Coalición legislativa: PRI, responsable por IEE

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Los diputados locales de las fracciones parlamentarias que integran la coalición legislativa afín al gobernador Gabino Cué, esgrimen dos argumentos para sostener la constitucionalidad de la designación de los integrantes, y el titular, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) en las condiciones que lo hicieron, y para  asegurar que no fue un albazo, sino un asunto ajeno a ellos, lo que provocó la marginación de las propuestas y el voto del PRI en la integración del Órgano Electoral.

Es claro que en la política, como en el mundo, los hechos no son monocromáticos. Por ello, independientemente de la posibilidad de concordar o no con los argumentos de los coalicionistas, es necesario conocer su propia visión tanto de la constitucionalidad y legalidad de la determinación que ellos tomaron respecto al IEEPC, como de los acuerdos previos, y los conflictos internos que generaron las reacciones y la automarginación de la fracción priista. Como para forjar un criterio claro es necesario conocer todas las versiones, vayamos punto por punto a los argumentos que esgrimen los diputados aliancistas.

Veamos primero los argumentos esgrimidos por las fracciones legislativas coaligadas, respecto a la constitucionalidad de la decisión que tomaron, independientemente de que el lector pueda o no concordar con los mismos.

En ese sentido, aseguran que, de acuerdo con una reforma realizada al CIPPEO apenas la semana pasada, se aprobó una modificación al artículo 84, apartado A, para establecer que el Consejero Presidente del IEEPC debería ser electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión, mas no de la totalidad de los integrantes del Congreso local, como se estableció hasta entonces el dicho ordenamiento electoral, para dar la máxima intensidad y legitimidad constitucional y legal, al Titular del Órgano que funge como árbitro en los procesos electorales.

En un primer momento, fue en base a tal criterio que fundamentaron la decisión de nombrar como Presidente del Órgano Electoral a Alberto Alonso Criollo, y a los integrantes de las propuestas aliancistas como Consejeros Electorales.

¿Cómo pudieron hacerlo? La explicación para eso, jurídicamente hablando, no parece complicada. Esto porque en dicha sesión, los 25 diputados presentes (24 coalicionistas y 1 del PRI), reunían el requisito del quórum que exige la Constitución (la mitad más uno) para el inicio de la sesión, y la legalidad de los acuerdos que se tomen en general.

En su lógica, habiendo quórum legal había también la posibilidad de tomar decisiones aplicando no sólo una mayoría calificada, sino unanimidad. Fue así como no sólo dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, sino la totalidad de los mismos, eligieron a Alonso Criollo como titular del IEEPC. Y por eso mismo, dicen que la decisión que tomaron tiene apego a la constitucionalidad.

Incluso, en su favor dicen que tampoco hubo inconstitucionalidad en el desechamiento de las propuestas priistas a Consejeros Electorales, porque éstos sí fueron votados en el pleno del Congreso, pero fueron rechazados por los diputados coalicionistas, que más bien prefirieron integrar el IEEPC con sus propias propuestas.

Por todo eso, los legisladores que sí conocen de los recovecos legales, dicen que la garantía de audiencia de los ciudadanos propuestos por el PRI como Consejeros Electorales, no fue vulnerada. Y por eso dicen que sí es legal su actuación.

RESPONSABILIDAD PRIISTA

Ahora bien, habría que preguntarse cuál fue la razón que llevó a los diputados coalicionistas a marginar a la fracción parlamentaria del PRI de las decisiones que tomaron sin su consenso. Contrario al albazo que ha sido constantemente denunciado, ellos dicen que la ausencia de la bancada tricolor, y su inmovilidad posterior, se debió no a una actitud ventajosa por parte de los aliancistas, sino a las feroces discordancias internas que privan en ese partido.

En ese sentido, aseguran que la tarde-noche del viernes, ya existía un acuerdo entre el coordinador de la bancada priista, diputado Martín Vásquez Villanueva, y los negociadores de la coalición legislativa. Aseguran que éste, a nombre de su bancada, ya había aceptado que fuera Alonso el titular del Órgano Electoral, pero exigió que fueran respetados ciertos acuerdos de forma para la votación, así como la inclusión de las propuestas priistas a Consejeros Electorales.

Aseguran que ya existía ese acuerdo, además, porque ocho de los diputados priistas —entre ellos Carlos Martínez, Carolina Aparicio y Germán Rojas Walls— ya habían aceptado votar —sin especificar si a cambio de algo— a favor de Alonso. Vásquez exigió, sin embargo, que por un asunto de apariencias, primero fuera sometida a votación su propuesta para Consejero Presidente (Othoniel Peña), y que una vez rechazado entonces se permitiera que los ocho legisladores priistas, completaran la mayoría calificada para elegir a Alonso como presidente del IEEPC.

Aseguran que dicho acuerdo se entrampó por los intereses a los que sirve la fracción priista, que es todo menos un grupo homogéneo. Cuando se concretó tal acuerdo, los diputados afines al ex gobernador Ulises Ruiz le comunicaron la decisión; por su parte, los comprometidos con el diputado Jorge Franco, hicieron lo mismo. Hubo resistencia por parte del grupo ulisista para respaldar la decisión. Y esas diferencias fueron las que, aseguran, impidieron que la madrugada del sábado los diputados tricolores dieran si quiera la cara para concluir el proceso de elección.

Esos desacuerdos, dicen los aliancistas, no pudieron resolverse durante todo el día del sábado y la madrugada del domingo. Y fue hasta ese momento que, según su versión, ellos esperaron el cumplimiento de sus acuerdos iniciales o, al menos, su presencia de los priistas en el Recinto Legislativo para concluir la sesión. Esto nunca ocurrió. Y por eso, dicen, tuvieron que hacer solos la votación, y elegir ellos a sus consejeros.

DOS VERSIONES

Esta es, por decirlo así, “la otra versión” de lo que ocurrió el fin de semana. Lo cierto, en todo esto, es que este proceso tan atropellado lo único que hizo fue minar severamente la credibilidad y legitimidad tanto del IEE, como de la coalición legislativa, y qué decir del PRI. Y por eso, aún con todo, sigue siendo sostenible el señalamiento de que la gran perdedora, en todo esto, fue la democracia en Oaxaca.