AL MARGEN || Pueblos indígenas oaxaqueños: ¿El siguiente gobierno sólo continuará con la política de dádivas?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Hoy terminan las campañas rumbo a la gubernatura del Estado en Oaxaca, y a ninguno de los candidatos se les escuchó alguna propuesta real para avanzar en el establecimiento de un auténtico pluralismo de sistemas jurídicos, respecto a los pueblos indígenas. En lugar de ello, a lo mucho alguno de los aspirantes alcanzó a esbozar algunas líneas relacionadas con únicamente mantener política de dádivas que ya debería estar superada —o al menos complementada con otras acciones— en la atención de las comunidades originarias.

En efecto, en medio de toda la parafernalia de las campañas —máxime que ahora hubo candidatos que hicieron proselitismo temático—, vale la pena rescatar una de las problemáticas de fondo a las que todo el mundo dice referirse pero que nadie atiende, y que incluso desdeña: las propuestas sustantivas. Las relativas a los pueblos indígenas son de la primera importancia porque, aun cuando éstos son tratados institucionalmente como una minoría, la realidad en Oaxaca indica que los oaxaqueños que se auto adscriben como indígenas representan alrededor de las dos terceras partes del total de la población.

Así, aunque son una evidente mayoría poblacional, y que hoy la Constitución federal y los tratados internacionales les reconocen una serie de libertades y derechos individuales y colectivos, lo cierto es que pareciera que nada de eso es prioridad para la esfera gubernamental, que prefiere mantenerse en la política de darles recursos a cambio de que no pidan algo más —como mayor reconocimiento a sus derechos. Queda claro que los pueblos indígenas representan una complejidad mucho mayor, que no sólo no ha sido atendida, sino que incluso no es comprendida.

¿De qué hablamos? De que hoy la Constitución mexicana, y por ende la legislación oaxaqueña, reconocen la existencia de la multietnicidad y multiculturalidad de la sociedad, así como diversas garantías para lograr progresivamente la igualdad —jurídica, política, social, económica— de todas las personas aceptando el principio de la pluralidad. Ello implica el hecho de que en México existen y conviven no sólo diversas culturas sino también diversos sistemas jurídicos: tanto el de derecho positivo como los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca es epicentro de esa realidad nacional, al tener más de 400 municipios que se gobiernan jurídica y constitucionalmente de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones.

A partir de ello, y de que han mantenido una lucha que ha sido siempre cuesta arriba, los pueblos indígenas oaxaqueños han ido ganando terreno en el reconocimiento de sus derechos, y de la vigencia plena de sus sistemas normativos internos, frente a un Estado que se ha visto orillado a reconocer su existencia y la convivencia de los sistemas jurídicos, pero que en las últimas dos décadas no ha tenido mayor voluntad o convicción para seguir escalando en el establecimiento de políticas que no sólo atiendan la problemática social inmediata —las carencias sociales, la pobreza, la marginación, la desigualdad—, sino que contribuyan a un proceso de integración institucional entre el ámbito de gobierno estatal, y los municipales que se rigen por sus sistemas normativos internos.

¿De qué hablamos? De que los pueblos indígenas oaxaqueños siguen esperando una reforma de segundo nivel para integrar a la ley, por ejemplo, el amplio conjunto de acciones afirmativas a través de las cuales han ganado espacios y logrado el reconocimiento de sus derechos en diversos aspectos; la integración asimismo administrativa para tener relaciones más eficientes entre ámbitos de gobierno, así como un proceso de reconocimiento mutuo y progresivo de la vigencia y aplicación de la justicia indígena en las comunidades originarias, entre muchos otros tópicos que hoy existen únicamente como normas declarativas, cuyo reconocimiento luego se debe litigar y casi arrancar al Estado a través de tribunales y mecanismos de control constitucionales.

¿UNA MINORÍA?

En el caso del candidato del PRI-PRD a la gubernatura Alejandro Avilés, su equipo de campaña ubicó la atención de los pueblos indígenas dentro de las minorías poblacionales a pesar de que, como se dijo, ellos constituyen el sector poblacional mayoritario en Oaxaca. Al respecto, y de acuerdo con información de su sitio web, alcanzan a esbozar algunas ideas, aunque lamentablemente sin lograr superar la política de las dádivas. 

Señala, por ejemplo: “Impulsaremos un nuevo marco jurídico que fortalezca y garantice los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Se trata de una serie de reformas, de la mano del Poder Legislativo, que impulsen los derechos y garanticen el desarrollo de nuestros pueblos originarios en aspectos sustantivos como la educación, la salud, los servicios, el medio ambiente, la justicia y la seguridad. Estas reformas deben estar enfocadas en una refundación del estado que resuelva los pendientes históricos en materia de exclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.”

