Oaxaca: Legislar con voluntad por no cumplir la ley

 

+ Constitución, sin voluntad, no sirve de nada

 

La verdadera transición a la democracia en Oaxaca llegará cuando la sociedad y el gobierno manifiesten voluntad expresa y constante por cumplir las leyes vigentes. El no comprender eso, ha sido parte de nuestro entorno, y por esa razón creemos siempre que con tener nuevas leyes “de vanguardia”, todas las cosas van a cambiar como por arte de magia. Tenemos que ser, sin embargo, más cuidadosos y terrenales para no seguir incurriendo en actos de autoengaño.

Hay quienes aseguran que nuestra cultura política, se encuentra afectada permanentemente por una enfermedad; la del mal del ímpetu de Gonchárov: esto porque, dicen, queremos que un sistema sea (casi) perfecto y que funcione bien y al instante. De lo contrario, el sistema no sirve y hay que cambiarlo por otro “más mejor”. Este, que es un planteamiento que data de las críticas a la Constitución mexicana de 1857, bien podría hacerse a nuestro entorno actual, con el añadido de que hoy, como siempre, los primeros que demuestran voluntad por hacer inservibles las normas son precisamente quienes detentan el poder.

¿Por qué asegurar esto? Porque, de acuerdo a lo que publicó ayer TIEMPO en su sección principal, los tres poderes del Estado, han incumplido con el mandato que, directa o indirectamente, ellos determinaron en las recientes reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Esto, debido a que quedó establecido en los artículos transitorios de esa modificación constitucional, que en un plazo improrrogable de 30 días naturales, a partir de la publicación de las mismas, debía ser conformado el Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado. El problema, hoy, es que dicho plazo ya se cumplió y no hubo demostración alguna de voluntad por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para hacer cumplir ese mandato, y por tanto instalar dicho órgano que se encargaría de todas las cuestiones administrativas de quienes integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sus diversas jerarquías jurisdiccionales.

El problema, en realidad, no es operativo, sino más bien de deber ético, político y moral. De hecho, al tener ya una composición y funcionamiento previo, el Poder Judicial del Estado puede seguir funcionando con relativa normalidad, siempre y cuando no se vea en la necesidad de nombrar a nuevos funcionarios judiciales, determinar ascensos, rotaciones, destituciones o acciones disciplinarias.

Sin embargo, por el solo mandato constitucional, en el momento en que se vea en la necesidad de tomar alguna de esas determinaciones —y otras más que pasaron a ser atribución constitucional del Consejo de la Judicatura— tendrá necesariamente que solicitar la integración de dicho órgano, pues de lo contrario todas las determinaciones que tomen las comisiones actuales simplemente serán violatorias del mandato constitucional, y por tanto la actuación de esos funcionarios nombrados incorrectamente sería nula de pleno derecho.

No obstante lo anterior, no debiera de sorprender que aún así el Tribunal Superior de Justicia, el Ejecutivo del Estado, e incluso el Poder Legislativo, se sigan resistiendo a cumplir con el mandato constitucional. Más allá de cualquier explicación, justificación o hasta condena realizada en términos jurídicos, queda claro que con este primer mensaje negativo, la voluntad por la transición democrática puede ser resumida en el hecho de que se concedieron las reformas… con la determinación de no cumplirlas.

CAMBIOS ILUSOS

Unos y otros pueden decir misa, pero queda claro que sólo se podrá decir  que la verdadera transición democrática es un hecho cuando ésta se demuestre con un cumplimiento cabal de las normas establecidas en la carta constitucional local.

Mientras eso no ocurra —y es justo en la situación en que estamos ahora— lo establecido en la Constitución no es sino un amasijo de visiones dispersas, de buenos deseos, e incluso de ciertas pretensiones de timar a la sociedad con reformas ilusorias —pero de buen calado en el ámbito de lo políticamente correcto— que quién sabe si tengan utilidad práctica real en una sociedad tan compleja como la nuestra.

En este punto, es necesario que volvamos a una cuestión que hemos recalcado en varias ocasiones, y que hoy de nuevo se hace presente: que la lógica de la democracia, es distinta a la del poder. Por esa razón, cuando se pretende captar la atención del electorado para hacerse de sus votos, pueden hacerse todo tipo de promesas basándose lo mismo en engaños, que en las más profundas convicciones democráticas, de tolerancia e inclusión.

Sin embargo, una vez que se tiene el poder la lógica se convierte en otra: ahora, ese poder que ya se tiene en las manos debe ser preservado, estimulado y acrecentado en todas las formas posibles, incluso con un ánimo natural de perpetuación. Por eso, todos los gobernantes, todos, una vez que están bien instalados en sus funciones, comienzan a dosificar las concesiones democráticas que le otorga a la población, cede ciertos espacios a la oposición a cambio de conservar otros, y comienza a tomar decisiones no tanto para ensanchar la democracia, como para más bien conservar las potestades que ya tiene en las manos.

Eso es lo que ocurre siempre, y es lo que podría estar comenzando a suceder ahora en Oaxaca. El gobierno actual cristalizó las demandas democráticas que lo llevaron al poder, pero hasta ahora no ha dado pautas precisas como para también dejar constancia de que tiene la voluntad de permitir que esas reformas —que en sí mismas limitan su poder, y generan nuevos contrapesos— sean utilizadas para esos fines.

¿Por qué resistirse a la existencia de un Consejo de la Judicatura? Porque éste, naturalmente, impedirá que un poder tan importante siga utilizándose como en los tiempos del régimen de partido hegemónico; porque ahora las decisiones tendrán que ser más consensadas; porque se limitará la posibilidad de tener jueces de consigna. Porque, en esencia, se podrá tener menos injerencia sobre una cuestión —la impartición de la justicia— que hoy se encuentra en un completo marco de discrecionalidad, profundamente dañino para la democracia.

AHÍ VIENE EL PARO…

La Sección 22 tiene como anuncio inminente el del estallamiento del paro indefinido. Es parte del plan de acción consensado. Habrá arreglo hasta bien entrada la semana siguiente, si acaso. Todo está “fríamente calculado”. ¿Apuestan?

Publicado por

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Licenciado en Derecho. Maestro en Derecho Constitucional. Periodista. Profesor universitario. Ha colaborado en diversos periódicos y revistas de Oaxaca y de la Ciudad de México.

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