Caso Instituto San Felipe: politizaci贸n da帽ina

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+ Este es el resultado de actuaci贸n por consigna

Luego de casi cuatro a帽os, tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n la que restableciera los par谩metros de la legalidad en Oaxaca, respecto al caso del menor presuntamente violado en el Instituto San Felipe. Aunque nadie lo quiso aceptar en su momento, el resultado de hoy es la consecuencia de la manipulaci贸n, la politizaci贸n y la mediatizaci贸n que inopinadamente provocaron el Gobierno del Estado, los se帽alados como responsables, e incluso la misma familia y los abogados defensores del ni帽o.

En efecto, s贸lo aquellos que no quisieron ver, pasaron por alto que desde un inicio este procedimiento penal estaba encaminado al fracaso. A la luz del an谩lisis fr铆o, pudo verse desde siempre que tanto la acci贸n de quienes buscaban justicia, como la actuaci贸n del Ministerio P煤blico del Estado e incluso de los tribunales jurisdiccionales, estuvo presionada y determinada por la politizaci贸n y los efectos de la mediatizaci贸n de un asunto, que debi贸 resolverse con estricto apego a derecho no en una arena pol铆tica, sino dentro de los tribunales competentes.

Para constatar esa situaci贸n, que siempre estuvo a la vista de todos, basta con recordar el hecho y las aristas particulares que lo envolvieron. En ese sentido, debemos recordar que la madre del menor, Leticia Vald茅s present贸 una denuncia penal ante la Procuradur铆a General de Justicia del Estado el 23 de mayo de 2007, en relaci贸n a una serie de ataques sexuales de que hab铆a sido objeto su hijo de cuatro a帽os de edad.

Sin embargo, no fue sino hasta septiembre de ese a帽o, cuando los hechos fueron ventilados en un medio impreso local, denunciando adem谩s la lentitud con la que la Procuradur铆a integraba el expediente judicial, para que fueran libradas las 贸rdenes de aprehensi贸n respectivas.

La publicaci贸n masiva de ese asunto tuvo varios efectos. Uno de ellos, fue provocar una comprensible ola de indignaci贸n social por las caracter铆sticas del hecho. A partir de entonces, diversas organizaciones civiles y de lucha social manifestaron su apoyo a la madre denunciante e iniciaron diversas campa帽as de denuncia dentro y fuera de nuestro Estado.

No obstante, otro de los efectos que deton贸 la exigencia masiva de justicia, fue el hecho de que desde un inicio, los denunciantes 鈥攍a madre del menor, sus abogados y sus consejeros personales鈥 pusieron especial 茅nfasis en sus declaraciones de prensa, que no se hac铆a justicia justamente porque el abogado defensor de los presuntos violadores (el esposo de la due帽a del Instituto San Felipe, y dos profesores) era Jorge Franco Jim茅nez, padre de un cercan铆simo colaborador del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Con esos dos ingredientes combinados (la indignaci贸n social y la denuncia sobre el tr谩fico de influencias desde las m谩s altas esferas del poder) el asunto adquiri贸 una relevancia sin precedentes. La opini贸n p煤blica, medios informativos, organizaciones civiles que ya ten铆an viejas afrentas con el gobierno estatal, y todos aquellos enemigos del r茅gimen que entonces gobernaba, se aglutinaron para denunciar lo ocurrido, y exigir justicia en todos los foros locales, nacionales e internacionales en que les era posible.

El resultado de la investigaci贸n, ante todas esas presiones, fue el previsible: apenas unas semanas despu茅s de desatadas aquellas presiones, en las que el punto central era el relativo a que el Gobernador era el responsable de fondo de esa injusticia, la Procuradur铆a estatal, presionada por el esc谩ndalo, consign贸 la Averiguaci贸n Previa a un juez, con la orden expresa de que librara de inmediato las 贸rdenes de aprehensi贸n respectivas, sin importar si estaba o no bien soportada la comprobaci贸n del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los se帽alados.

DESGRACIA PARA LA JUSTICIA

Hace casi dos a帽os, en nuestra entrega del 28 de mayo de 2009, en esta columna apuntamos que 鈥淓l proceso judicial que enfrenta en prisi贸n la profesora (Magdalena) Garc铆a Soto, no representa m谩s que el eslab贸n m谩s d茅bil de una cadena de se帽alamientos, en los que los 鈥攑robables y principales鈥 responsables siguen al amparo de la impunidad. Esto porque no existe 鈥攜 seguramente nunca existi贸鈥 una investigaci贸n real para dar con su paradero鈥. El paradero de los dos inculpados, Hugo Gabriel Constantino Cruz y Ad谩n Salvador P茅rez Mart铆nez, dos a帽os despu茅s, sigue siendo sospechosamente desconocido.

Pero tambi茅n, en esa misma entrega, se帽alamos los riesgos de querer hacer justicia en base no a los procedimientos, sino a la presi贸n pol铆tica. En ese sentido, apuntamos que 鈥渆l efecto medi谩tico que le imprimieron las organizaciones sociales desde el momento en que el caso se ventil贸 p煤blicamente, provoc贸 una guerra de spots y declaraciones desde ambos frentes, que a casi dos a帽os de distancia en nada han abonado a la tarea esencial de demostrar la responsabilidad y, en su caso, la inocencia de los se帽alados. Todo esto es lo que sigue provocando que hoy sea a trav茅s de la presi贸n social, como cada una de las partes busca la justicia a su favor, y la concreci贸n de sus intereses. Y as铆, simplemente, nunca funcionar谩 eficazmente la justicia.鈥

Hoy queda claro que, en efecto, as铆 la justicia simplemente no funciona. Si la Procuradur铆a de Oaxaca actu贸 presionada por las circunstancias, y consign贸 el expediente ante un juez sin tener perfectamente soportadas sus acusaciones; y si el Poder Judicial del Estado 鈥攖ambi茅n actuando por consigna鈥 sentenci贸 en primera y segunda instancia a la profesora Garc铆a Soto (primero a 10 a帽os de prisi贸n, y luego con una reducci贸n a seis a帽os y ocho meses), todo para tratar de aparentar que s铆 hac铆a justicia, entonces al final todos terminaron siendo v铆ctimas de s铆 mismos.

As铆, si la defensa del menor presion贸 pol铆tica y medi谩ticamente para que se hiciera justicia, fallaron. Si el gobierno anterior hizo todo para dictar una sentencia endeble, pero que aparentara justicia para evitar m谩s cuestionamientos adem谩s de los muchos que ya ten铆a encima, entonces finalmente tambi茅n fall贸.

IMPUNIDAD

La libertad de la profesora Garc铆a Soto corrigi贸, a juicio de la Corte, un acto de injusticia. 驴Pero qu茅 tan injusto es que con su liberaci贸n, tambi茅n quede demostrado que la Procuradur铆a y el Poder Judicial cometieron innumerables errores, y los responsables de ellos hoy est茅n tan campantes como siempre? Finalmente subsiste el asunto de fondo: un ni帽o fue violado, y todos, todos, todos los responsables andan caminando por ah铆, libres, como si nada hubiera pasado.

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