+ Tema ajeno, que por error dejaron en su cancha
Más allá de los lugares comunes, se supone que en una democracia madura y consolidada como la que busca representar el primer gobierno estatal de alternancia en Oaxaca, sí se debía comenzar a gobernar “escuchando a la ciudadanía”. Esta, que es una premisa que más que otra cosa lo que implica es sensibilidad por parte del gobernante, no fue atendida en una de las primeras pruebas que representó el tema de la tenencia vehicular. Por haber reaccionado tarde, y mal, el gobierno estatal hizo suyo un tema en el que, en realidad, bien pudo haber sacado provecho político.
Hoy la historia de esa disputa es conocida por todos. A mediados de diciembre, cuando se aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2011, se contempló la continuación del cobro del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, ya como un gravamen de carácter estatal. En aquella sesión legislativa, no estuvo presente la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que era única que podía controvertir la inclusión de un asunto como el del referido impuesto vehicular.
Hoy queda claro que el gobierno estatal, ya bajo el mando del gobernador Gabino Cué Monteagudo, incluyó el cobro de la tenencia vehicular no por gusto o porque fuera una forma de molestar o cobrar afrentas a la ciudadanía, sino porque existen necesidades presupuestales importantes y, además, porque —como él mismo lo señala— los recursos provenientes del cobro de derechos vehiculares sí fueron comprometidos por la administración de su antecesor, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Como es evidente, más que una bandera política o una decisión avasallante de su gobierno, el cobro de la tenencia vehicular en realidad parece haber sido decidido por el gobierno actual, en función de las necesidades y la imposibilidad de conseguir mayores márgenes de maniobra, en ese momento, para obtener recursos económicos frescos para ejecutar su programa de gobierno. Y con todo eso queda claro, pues, que pudo no haber sido de su interés cobrarlo; pero que, por las circunstancias, de todos modos se vería obligado a hacerlo.
¿Y por qué, entonces, si este no era un asunto de su interés, sino una decisión necesaria, el gobierno estatal decidió hacer suyo este asunto? Tal parece que tomó el tema no por decisión, sino más bien por un evidente error de cálculo y visión política. Existen, por lo menos, tres razones que pudieron haber sido esgrimidas por el gobierno estatal antes de cualquier polémica, para evitar los cuestionamientos y señalamientos negativos de que hoy son objeto.
El primero de ellos —que sí ha esgrimido, pero tardía y deficientemente— es el relativo a que si alguien es responsable por el cobro de la tenencia hoy en Oaxaca, esos son ex funcionarios emanados de gobiernos del Revolucionario Institucional, que contrajeron créditos dando como garantía de pago, a un plazo de una década, los recursos obtenidos por los derechos vehiculares cobrados a los ciudadanos.
El segundo de esos argumentos —que nadie ha tomado en cuenta— es la ausencia de la fracción priista en la sesión donde se aprobó el Paquete Fiscal para 2011. No se trataba de que el PRI fuera el “gran salvador” de la ciudadanía (porque por sus antecedentes negros está lejos de serlo), y tampoco que “frenara” la aprobación de un impuesto tan rechazado como ese (porque no le alcanzan ni la representación ni los votos en el Congreso), pero sí que por lo menos estuviera ahí para brindar alternativas al gobierno estatal para que obtuviera los recursos que necesitaba, sin necesidad de seguir cobrando derechos vehiculares a la ciudadanía.
(Incluso, debió haber acudido a esa sesión el dirigente estatal, y ex candidato a la Gubernatura, Eviel Pérez Magaña, para dar luz sobre qué decisiones alternativas habría tomado él para desaparecer el gravamen, ya que fue él quien estableció, como una de sus promesas de campaña, eliminar el impuesto).
El tercer argumento, pudo haber sido el del establecimiento del destino específico que tendrían los recursos obtenidos del cobro de ese impuesto, junto con el otorgamiento de facilidades para que la ciudadanía regularizara la situación legal de sus vehículos ante la Secretaría de Finanzas.
OPORTUNIDAD PERDIDA
Quizá respecto a la tenencia, el PRI de Oaxaca dio una primera muestra de lo que deben ser las fuerzas de oposición. Cuando hace un mes el dirigente estatal de la CNOP, Jorge Toledo Luis hizo el llamado a la derogación del impuesto, lo hizo dejando voluntariamente (o descaradamente) de lado toda la responsabilidad que tiene su partido en este asunto. Más bien, tomó la bandera y comenzó a explotarla, como siempre hacen en otros ámbitos las fuerzas de oposición para atacar a sus adversarios del oficialismo, independientemente de si fueron o no parte de las causas que originaron el problema.
Queda claro que argumentos había de sobra para atacar las exigencias del priismo. Sin embargo, también queda claro que por no tener la sensibilidad suficiente, en el momento preciso, el gobierno estatal dejó pasar una oportunidad inmejorable para establecer que si ese impuesto se cobra no es porque ellos quieran, sino porque los priistas comprometieron los recursos, y luego fueron mezquinos al no establecer qué posibilidades había de eliminar ese cobro sin que las arcas estatales dejaran de percibir esos recursos.
Parece claro que, más bien, el gobierno estatal tomó el asunto por el lado partidista, y decidió resistir para no dar gusto a sus adversarios. Lo que no calculó, es que detrás de esa bandera hay miles de ciudadanos que, independientemente del partido político, lo que quieren es no seguir pagando ese gravamen, o cuando menos tener una alternativa al cobro que tradicionalmente se ha realizado.
YA PARA QUÉ
Por eso hoy le sirve políticamente de poco al gobierno estatal, el haber emitido un decreto para pagar hasta en 12 parcialidades tanto la tenencia 2011, como la regularización de los adeudos anteriores de los vehículos de motor. Las alternativas llegan tarde por un error de visión y cálculo, y por tomar del lado partidista un asunto que más bien se inscribía en el interés ciudadano. Y por eso mismo, aún con todo el control de daños que ya aplican en estos momentos para apaciguar este asunto, será el gobierno estatal quien cargue con el costo de un asunto que originalmente no era suyo, y al que sí le pudo haber sacado importantes ventajas políticas.