A pesar de lo loable de la intención, los constructores de las propuestas de Avilés se enredaron en las ideas y las finalidades. Derechos como el acceso a la salud, educación, medio ambiente, justicia o seguridad, se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución federal en su artículo 2 apartados B. ¿Para qué seguir reiterando la necesidad de legislar lo que ya existe en la ley? Quizá tendrían que comenzar por reconocer que el Estado ha sido incapaz de cumplir con ese programa constitucional de acciones, y al menos bosquejar reformas que mejoren el cumplimiento por parte del Estado oaxaqueño de los derechos individuales reconocidos en la legislación federal, e incluso en la estatal pero cuyo acatamiento está lejos de ser voluntario y espontáneo.

Luego esboza otras ideas loables pero insuficientes: fortalecimiento de la Secretaría de los Pueblos Indígenas; la creación del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; la creación de un Programa Emergente de Servicios e Infraestructura en municipios indígenas y afromexicanos o la implementación de un programa de becas para artistas indígenas. Es decir, con todo y lo bueno que eso pudiera tener, no pasa de la continuación del sistema de dádivas y atención de urgencia de necesidades de los pueblos, pero sin avanzar en el reconocimiento e integración de sus respectivos sistemas jurídicos.

El caso del candidato Salomón Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) es escalofriante. Ni el ser de origen indígena, el ser candidato del único partido indígena de Oaxaca, o el haber tenido una campaña y un respaldo social esencialmente basado en los pueblos originarios oaxaqueños, parece haberlo puesto en la lógica de la atención sustantiva a sus necesidades. No tiene página web en la que se contenga algún tipo de documento con sus propuestas; y ninguno de los ejes de gobierno (gobierno honesto, estado de bienestar, seguridad, infraestructura y desarrollo económico) delineados en su campaña se refirió a las comunidades indígenas, y tampoco tiene alguna idea en concreto ni siquiera para la continuación de la política de dádivas. Pareciera que para él los indígenas no existen más que como votantes.

EPITAFIO 

Al final, unos y otros candidatos hablaron de propuestas pero lo único que hicieron fue distraer y engañar a la ciudadanía. Tratan como minoría a la mayoría poblacional oaxaqueña, y desprecian y desconocen las discusiones y las acciones sustantivas que, más allá de las dádivas, han ganado los pueblos originarios oaxaqueños a punta de juicios, de amparos y de acciones de reconocimiento que le han arrancado al Estado.

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Imagen: Heriberto Paredes / Gatopardo

Federalismo en México: es urgente reconocer que vamos muy mal

Conago

+ Entidades federativas: Sí a Conago constitucional… ¿y qué más?


Recientemente, la Conferencia Nacional de Gobernadores planteó una propuesta de reforma a la Constitución federal, para elevar a rango constitucional ese organismo de diálogo e intercambio entre mandatarios estatales. Aunque la propuesta parece positiva para el fortalecimiento del intercambio y los equilibrios entre los ámbitos de gobierno estatal y federal, sería necesario que junto con esa propuesta se hablara de otras que, en paralelo, equilibraran también el poder e influencia de los Gobernadores y que fortaleciera rubros como el de la rendición de cuentas.

En efecto, Gobernadores de seis estados y el Jefe de Gobierno capitalino presentaron la semana pasada una propuesta para que a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se le reconozca como institución. Ello, en el Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a los estados de la Federación y del Distrito Federal. En nombre de la Conago, su presidente, Mariano González Zarur, gobernador de Tlaxcala, hizo la propuesta ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, quienes únicamente se limitaron a señalar que dicha propuesta tendrá que ser socializada entre los integrantes del Congreso de la Unión, y sometida a un dictamen de las comisiones de estudio legislativas que correspondan.

Y es que en un primer plano, elevar a rango constitucional la Conago, parece algo necesario, aunque evidentemente lo primero que tendría que ocurrir es el establecimiento de una reglamentación específica, con fuerza de ley —no necesariamente constitucional—, que normara y formalizara los trabajos de ese espacio de diálogo e intercambio entre gobernadores, que hoy está dotada únicamente de fuerza política derivada del peso específico de sus integrantes, pero que en términos llanos carece de vida propia.

Sólo que incluso en este escenario hay cuestiones de hecho que deben ser tomadas en cuenta. Una de ellas fundamental, se centra en el hecho de que hoy los gobernadores de las entidades federativas no necesariamente son un ejemplo de equilibrio de poder y de ejercicio democrático de sus funciones. De hecho, son de las figuras más cuestionadas por la forma en que han utilizado a su conveniencia la laxitud que existe en la relación entre los poderes federales y los locales, así como la ausencia de funciones de control más estrictas entre ambos.

