+ Además de corrupción, incurren en ilegalidades
Nadie con verdadero sentido político desearía parecerse, o ser equiparado con el tristemente célebre personaje priista que responde al nombre de Alejandro Avilés Álvarez. Éste, en su paso por la administración pública el sexenio pasado, se hizo malamente conocido por las historias de corrupción, extorsión y malversación de recursos que se contaban de la dependencia que encabezó.
En efecto, Alejandro Avilés fue coordinador general de Delegaciones de Gobierno, a lo largo de casi toda la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Aunque era una dependencia que ya traía ciertos vicios, y ya había extraviado la mayoría las funciones para las que fue creada, en ese periodo se convirtió en una auténtica especie de “Caja de Pandora”, en la que se entretejían los más oscuros acuerdos tanto para obtener beneficios económicos indebidos, como también para encabezar la operación electoral que debía ser una tarea financiada por el Partido Revolucionario Institucional.
En ese sentido, dos fueron las funciones más conocidas de las Delegaciones de Gobierno en ese periodo: la primera, era la relativa a que lejos de ser facilitadores y conductores de la gestión y atención entre el Gobierno del Estado y los Municipales, los delegados se convirtieron en auténticos extorsionadores, quienes por lo menos la mitad de su tiempo la dedicaban a ver cómo obtenían beneficios económicos a través de la “recomendación” de proveedores, constructoras y consultorías, para que fueran contratadas por los Ayuntamientos que se encontraban dentro de su radio de acción.
La otra mitad del tiempo, la ocupaban para su otra actividad conocida: la operación partidista. Para nadie era un secreto, que la Coordinación de Delegaciones de Gobierno tenía una estrechísima vinculación con la Secretaría de Elecciones del Comité Directivo Estatal del PRI. Por eso, personajes como Marcelo Díaz de León Muriedas y Alejandro Avilés tenían no sólo una sólida relación, sino también intereses comunes que tenían que ver con “el trabajo de partido”.
Y es que, en efecto, tampoco era un secreto el hecho de que la totalidad de los delegados, subdelegados, y directores de área en las 60 delegaciones de gobierno, eran propuestos por la Secretaría de Elecciones del PRI; o éstos, al ser contratados por la dependencia que encabezaba Avilés, se les ordenaba que estuvieran al servicio del área electoral del PRI estatal.
En el interior del Estado, todo aquel que fungió como autoridad municipal en su demarcación, puede dar cuenta de cómo el Delegado de Gobierno hacía lo mismo labor institucional, que trabajo sucio en cuanto a las recomendaciones, extorsiones y chantajes. E, incluso, eran ellos —en conjunto con los también oscuros Delegados del PRI, a los que se les pagaba con recursos oficiales—, quienes estaban dedicados, aún en días y horas de trabajo, a organizar las estructuras y operación electoral, las “giras de trabajo” del líder priista en turno, y la operación estrictamente electoral en los tiempos de campaña, y los días de jornada electoral.
Frente a toda esa historia de turbiedades, que siempre fue pasada por alto por el gobierno estatal, pero que asimismo siempre fue bien conocida por la ciudadanía —a la que no se le puede engañar—, el titular de los actuales Módulos de Desarrollo Sustentable debería comenzar a preguntarse, con seriedad, si está dispuesto a pasar a la historia local con la misma reputación que su antecesor.
Y es que si bien dicen que en los comienzos están los finales, los funcionarios actuales deberían hacer más por lograr cambios que fueran más allá del nombre de esa dependencia.
VIOLACIONES LEGALES
Empero, más allá de los asuntos de corrupción, los módulos de Desarrollo Sustentable deberían también se revisados en cuanto a su trabajo, integración y enfoque, para verdaderamente ser coadyuvantes al desarrollo de los municipios, y no un estorbo o traba como parecen serlo ahora. Aunque es un aspecto fundamentalmente técnico el que a continuación se detalla, no está de más que Gerardo Albino González considerara este señalamiento.
Como bien se sabe, al arrancar la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo se crearon los Módulos de Desarrollo Sustentable, los cuales fueron instituidos para suplir a las antiguas Delegaciones de Gobierno. Una de las funciones establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, señala que los módulos deberían ser instancias de plantación del territorio, tomando en cuenta que dejaría de funcionar todos los aspectos políticos que hasta entonces tenían las delegaciones de gobierno.
Para todo esto, en cada uno de los Municipios del Estado existen los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), creados en la administración anterior, y que tenían como objetivo principal ser la instancia de planeación del territorio dentro de los municipios. Esto significa que con la formación de un solo CMDRS se planeaba el desarrollo total del municipio en todos sus aspectos (económico, ambiental, social, humano e institucional, etcétera.)
Es por eso que se formó un solo Consejo que es el CMDRS. Todo esto, como lo dijimos al principio, encuentra sustento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en el año 2001 por el Congreso del Estado.
En este sexenio, con la creación de los Módulos de Desarrollo Sustentable, la cual está integrando los Consejos en cada uno de los municipios de las diferentes regiones, cadauna de las antiguas Delegaciones de Gobierno, está integrando una instancia a la que denomina Consejo Municipal de Desarrollo Social, generando con ello una confusión en los mismos municipios, y sobre todo, echando por la borda todo el trabajo de planeación realizado anteriormente con los municipios por medio de los CMDRS.
Esto, debido a que instancias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya no participan como las encargadas de los diferentes sectores.
DESARROLLO REAL
Se supone que ya ajenos a los afanes políticos del pasado, Gobierno del Estado debería retomar este proceso de planeación a través de los CMDRS, y pueda continuar el trabajo que se venía llevando a cabo, el cual sí había dado resultados a los municipios, y así tener el desarrollo desde lo local, como se menciona en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.