+ Choapam: ¿De verdad nadie sabía de las tensiones?
Una de las premisas fundamentales de la gobernabilidad en Oaxaca, radica en la buena relación que pueda tener el Gobierno del Estado con las principales organizaciones sociales que existen en el territorio estatal. Hoy, sin embargo, las necesidades imponen no sólo el hecho de que exista una buena relación, sino que ésta sea transparente, legal y conforme a las necesidades sociales, y a los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas que demanda la sociedad.
Todo esto parecería, de entrada, una misión imposible. De hecho, ha sido característico de la relación entre el gobierno estatal, y la gran mayoría de las organizaciones sociales —y de lucha social—, que todo esto ha ocurrido siempre en el seno de la opacidad, de los acuerdos oscuros, y de la entrega de recursos para supuestos proyectos de desarrollo social, que en realidad no eran sino cuotas de chantaje, de cooptación política, o de complicidad entre unos y otros.
Ante esta historia reiterada de entrega de millonarios recursos públicos a fondo perdido, la sociedad demandó, como una de las premisas de la transición democrática, que a partir de ahora la relación entre el gobierno estatal y las organizaciones sociales fuera no sólo cordial y civilizada, sino que además pudiera ser transparente, y que los dineros del Estado que estaban destinados a desarrollo social y que les eran entregadas a éstas, verdaderamente impactaran en mejoras para las comunidades, y no siguieran siendo el negocio de unos cuántos.
En un primer momento, parecía que la nueva administración estatal había entendido esas exigencias de la sociedad, y estaba dispuesto a generar una nueva relación con las organizaciones sociales, para cumplir con los fines demandados, para impulsar verdaderos proyectos que impactaran positivamente en el desarrollo social de la entidad, y sobre todo para materializar la paz social que tanto hemos anhelado los oaxaqueños.
Hoy, sin embargo, esa relación —que nació con el pie derecho—, está a punto de romperse por las ambiciones de algunos personajes que intentan timar tanto al gobierno como a las organizaciones, para obtener beneficios particulares. ¿De qué hablamos?
De que, si bien se recuerda, el pasado mes de marzo se conformó el Frente de Organizaciones Sociales, Agrícolas, Pesqueras y de Transporte para buscar acercamientos con el Gobierno estatal, debido a la insensibilidad y desatención que éste había tenido con las organizaciones sociales que existen en la entidad. Dicho Frente, quedó integrado por 53 organizaciones —aunque varias de ellas existen únicamente de membrete.
En ese mismo mes, se realizó una marcha que culminó con una mesa de diálogo en el Palacio de Gobierno. Derivado de ello, se acordó participar en foros con las diferentes Secretarías a efecto de escuchar las propuestas de las organizaciones, e integrarlas al Plan Estatal de Desarrollo.
También se pactaron reuniones entre el subsecretario de gobierno Oscar Cruz López y cada una de las organizaciones, para recibir sus respectivas propuestas. Lamentablemente, el Frente comenzó a ser rehén de dos personajes; Jesús Romero y Karina Barón quienes, junto con otros personajes afines a ellos, son los que han tomado las decisiones y han tratado de llevar al Frente a tomar una actitud complaciente con el gobierno estatal.
INCUMPLIMIENTO REITERADO
Estos personajes han apostado por el servilismo, a pesar de que el gobierno sigue desoyendo a las organizaciones y no ha cumplido con lo pactado, pues los foros fueron más bien exposiciones de buenos motivos; y aunque se levantaron minutas, hasta ahora ninguna de las propuestas de las organizaciones se ha materializado.
Asimismo, en las reuniones que supuestamente se tendrían con Oscar Cruz, únicamente estuvo presente un funcionario menor que, valga decirlo, tampoco resolvió nada. Pero a pesar de ello, por la influencia de Romero y Barón, las acciones del Frente ahora se están enfocando sólo en contra del gobierno federal, y particularmente de la Sagarpa y su Delegado en Oaxaca.
En la semana que termina fueron dos los hechos que llaman la atención, y que dejan en claro que lo que pudo ser un movimiento para sentar las bases de una nueva relación de las organizaciones con el gobierno estatal, Romero lo está tratando de convertir en un movimiento “gobiernista” y con claras tendencias a la satisfacción de intereses personales.
En ese sentido, causó gran desconcierto a las organizaciones participantes la publicación de un boletín el pasado viernes, en el que se daba a conocer que Benjamin Robles Montoya se había reunido con el Frente, y en el que se destacaba que Jesús Romero reconocía “la sensibilidad del gobierno estatal”. Lo extraño, en todo esto, es que para esa reunión no se convocó a todas las organizaciones y únicamente asistieron representantes afines a los grupos de Barón y Romero, y otros pocos sin ninguna representatividad.
Finalmente, aseguran que el pasado martes las organizaciones que integran el Frente fueron citadas en Ciudad Administrativa para revisar las propuestas que fueron presentadas y autorizar los proyectos y programas para cada una de las organizaciones.
Se dijo que tales proyectos y programas para las organizaciones habían sido “palomeadas” por Jesús Romero y Karina Barón, por lo que es claro que la distribución no se hizo en función de la viabilidad de los mismos, de la representatividad o al menos de la participación de las organizaciones, sino más bien en función de la afinidad de los grupos sociales con estos dos personajes.
El servilismo de estos personajes y particularmente de Jesús Romero con el gobierno estatal, y la pretensión de satisfacer intereses personales y de capitalizar el esfuerzo de las organizaciones, puede terminar por dinamitar un frente que, hasta ahora, de alguna manera ha funcionado, y que aún puede convertirse en un aliado sano e importante para el Gobierno del Estado, ahora que éste busca firmar un Pacto Social con muchas de las organizaciones, que ya han sido objeto de la ambición de ese puñado de manipuladores.
¿NADIE SABÍA?
Sorprende la “sorpresa” mostrada por varios funcionarios ante la sangrienta emboscada ocurrida el pasado sábado en la comunidad de Santiago Choapam, en Tuxtepec, y que fue motivada por un lío postelectoral. ¿Nadie sabía del conflicto y de los riesgos de violencia? ¿Este fue un acto fortuito que no podía ser evitado? Por favor. El asunto es tanto o más grave de lo que parece. Abundaremos.