Ello, evidentemente, ha generado más desequilibrios que avances en cuanto al ejercicio de las funciones públicas de los gobernadores, y ha generado también cuestionamientos que no han sido lo suficientemente atendidos por quienes tienen la encomienda de ajustar las leyes a la realidad nacional. Por eso los Gobernadores en general hoy parecen pequeños virreyes que al no tener contrapesos externos —desde los poderes federales— y tener al mismo tiempo dominado su escenario interno —pues en México todos los gobernadores son más fuertes por definición frente a los demás poderes estatales— pueden lo mismo cumplir cabalmente con sus funciones que sobrepasar, a plena luz del día, sus funciones para neutralizar cualquier viso de oposición.

PROBLEMA DEL FEDERALISMO

El federalismo mexicano está trazado por dos rutas paralelas. Una es la del llamado federalismo disfrazado de centralismo; y el otro es el del llamado “feuderalismo”. Ninguno de los dos es parte de una democracia y un gobierno saludable como al que se supone que aspiramos los mexicanos.

El federalismo centralizado es nocivo porque éste sólo ha atendido a la concentración del poder por parte del Ejecutivo Federal, en detrimento de las entidades federativas. Esta forma fáctica fue la que predominó durante toda la época del priismo hegemónico, y sólo fue desterrada políticamente (pues en los asuntos fiscales del país, el federalismo sigue siendo tan débil, que por eso la federación continúa cobrando casi la totalidad de los impuestos que generan ingresos a las arca nacionales) luego de la alternancia de partidos del año 2000.

Por su parte, el feuderalismo es lo contrario. Este tiene que ver con las libertades excesivas que consiguieron los ejecutivos de los estados luego de la alternancia de partidos del año que comentamos. A través de esa figura también fáctica, las entidades se convirtieron en territorios que sólo dependen de la federación en términos del ingreso, pero que se resisten a rendir cuentas como deberían, y en los que los gobernadores dedican gran parte del tiempo a frivolidades, a tratar de entrometerse en los asuntos políticos que no son de su incumbencia, y a traficar con los recursos económicos que debieran estar destinado al desarrollo de las entidades que gobiernan.

En esa lógica, hasta hoy no había existido una definición clara sobre si los gobernadores priistas seguirían asumiendo sus libertades como hasta ahora; tampoco ha habido definiciones de si el nuevo Presidente buscará convertirse en el hombre fuerte de su partido no sólo en el ámbito federal sino también en los estados gobernados por las siglas que él representa; o si finalmente terminarán compartiendo un poder en el que todos se respetan a partir de la dinámica de no tocarse ni cuestionarse.

Ese parece ser el mensaje que está enviando la Conago al Presidente de la República, cuando el portavoz de la propuesta de constitucionalizar a ese organismo, viene de un Gobernador emanado del PRI. Parece, pues, que la idea es que México continúe con ese federalismo chueco con tal de que los poderes tanto del Presidente como de los Gobernadores entren en colisión.

Hoy en día, el Presidente lo que menos necesita es entrar en una ruta de choque con los mandatarios estatales. Y éstos parecen estar aprovechando la ocasión para fortalecerse ya no sólo en los hechos, sino ahora también en la Constitución. Ojalá esto no sea la creación de un Frankenstein que convierta en juez y parte a los gobernadores, y que no incremente sus capacidades sino su poder corruptor. No hay razón para pensar que algo así no pudiera ocurrir.

¿PROHIBIDO?

Algunas voces, como la del panista Juan José Rodríguez Pratts, reiteradamente se han pronunciado en contra de la legalización de la Conago, bajo un argumento que aunque puede ser rebatible, sí tiene lógica. Dice que ello sería inconstitucional, bajo la premisa de que el artículo 117 señala que “los Estados no pueden, en ningún caso: Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”.

Oaxaca: Legislar con voluntad por no cumplir la ley

 

+ Constitución, sin voluntad, no sirve de nada

 

La verdadera transición a la democracia en Oaxaca llegará cuando la sociedad y el gobierno manifiesten voluntad expresa y constante por cumplir las leyes vigentes. El no comprender eso, ha sido parte de nuestro entorno, y por esa razón creemos siempre que con tener nuevas leyes “de vanguardia”, todas las cosas van a cambiar como por arte de magia. Tenemos que ser, sin embargo, más cuidadosos y terrenales para no seguir incurriendo en actos de autoengaño.

