Caso Instituto San Felipe: politización dañina

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+ Este es el resultado de actuación por consigna

Luego de casi cuatro años, tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que restableciera los parámetros de la legalidad en Oaxaca, respecto al caso del menor presuntamente violado en el Instituto San Felipe. Aunque nadie lo quiso aceptar en su momento, el resultado de hoy es la consecuencia de la manipulación, la politización y la mediatización que inopinadamente provocaron el Gobierno del Estado, los señalados como responsables, e incluso la misma familia y los abogados defensores del niño.

En efecto, sólo aquellos que no quisieron ver, pasaron por alto que desde un inicio este procedimiento penal estaba encaminado al fracaso. A la luz del análisis frío, pudo verse desde siempre que tanto la acción de quienes buscaban justicia, como la actuación del Ministerio Público del Estado e incluso de los tribunales jurisdiccionales, estuvo presionada y determinada por la politización y los efectos de la mediatización de un asunto, que debió resolverse con estricto apego a derecho no en una arena política, sino dentro de los tribunales competentes.

Para constatar esa situación, que siempre estuvo a la vista de todos, basta con recordar el hecho y las aristas particulares que lo envolvieron. En ese sentido, debemos recordar que la madre del menor, Leticia Valdés presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado el 23 de mayo de 2007, en relación a una serie de ataques sexuales de que había sido objeto su hijo de cuatro años de edad.

Sin embargo, no fue sino hasta septiembre de ese año, cuando los hechos fueron ventilados en un medio impreso local, denunciando además la lentitud con la que la Procuraduría integraba el expediente judicial, para que fueran libradas las órdenes de aprehensión respectivas.

La publicación masiva de ese asunto tuvo varios efectos. Uno de ellos, fue provocar una comprensible ola de indignación social por las características del hecho. A partir de entonces, diversas organizaciones civiles y de lucha social manifestaron su apoyo a la madre denunciante e iniciaron diversas campañas de denuncia dentro y fuera de nuestro Estado.

No obstante, otro de los efectos que detonó la exigencia masiva de justicia, fue el hecho de que desde un inicio, los denunciantes —la madre del menor, sus abogados y sus consejeros personales— pusieron especial énfasis en sus declaraciones de prensa, que no se hacía justicia justamente porque el abogado defensor de los presuntos violadores (el esposo de la dueña del Instituto San Felipe, y dos profesores) era Jorge Franco Jiménez, padre de un cercanísimo colaborador del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Con esos dos ingredientes combinados (la indignación social y la denuncia sobre el tráfico de influencias desde las más altas esferas del poder) el asunto adquirió una relevancia sin precedentes. La opinión pública, medios informativos, organizaciones civiles que ya tenían viejas afrentas con el gobierno estatal, y todos aquellos enemigos del régimen que entonces gobernaba, se aglutinaron para denunciar lo ocurrido, y exigir justicia en todos los foros locales, nacionales e internacionales en que les era posible.

El resultado de la investigación, ante todas esas presiones, fue el previsible: apenas unas semanas después de desatadas aquellas presiones, en las que el punto central era el relativo a que el Gobernador era el responsable de fondo de esa injusticia, la Procuraduría estatal, presionada por el escándalo, consignó la Averiguación Previa a un juez, con la orden expresa de que librara de inmediato las órdenes de aprehensión respectivas, sin importar si estaba o no bien soportada la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los señalados.

DESGRACIA PARA LA JUSTICIA

Hace casi dos años, en nuestra entrega del 28 de mayo de 2009, en esta columna apuntamos que “El proceso judicial que enfrenta en prisión la profesora (Magdalena) García Soto, no representa más que el eslabón más débil de una cadena de señalamientos, en los que los —probables y principales— responsables siguen al amparo de la impunidad. Esto porque no existe —y seguramente nunca existió— una investigación real para dar con su paradero”. El paradero de los dos inculpados, Hugo Gabriel Constantino Cruz y Adán Salvador Pérez Martínez, dos años después, sigue siendo sospechosamente desconocido.

Pero también, en esa misma entrega, señalamos los riesgos de querer hacer justicia en base no a los procedimientos, sino a la presión política. En ese sentido, apuntamos que “el efecto mediático que le imprimieron las organizaciones sociales desde el momento en que el caso se ventiló públicamente, provocó una guerra de spots y declaraciones desde ambos frentes, que a casi dos años de distancia en nada han abonado a la tarea esencial de demostrar la responsabilidad y, en su caso, la inocencia de los señalados. Todo esto es lo que sigue provocando que hoy sea a través de la presión social, como cada una de las partes busca la justicia a su favor, y la concreción de sus intereses. Y así, simplemente, nunca funcionará eficazmente la justicia.”

Hoy queda claro que, en efecto, así la justicia simplemente no funciona. Si la Procuraduría de Oaxaca actuó presionada por las circunstancias, y consignó el expediente ante un juez sin tener perfectamente soportadas sus acusaciones; y si el Poder Judicial del Estado —también actuando por consigna— sentenció en primera y segunda instancia a la profesora García Soto (primero a 10 años de prisión, y luego con una reducción a seis años y ocho meses), todo para tratar de aparentar que sí hacía justicia, entonces al final todos terminaron siendo víctimas de sí mismos.

Así, si la defensa del menor presionó política y mediáticamente para que se hiciera justicia, fallaron. Si el gobierno anterior hizo todo para dictar una sentencia endeble, pero que aparentara justicia para evitar más cuestionamientos además de los muchos que ya tenía encima, entonces finalmente también falló.

IMPUNIDAD

La libertad de la profesora García Soto corrigió, a juicio de la Corte, un acto de injusticia. ¿Pero qué tan injusto es que con su liberación, también quede demostrado que la Procuraduría y el Poder Judicial cometieron innumerables errores, y los responsables de ellos hoy estén tan campantes como siempre? Finalmente subsiste el asunto de fondo: un niño fue violado, y todos, todos, todos los responsables andan caminando por ahí, libres, como si nada hubiera pasado.

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