+ Golpes mediáticos, en el fondo de esta disputa
Todo aquel que tiene nociones básicas de cómo operan algunos procesos de la administración pública, como lo son los relativos a la auditoría y revisión de la gestión, sabe que las palabras de la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, tienen una alta carga de interés y mensajes políticos, pero muy poco sustento en la realidad. Cuatro meses son insuficientes para realizar una auditoría parcial a toda una administración, y las cifras que componen los supuestos faltantes, finalmente habrán de ser distintas (y menores) de las que ahora se asegura.
Este asunto, de entrada, deja ver el ánimo del actual gobierno tanto respecto a sus antecesores, como en relación al sostenimiento de su propia imagen como régimen de alternancia. Una de las necesidades básicas de todo gobierno —como el actual de Oaxaca—— que arriba al poder venciendo a sus adversarios históricos, es la de ir a revisarlos lo más escrupulosamente posible para tratar de hallar cualquier irregularidad, a través de la cual fundamentar tanto las acusaciones indispensables que ellos utilizaron en campaña, como también para legitimar el “cambio” prometido.
En este sentido, en el terreno político el actual gobierno de Oaxaca no se ha despegado ni un ápice de estas necesidades. Hasta ahora, lo que hemos visto son recurrentes acusaciones, que luego son referidas por medios informativos de la capital del país, a través de las cuales se está señalando a la administración anterior por actos de corrupción.
Es, incluso, hasta cierto punto parte de las necesidades políticas básicas de todo gobierno de alternancia que inicia, acusar de “algo” a sus antecesores ante la mirada de la opinión pública, para así establecer parámetros de “lo malo” que prevalecía antes, y “el cambio” que se está procurando ahora. Oaxaca no es hoy un estado excepcional por esas acusaciones, como lo es tampoco la administración actual por estar revisando a sus antecesores. Más bien, esos señalamientos son los que siempre ocurren. Y nuestra entidad, hoy, no es la excepción.
Incluso, la parte política y de impacto mediático de estos señalamientos, son parte de una estrategia que se delineó desde antes de que el gobernador Gabino Cué Monteagudo tomara posesión de su cargo. Si bien se recuerda, desde noviembre del año pasado, el entonces Gobernador Electo aseguró que indagaría todo lo relativo a la construcción y créditos contratados por el gobierno estatal para edificar Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.
Después, la contralora Woolrich Fernández dijo algo similar, y anunció que se habían encontrado ya irregularidades en varias dependencias estatales. En esa misma lógica, el secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra anunció que también por un asunto de ineficiencia y posible corrupción se había cancelado el contrato existente con la empresa Isolux para la construcción de la velaria del Auditorio Guelaguetza.
Hasta hoy, todo lo dicho son meras declaraciones de prensa. Nadie ha aportado elementos más sostenibles al respecto. Y también se está aprovechando la notoriedad de los presuntos desfalcos, y el desconocimiento que tiene la mayoría de las personas de cómo se lleva a cabo un proceso de auditoría, qué pasos se deben de seguir antes de integrar los procedimientos administrativos y penales, y cuáles son las sanciones reales que puede tener un ex servidor público por haber incurrido en responsabilidad por el manejo de recursos o el no ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley.
VERDAD, NO PERCEPCIONES
Hasta ahora son sólo golpes mediáticos los que busca el gobierno estatal a través de las declaraciones de la Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, porque de sus mismas declaraciones se desprende que ni las auditorías han concluido, ni se han iniciado los procedimientos administrativos o penales respectivos, ni se ha dado tiempo para que los involucrados se defiendan, solventen lo que puedan, y comparezcan para saber de qué asuntos se les acusa.
El primer paso que debe ocurrir, en este sentido, es la conclusión de las revisiones. El monto de alrededor de mil 700 millones de pesos que hasta ahora se ha manejado en la prensa, puede incluso aumentar. No obstante, las normas relativas a la auditoría y el procedimiento administrativo establecen que esos faltantes iniciales pueden ser solventados a través de la ampliación de documentación que acredite el monto ejercido, la restitución y otras vías.
En todas las auditorías, que se hacen en todas las dependencias de todos los órdenes de gobierno, siempre se observan (o se señalan) montos que finalmente son ajustados. Y, en este sentido, un desfalco sólo ocurre cuando después de todo ese proceso de solventación se concluye que hubo un ejercicio incorrecto, un robo o desvío de recursos, o una mala aplicación de los mismos, y entonces el funcionario responsable es sometido a procedimientos administrativos (para ser multado o inhabilitado para el servicio público, o incluso la imposición de ambas sanciones), o penales, para pagar con penas privativas de libertad por los actos derivados del ejercicio público que constituyen la comisión de delitos del orden común.
Por todo eso, para hacer un juicio desprovisto de cargas o filias políticas o partidistas, y de ánimos de justificación o revancha, habrá que esperar a que todas las auditorías culminen, a que pase el proceso de solventación, a que se den a conocer los montos que no pudieron ser justificados, para entonces sí poder hablar de que tal o cual funcionario se robó o malversó los recursos del Estado.
Bien dice la sabiduría popular, que “lo que se ve no se juzga”. Sin embargo, la Contralora de lo que habla no son de sospechas ni de percepciones, sino procedimientos jurídicos enmarcados por el derecho. Así, habrá que ser mucho más mesurado y esperar a que concluyan las indagatorias, para saber cuánto se robaron, y quiénes fueron los ladrones de la administración anterior.
¿Y CIUDAD ADMINISTRATIVA?
Asimismo, la Contralora debía también estar indagando todo lo relativo a la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Insistimos en que si algo de bien le quieren hacer a Oaxaca, deben ir al fondo de esos complejos, y evitar que se siga consumando ese robo en despoblado que costará a los oaxaqueños, en 15 años, más de 8 mil millones de pesos.