Hay quienes aseguran que nuestra cultura política, se encuentra afectada permanentemente por una enfermedad; la del mal del ímpetu de Gonchárov: esto porque, dicen, queremos que un sistema sea (casi) perfecto y que funcione bien y al instante. De lo contrario, el sistema no sirve y hay que cambiarlo por otro “más mejor”. Este, que es un planteamiento que data de las críticas a la Constitución mexicana de 1857, bien podría hacerse a nuestro entorno actual, con el añadido de que hoy, como siempre, los primeros que demuestran voluntad por hacer inservibles las normas son precisamente quienes detentan el poder.

¿Por qué asegurar esto? Porque, de acuerdo a lo que publicó ayer TIEMPO en su sección principal, los tres poderes del Estado, han incumplido con el mandato que, directa o indirectamente, ellos determinaron en las recientes reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Esto, debido a que quedó establecido en los artículos transitorios de esa modificación constitucional, que en un plazo improrrogable de 30 días naturales, a partir de la publicación de las mismas, debía ser conformado el Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado. El problema, hoy, es que dicho plazo ya se cumplió y no hubo demostración alguna de voluntad por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para hacer cumplir ese mandato, y por tanto instalar dicho órgano que se encargaría de todas las cuestiones administrativas de quienes integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sus diversas jerarquías jurisdiccionales.

El problema, en realidad, no es operativo, sino más bien de deber ético, político y moral. De hecho, al tener ya una composición y funcionamiento previo, el Poder Judicial del Estado puede seguir funcionando con relativa normalidad, siempre y cuando no se vea en la necesidad de nombrar a nuevos funcionarios judiciales, determinar ascensos, rotaciones, destituciones o acciones disciplinarias.

Sin embargo, por el solo mandato constitucional, en el momento en que se vea en la necesidad de tomar alguna de esas determinaciones —y otras más que pasaron a ser atribución constitucional del Consejo de la Judicatura— tendrá necesariamente que solicitar la integración de dicho órgano, pues de lo contrario todas las determinaciones que tomen las comisiones actuales simplemente serán violatorias del mandato constitucional, y por tanto la actuación de esos funcionarios nombrados incorrectamente sería nula de pleno derecho.

No obstante lo anterior, no debiera de sorprender que aún así el Tribunal Superior de Justicia, el Ejecutivo del Estado, e incluso el Poder Legislativo, se sigan resistiendo a cumplir con el mandato constitucional. Más allá de cualquier explicación, justificación o hasta condena realizada en términos jurídicos, queda claro que con este primer mensaje negativo, la voluntad por la transición democrática puede ser resumida en el hecho de que se concedieron las reformas… con la determinación de no cumplirlas.

CAMBIOS ILUSOS

Unos y otros pueden decir misa, pero queda claro que sólo se podrá decir  que la verdadera transición democrática es un hecho cuando ésta se demuestre con un cumplimiento cabal de las normas establecidas en la carta constitucional local.

Mientras eso no ocurra —y es justo en la situación en que estamos ahora— lo establecido en la Constitución no es sino un amasijo de visiones dispersas, de buenos deseos, e incluso de ciertas pretensiones de timar a la sociedad con reformas ilusorias —pero de buen calado en el ámbito de lo políticamente correcto— que quién sabe si tengan utilidad práctica real en una sociedad tan compleja como la nuestra.

En este punto, es necesario que volvamos a una cuestión que hemos recalcado en varias ocasiones, y que hoy de nuevo se hace presente: que la lógica de la democracia, es distinta a la del poder. Por esa razón, cuando se pretende captar la atención del electorado para hacerse de sus votos, pueden hacerse todo tipo de promesas basándose lo mismo en engaños, que en las más profundas convicciones democráticas, de tolerancia e inclusión.

Sin embargo, una vez que se tiene el poder la lógica se convierte en otra: ahora, ese poder que ya se tiene en las manos debe ser preservado, estimulado y acrecentado en todas las formas posibles, incluso con un ánimo natural de perpetuación. Por eso, todos los gobernantes, todos, una vez que están bien instalados en sus funciones, comienzan a dosificar las concesiones democráticas que le otorga a la población, cede ciertos espacios a la oposición a cambio de conservar otros, y comienza a tomar decisiones no tanto para ensanchar la democracia, como para más bien conservar las potestades que ya tiene en las manos.

Eso es lo que ocurre siempre, y es lo que podría estar comenzando a suceder ahora en Oaxaca. El gobierno actual cristalizó las demandas democráticas que lo llevaron al poder, pero hasta ahora no ha dado pautas precisas como para también dejar constancia de que tiene la voluntad de permitir que esas reformas —que en sí mismas limitan su poder, y generan nuevos contrapesos— sean utilizadas para esos fines.

