+ Oaxaca, de todos modos metida en un brete
Queda claro que la posibilidad de derogación del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos en Oaxaca, se encuentra en un callejón sin salida. Aunque hoy la Confederación Revolucionaria de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI asegure que va ganando una posible batalla legal, esto no resulta ser sino una verdad a medias. Y el problema es que, hasta ahora, ni el gobierno estatal se ha pronunciado sobre una posible medida para realmente aminorar el impacto de este impuesto, ni la oposición priista ha tomado verdaderamente la bandera de la derogación, ofreciendo alternativas de recaudación posibles para compensar esta pérdida a las arcas estatales.
Aunque la exigencia de derogar un impuesto impopular como la tenencia parece en sí mismo estruendoso, en el fondo se encuentra el dilema principal para todos los involucrados, que radica en el hecho de que así como la ciudadanía desea pagar menos impuestos, el Estado tiene la necesidad y el objetivo de recaudar mayores recursos a través de gravámenes. En la medida que estas dos necesidades no tienen puntos de coincidencia, este asunto no tendrá una solución cercana y favorable para los ciudadanos.
Son varios los temas que, en este sentido, quedan enfrentados. El primero de ellos, tiene que ver con el hecho de que el gobierno estatal ha asegurado que la permanencia de este impuesto se encuentra anclada a obligaciones contraídas por la administración gubernamental anterior. Esto, independientemente de la carga político-partidista que conlleva —y le guste o no a los priistas— es cierto: el gobierno de Ulises Ruiz contrajo deudas (como la bursatilización y los contratos de Prestación de Servicios) que garantizó con el cobro de derechos vehiculares futuros por un lapso de cuando menos una década más.
Empero, otro de los asuntos que quedan confrontados, es el de la pésima disciplina fiscal que existe en Oaxaca, la poca voluntad que ha habido en gobiernos anteriores para incrementar la recaudación de impuestos estatales, y la cruzada que pretende continuar la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo para revertir esta tendencia. ¿De qué hablamos?
De casi nada: que hablando en plata, e independientemente del “presupuesto histórico” conseguido para el presente año, es innegable que la recaudación de impuestos estatales no se encuentra en sus mejores niveles actualmente.
En números redondos, funcionarios del gobierno estatal consultados por esta columna aseguran que el Estado recauda alrededor de mil 500 millones de pesos anuales por gravámenes locales, pero que alrededor de dos terceras partes se destinan a pagar las obligaciones crediticias que heredaron del pasado. Por eso, aseguran, no sólo no es posible eliminar el impuesto sobre la tenencia de vehículos, sino que se deben incrementar las medidas tendientes a lograr que más contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.
¿Cómo hallar coincidencias, frente a este cúmulo de argumentos que lo único que revela son posiciones francamente irreconciliables? El ciudadano en nuestra sociedad, como es natural, paga sus impuestos de mala gana, y siempre buscará pagar menos; el gobierno, por su parte, se enfrenta no sólo a la decisión, sino también a la necesidad de recaudar más.
Además, aunque quisiera, sus posibilidades presentes lo imposibilitan para tomar una decisión de ese tipo. Y el partido que es su principal opositor, lo mismo toma una actitud tibia y de titubeos, que ignora cualquier posibilidad de plantear alternativas de solución a este asunto, que finalmente no beneficiaría a partidos o grupos, sino a los contribuyentes con menos impuestos.
¿Cómo hallar soluciones con un escenario así?
VICTORIA PARCIAL
Ahora bien, habría que tomar con reservas el anuncio hecho por el líder cenopista en Oaxaca, Jorge Toledo Luis. Si bien es cierto que consiguió una primer victoria en la cruzada legal que inició en contra del cobro del impuesto sobre la tenencia, y los actos de molestia que pudiera ordenar o ejecutar la autoridad en contra de particulares para lograr su pago, también es cierto que este asunto se encuentra lejos de ver una resolución favorable firme. ¿De qué hablamos?
De que, según las propias declaraciones del Dirigente sectorial del PRI y de la información que ofreció a los medios informativos, lo que logró fue una suspensión provisional no contra el cobro impuesto en sí, sino para que los promoventes no fuesen molestados por la autoridad para lograr el cumplimiento de esa obligación fiscal.
Es cierto que es un logro importante haber conseguido provisionalmente la protección de la justicia de la Unión, para no ser molestado en operativos policiales o de agentes de Tránsito del Estado, y para que esos funcionarios no puedan inmovilizar o sacar de la circulación un vehículo de motor por dicho motivo; sin embargo, también es cierto que la victoria de fondo en ese Juicio de Garantías sólo se logrará cuando se declare inconstitucional el impuesto, además de los actos de molestia de la autoridad a particulares para conseguir su cobro.
¿Qué queda entonces? Evidentemente, la derrota ciudadana, no. Tampoco la posible derogación del impuesto en el corto plazo, lo cual sería asimismo asumido por el gobierno estatal como un acto de capitulación frente a sus gobernados. En realidad, lo que debería quedar es que unos y otros comenzaran a tener puntos de coincidencia, a través de una discusión seria, para conseguir recíprocas concesiones que, finalmente, lograran un mayor beneficio ciudadano.
Es cierto que lo mejor sería que pagáramos menos; pero también es cierto que sería benéfico que el gobierno tuviera más dinero para cumplir de mejor modo con sus fines, y prestar servicios públicos de mayor calidad. Sin embargo, mientras estas sigan siendo posiciones irreconciliables, y se presenten como incompatibles, lo único que prevalecerá será una discusión estéril de palabras necias, y oídos sordos. Y de lo que se trata, en realidad, es que más allá de sus derrotas o victorias particulares, los ciudadanos tengamos beneficios reales de todo esto.
UN EJEMPLO…
Más allá de cualquier cuestionamiento, Adelfo Regino debía ser un ejemplo —y un cuestionamiento moral y ético— para todos aquellos que ocupan cargos públicos sin cumplir con el perfil profesional requerido. Ahora sólo falta ver que éste, como los demás, sea eficiente y eficaz en las tareas que le fueron encomendadas. Ahí está, para todos, el verdadero reto.
12 de mayo de 2011.
