó a quienes fueron acusados de eso mismo en el pasado.
Por todo eso, en el fondo no era formalmente necesario que el gobierno de Oaxaca aceptara la recomendación relacionada con los eperristas, para hacer un trabajo efectivo para localizarlo y deslindar responsabilidades con posibles agentes estatales. Más bien, todo esto parece ser parte de una maniobra tendiente a hermanar causas, o evitar cualquier choque o cuestionamiento directo con el eperrismo, que ha sido un observador agudo y crítico sobre la situación política y las promesas democráticas que trae aparejado el nuevo gobierno, y que seguramente tiene mucho que decir al respecto.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Se supone que ayer quedaría aprobada la reforma constitucional en Oaxaca. Hasta el cierre de esta columna, la sesión extraordinaria del Congreso del Estado no había concluido. Habrá que analizar con detalle qué fue lo que potencialmente habrían aprobado los diputados. Porque quien crea que ese será el remedio a los males de la entidad, está equivocado. Y con esa aprobación, también surgirá un fuerte cuestionamiento por haber ignorado de nuevo la importancia que tiene el Derecho Consuetudinario, y su perspectiva de fondo, en una entidad como la nuestra. Abundaremos.