¿Por qué resistirse a la existencia de un Consejo de la Judicatura? Porque éste, naturalmente, impedirá que un poder tan importante siga utilizándose como en los tiempos del régimen de partido hegemónico; porque ahora las decisiones tendrán que ser más consensadas; porque se limitará la posibilidad de tener jueces de consigna. Porque, en esencia, se podrá tener menos injerencia sobre una cuestión —la impartición de la justicia— que hoy se encuentra en un completo marco de discrecionalidad, profundamente dañino para la democracia.

AHÍ VIENE EL PARO…

La Sección 22 tiene como anuncio inminente el del estallamiento del paro indefinido. Es parte del plan de acción consensado. Habrá arreglo hasta bien entrada la semana siguiente, si acaso. Todo está “fríamente calculado”. ¿Apuestan?

Reforma constitucional: no al diálogo sin matices

+ Gobierno y oposición deben tener visión de Estado

El peor escenario para una reforma constitucional, es aquel en el que no existe diálogo amplio ni consenso no sólo de los poderes formales, sino de toda la sociedad. En esa lógica, tratar de que en Oaxaca ocurra una reforma profunda a la Constitución Política del Estado sin antes consultar a todos los oaxaqueños y enriquecer el debate de fondo, significa tan poco como una repetición de los esquemas autoritarios y cupulares del pasado. Eso debían comenzar a entenderlo todos los actores políticos, tanto desde el oficialismo como en la oposición.

En Oaxaca lo que parece estar ocurriendo, es un simple diálogo sin matices. ¿Por qué? Porque por un lado, el régimen gobernante planteó todo el conjunto de reformas constitucionales en una sola iniciativa, en la que no alcanzó a plantear todos y cada uno de los argumentos, a través de los cuales debía exponer los motivos que los llevan no sólo a tratar de cambiar, desechar y crear nuevas instituciones, sino también a establecer las razones —y el método de ingeniería constitucional— para llevar a cabo la construcción de las nuevas instituciones que plantean para nuestro estado.

No obstante, desde el ámbito de la oposición, el diálogo tampoco parece matizado, ni enriquecido, y mucho menos lo suficientemente estructurado para ser un auténtico debate de la altura y los alcances que la circunstancia requiere. Esto se centra en dos razones fundamentales:

La primera, que esencialmente el Partido Revolucionario Institucional, y la fracción parlamentaria de ese partido en el Congreso del Estado, sólo están reaccionando a la propuesta enviada hace unas semanas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, pero sin conseguir la articulación de argumentos que combatan con razones político-jurídicas de peso, los intentos del Gobierno del Estado por conseguir la aprobación lisa y llana de su propio proyecto de reformas.

La segunda razón no es menos importante. El hecho de ser oposición, y de haber entregado el poder que detentaron por décadas, no necesariamente descartaba al PRI como un posible generador de propuestas para una reforma constitucional integral. La derrota electoral, su soberbia dominante, y el inmovilismo que los invadió desde el 1 de diciembre, no le permitieron al tricolor generar una sola propuesta propia de reforma a las instituciones políticas, administrativas y de control en Oaxaca.

Hasta ahora, todos sus movimientos han sido motivados sólo por la premura, por la reacción y por los intentos desesperados de no dejar pasar una oportunidad que, aunque coyuntural, habrá de ser trascendental para la gobernabilidad y la construcción de las instituciones del futuro en la entidad.

En el fondo, lo que debería haber es más seriedad y vocación democrática por todas las partes. Esto porque para un auténtico Estado democrático, resultaría francamente inadmisible la posibilidad de que se llevara a cabo una transformación constitucional tan profunda como la que se pretende en Oaxaca, primero sin que antes hubiera una discusión intensa entre quienes integran formalmente el órgano legislador estatal y quienes se aparecen como factores fundamentales de poder; y segundo, sin que a ese diálogo no fueran invitadas a participar, y a tomar posiciones preponderantes, todos los sectores de la sociedad que contribuyeron al triunfo electoral de los que ahora detentan el poder.

 

REFORMA AMPLIA

Es claro que los tiempos actuales ya no permiten que sea sólo en el consenso de los poderes formales, como se pretendan dar los cambios institucionales que se requieren. Aunque esa no es una visión equivocada, sí es una percepción estrecha y limitada de lo que es la participación ciudadana en los procesos democráticos.

Si hoy mismo el gobierno estatal está convocando al público para que participe en la confección del Plan Estatal de Desarrollo; y sólo el Revolucionario Institucional está manifestando su deseo de hacer una convocatoria amplia para la discusión de la reforma electoral, entonces lo que podemos ver es que se corre el riesgo de que desde ambas trincheras se asuman posiciones maniqueas, que vean inopinadamente como “bueno” lo propio, y como “malo” lo ajeno.

Así, lo único que se construiría sería la nada. Y los deseos de que la reforma constitucional tuviera consenso y legitimidad, se quedaría en una simple aspiración retórica, pospuesta por la resistencia de los actores políticos a someter a verdadera consideración del ciudadano su visión de cómo debe llevarse a cabo la transformación institucional del Estado.

En realidad, visto desde una perspectiva más serena, debía ser de mayor preocupación para el gobierno estatal, que la amplia convocatoria que está realizando a los oaxaqueños fuera para discutir no el plan de desarrollo, sino el contenido de una reforma constitucional que transformará profundamente —aunque no sabemos si en sentido positivo o negativo— la forma de ejercer el poder y estructurar las instituciones del gobierno.

Esto porque un plan de desarrollo se puede realizar a través de instrumentos metodológicos específicos, e inclusive debe ser estructurado por especialistas; no obstante, una reforma constitucional debe confeccionarse a partir de la sensibilidad política, de la visión de conjunto, y de un sentido de pluralidad que particularmente en Oaxaca se manifiesta a través de la pluriculturalidad, la plurietnicidad, y la diversidad de formas de organización política y visiones particulares de para qué y cómo debe servir el poder a los ciudadanos.

Debía haber un consenso más amplio entre el gobierno y la oposición para ensanchar los canales de diálogo y debate sobre la reforma constitucional. Oaxaca no es un estado monocromático, y por tanto la discusión no debe estar marcada por el reduccionismo legislativo, por la limitación de voces, o por la ausencia de propuestas y visiones distintas.

 

RIESGO BOOMERANG

Hacer reformas sin el suficiente consenso y la verdadera legitimidad ciudadana, será para el actual régimen tanto como un proceso de transformación únicamente sexenal. Así como el entonces gobernador Ulises Ruiz hizo su “reforma del Estado” a modo —a la que nadie creyó, y a nadie convenció—, este intento puede terminar en algo similar, o peor, si no se solidifica con el basamento democrático necesario. Deben tomarle la importancia necesaria a un asunto de esta magnitud. Desdeñarlo, es tanto como desacreditar esta oportunidad histórica para Oaxaca.

 

Reformas constitucionales: ¿Nadie frenará a Gabino Cué?

+ Reformar el poder, asunto de frenos y contrapesos

Más que con júbilo, debía tomarse con reserva y preocupación el anuncio anticipado de cómo, cuándo, y por quiénes, serán aprobadas las reformas constitucionales que envió el gobernador Gabino Cué al Congreso del Estado. Debía preocupar por la aparente ausencia de debate, trabajo legislativo, análisis y, sobre todo, propuesta seria respecto no al futuro de la actual administración, sino al futuro institucional de nuestra entidad.

Todo documento constitucional debe contener, en esencia, el concentrado de aspiraciones, la visión, el rumbo y la forma de organización que desea emprender una sociedad para lograr su bienestar. En ese sentido, toda Constitución plantea una serie de derechos, deberes y garantías para los ciudadanos, además de la estructuración, división y funcionamiento del poder público. Se supone que, fundamentalmente, ahí se conjunta la visión de todo un pueblo. Por esa razón, elaborar un Texto Constitucional legítimo y aceptado, requiere de una labor altamente sensible y compleja.

¿Por qué decir todo lo anterior? Porque habría de suponerse que una reforma tan profunda como la que pretende hacer el gobierno de Cué a la Constitución General del Estado de Oaxaca, tendría que ser motivo no sólo de acuerdos, “alianzas” o intercambios políticos entre fracciones parlamentarias; la discusión, enriquecimiento y depuración de la propuesta inicial enviada por el Titular del Poder Ejecutivo, debería ser una tarea en la que no sólo tuvieran que estar involucrados los diputados, sino toda la sociedad y los factores de poder en la entidad.

En este sentido, es importante que los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado no se confundan: si bien es cierto que la alianza opositora llevó a Gabino Cué y a los ahora diputados locales por el PAN, PRD, PT y Convergencia, con un grado importante de legitimidad, también lo es que el bono democrático del que ahora gozan tanto el Mandatario como los Legisladores, no es sinónimo de omnipotencia, de infalibilidad, y mucho menos de consenso general independientemente del asunto de que se trate.

En otras palabras, que la legitimidad que hoy tienen tanto el gobernador Cué como los integrantes de las otrora fuerzas de oposición en Oaxaca, no debía asumirse como una patente de corso para hacer de la Constitución, de las leyes generales, e incluso de la misma práctica del poder, un reducto de sus visiones particulares. ¿Por qué?

Porque se supone que un régimen democrático, emanado de fuerzas verdaderamente democráticas, tendría que buscar el consenso y la participación de todos los sectores a los que, durante la época de predominancia del autoritarismo, se les impidió participar, proponer y convertirse en parte de los acuerdos.

Esta es, pues, la visión democrática integral que debía tener tanto el régimen, como los partidos que apoyan al gobernador Cué. Sin embargo, tal pareciera que unos y otros asumen incondicionalmente y sin cuestionamientos, una tarea (las modificaciones constitucionales) que rebasa por mucho la sola legitimidad de un gobernante, y que esencialmente necesita del trabajo sereno, el debate, el análisis, la oposición de quienes deban hacerlo, y sobre todo la participación de todos los sectores de la sociedad.

No debía verse como una simple acción de gobierno; sino como una verdadera labor de Estado, que debería estar más allá de los tiempos políticos, de los estrechos plazos fatales, o de los compromisos para quedar bien con el gobernante.

REFORMAS MUDAS

Desde hace varias semanas, el gobernador Cué hizo llegar al Congreso su propuesta de reforma constitucional para, en su visión, reconfigurar por completo la forma de ejercer el poder público, para replantear la existencia, funciones y alcances de los órganos autónomos, y para establecer mecanismos directos de participación ciudadana en las tareas de gobierno y evaluación de los gobernantes.

Es una propuesta que, más allá de que pueda ser calificada como buena o mala, sí es —como todas— altamente perfectible, y que debe ser analizada y puesta a consideración de todos los factores de la vida pública en el Estado. Y no es un caso aislado de Oaxaca: Ese es un paso de todos los proyectos profundos de reforma a una Ley Fundamental, que de verdad pretenden ser aprobados y respaldados por la legitimidad y aceptación de los ciudadanos.

Sin embargo, las primeras señales que están dando los actores formales que impulsan esas reformas, van en sentido contrario al de una verdadera legitimidad. Hace un par de días, en declaraciones al portal Olor a mi Tierra, el diputado local por el PRD, y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Alejandro López Jarquín, “preveía” que el próximo 30 de marzo serían aprobadas las reformas constitucionales propuestas por el gobernador Cué.

En ese mismo sentido, ayer los dirigentes y coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, PT y Convergencia, anunciaron su total respaldo a la propuesta de reforma del gobernador Cué y, según la Agencia Quadratín, reiteraron la existencia de la coalición legislativa para sacar adelante esas modificaciones en el menor tiempo posible.

Todo eso, bien puede tomarse como la existencia del “gran acuerdo” necesario. Pero más allá de los maniqueísmos, todo eso también asumirse, ante señales claras, de que ésta podría ser una reforma realizada sin los acuerdos, el análisis y la reflexión necesaria, como para tener la certeza de que eso es lo que necesita Oaxaca.

Por eso mismo, no nos atrevemos a calificar el proyecto de reforma enviado por el gobernador Cué. Seguramente es un proyecto de avanzada que, sin embargo, necesita nutrirse, adicionarse y ajustarse por la participación de todas las voces ciudadanas y especializadas posibles.

Evitar ese paso, y aprobarla en automático, equivaldría a desperdiciar la oportunidad de discutir y analizar qué futuro, y qué visión de largo plazo se tiene para Oaxaca. Y sería tanto como convalidar los errores naturales, e incluso los excesos o los beneficios deliberados, que tuviera el autor de dicha propuesta.

 

¿Y LA OPOSICIÓN?

Habrá que ver, también, qué nivel de oposición existe en todo eso. Porque si los coaligados están por completo echados a los brazos del Gobernador, desde las trincheras opositoras debían estarse construyendo ya los contrapesos naturales y necesarios al sistema político. ¿Tiene idea el PRI del papel que le toca desempeñar? Pronto lo veremos.

Derechos humanos: a pesar de todo, más vigentes que nunca

+ Reformas constitucionales: por una salvaguarda más efectiva

A pesar de que en los cursos clásicos del derecho constitucional básico, se menciona siempre que la parte del Texto Constitucional en el que se establece el capítulo de las garantías individuales tiene el nombre de “dogmática”, lo cierto es que aquel es un conjunto de derechos que se encuentran en constante dinamismo, y que, a pesar de las resistencias de la práctica del poder, tienen un desarrollo ascendente. Prueba de ello son las recientes modificaciones a la Constitución federal, que están en proceso de ser aprobadas y adquirir el carácter de norma vigente.

¿De qué hablamos? De que, apenas el pasado jueves, el Senado de la República aprobó con 96 votos a favor las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos así como su salvaguarda, incluso en una declaratoria de estado de excepción. De hecho, el dictamen aprobado modifica el nombre del capítulo primero de la Constitución Política, el cual se denominará “Los derechos humanos y sus garantías”, con lo que, por primera vez en la historia constitucional del país habrá un reconocimiento expreso de lo que conocemos por garantías individuales, pero que más bien tienen el nombre contemporáneo de “derechos humanos”.

Esta reforma habrá de ser trascendental. Aunque nuestra Constitución mexicana fue una de las que marcó la pauta a nivel mundial en la práctica del constitucionalismo, al contemplar de manera específica los derechos sociales (o de “segunda generación”, como los refieren en el mundo académico), hoy nuestra Carta Fundamental presenta diversos rezagos que necesariamente deben ser modificados para prever mejores mecanismos ante posibles casos en los que los derechos fundamentales pudieran estar en riesgo.

Uno de ellos, que es el que esencialmente el que se protege con esta reforma, tiene que ver con la posibilidad de que el Presidente de la República, en uso de sus facultades, declare un estado de excepción. ¿Qué es eso? El artículo 29 constitucional actual, da la pauta. De acuerdo con el numeral, son “los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Dicho Estado de Excepción, sólo puede ser declarado por el Ejecutivo Federal para “suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”, estableciendo como única limitación, que dicha suspensión sea por un periodo corto de tiempo.

Sin embargo, tal y como se encuentra en su redacción actual, las garantías que pueden ser suspendidas pueden ser las mínimas, pero también todas; esto, porque la decisión y el alcance de ésta queda al arbitrio y a la discrecionalidad del Jefe de la Nación, pudiendo con ello ocasionar perjuicios a la población, si dichas facultades se exceden o suspenden también garantías que se encuentran protegidas por el marco jurídico internacional sobre derechos humanos, al que se ha adherido nuestro país en las décadas recientes.

LA REFORMA,

¿Y QUÉ SIGUE?

De acuerdo con información del periódico La Crónica, difundida ayer viernes, “las reformas establecen un paquete de garantías que no podrán ser suspendidas aún ante una declaratoria de estado de excepción: el derecho a la no discriminación, el respeto a la vida, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, al nombre, a la protección de la familia, la nacionalidad, los derechos e los niños, los derechos políticos, la prohibición de la esclavitud, las libertades de conciencia y de religión. Tampoco podrán ser suspendidas garantías como la protección a la persona, la libertad de pensamiento, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición a la desaparición forzada de personas y la prohibición a la tortura.”

¿Eso qué significa? Que sólo podrán establecerse ciertas limitaciones que no implicará la suspensión de las garantías que son inherentes al ser humano, a la libertad y a la dignidad humana. Por eso, se establecen limitaciones a la personalidad jurídica, a la integridad, a la libertad de pensamiento, al principio de legalidad y debido proceso, y la prohibición expresa de toda forma de discriminación, desaparición forzada, esclavitud y tortura.

Este es, sin duda, un triunfo de los derechos humanos y de la legislación internacional sobre la materia. Aunque el Senado de la República inició este proceso como parte de la Reforma Política que actualmente se impulsa en el país, lo cierto es que estas reformas son parte de una presión internacional para que México continúe adecuando sus normas internas a la legislación internacional, que otorga mayores beneficios y protección a los derechos humanos.

Esto es más que evidente. Diversos tratados, acuerdos y pactos internacionales establecen, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte; en el Pacto de San José, México se adhirió a esa disposición, y también se comprometió a eliminar de su Constitución dicha penalidad y a no volverla a estipular nunca. Algo similar ocurre con las reformas al sistema penal y al de justicia para adolescentes. Éstos tampoco podrán tener regresiones, sino adecuaciones para su perfeccionamiento.

Así, estas reformas potenciales a la Constitución son parte de ese mismo proceso. Las libertades y garantías que estarán garantizadas aún ante un posible estado de excepción, están ya protegidas por normas internacionales que tienen aplicación y fuerza en nuestro país. Por eso, para estar en concordancia, la Constitución federal paulatinamente ha comenzado a hacer registro de dichos avances, y ha cumplido con sus acuerdos al hacerlos parte del derecho interno.

DERECHOS HUMANOS

Así, ¿Cómo negar la importancia actual de los derechos humanos? Esto no es parte de un dogma sino de una realidad que es plenamente visible y perceptible, y que debe de continuar en una evolución que, como tal, debe ser ascendente. Se debe buscar una salvaguarda cada vez más efectiva a los derechos fundamentales. Y, aunque eso parezca un idealismo, todo debe comenzar por la ley.

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